OPINIÓN: ¿Quién arreglará el caos migratorio que han generado los estados?
La ley de inmigración de Arizona immigration law sparked controversy across the nation, including this protest on the Brooklyn Bridge in New York.

Por Tamar Jacoby, especial para CNN

Nota del editor: Tamar Jacoby es investigadora de la New American Foundation y presidenta de ImmigrationWorks USA, una federación nacional de pequeños empresarios que trabajan por mejorar las leyes migratorias.

Los cambios no siempre son fáciles. y los cambios que ocurren cuando 50 estados deciden asumir una labor en la que Washington ha fracasado puede ser especialmente complicado. Eso es lo que está ocurriendo con la inmigración. En los últimos cinco años, ha habido una revolución virtual en las leyes migratorias. Y la consecuencia no es sólo el caos; también muchas malas políticas.

Estados como Arizona, Virginia o Idaho, entre otros, han impulsado leyes contra la inmigración ilegal. Algunas van tras los inmigrantes; otras contra las empresas que los contratan. Algunas recurren a la policía local para hacerlas cumplir; otras requieren que los empleadores utilicen el sistema federal E-Verify para verificar la situación migratoria de los empleados. Muchos de estos estatutos han sido impugnados en tribunales con resultados distintos.

Las cláusulas más polémicas de la ley migratorias de Arizona 1070 fueron suspendidas por un juez federal antes de que entraran en vigor, y en abril la corte de apelaciones del circuito 9 reafirmó ese fallo.

Sin embargo, Alabama aprobó una ley similar en junio y en ese caso la jueza federal llegó a la conclusión opuesta, al refrendar algunas disposiciones casi idénticas a las que había bloqueado la corte del circuito 9. Y el viernes, la corte de apelaciones del circuito 11 adoptó una tercera postura: la de bloquear algunas cláusulas de la ley de Alabama y refrendar otras, incluida la que permite a la policía local preguntar sobre la situación migratoria a personas a las que detenga por otros motivos.

Un defensor de la reforma inmigratoria que se hubiera ido a dormir hace cinco años, cuando el Congreso fracasó en su intento de aprobar una reforma, y se despertara hoy, no reconocería el panorama ante sus ojos. La idea de que el tema migratorio es una responsabilidad federal, una realidad en la que ambos partidos estaban de acuerdo tiempo atrás, ha quedado destruida, posiblemente para siempre.

Lejos de considerar inconstitucionales las leyes de inmigración estatales, como afirmaban muchos expertos en el tema, la Corte Suprema falló en mayo, en el caso Whiting v. Cámara de Comercio de Estados Unidos, a favor del principio de que los estados pueden y deben jugar un papel importante en el control de la inmigración ilegal. Y políticas que antes eran impensables son hoy comunes. Una tercera parte de los 50 estados exige ahora a todos o algunos de los empleadores utilizar el sistema E-Verify para comprobar la situación migratoria de los nuevos empleados. Cuatro estados han aplicado medidas basadas en la polémica ley de Arizona.

Por supuesto que es comprensible que los estados tomen medidas para hacer frente a la inmigración: el sistema es disfuncional y los votantes quieren que se haga algo. El problema es que la mayoría de los legisladores responden al clamor reforzando el control policial en los estados.

Pero pese a que este control es crítico, no es suficiente para resolver el problema.

Para lograrlo, los políticos deben combinar las soluciones policiales con modificaciones en el sistema legal migratorio, ofreciendo suficientes visados a los inmigrantes que quieren aportar a la economía, creando empleo y manteniendo la vitalidad de las ciudades a la vez que se protege a los trabajadores estadounidenses. Y los estados lo tienen más difícil para hacer este tipo de arreglos en el sistema. Por tanto, optan simplemente por aplicar con más dureza un sistema que está roto.

Pongamos como ejemplo lo ocurrido este año en Alabama, el estado con la ley de inmigración más dura. La nueva ley toca prácticamente todos los aspectos de la vida de Alabama: contrataciones, despidos, policía, sistema penal, contratos estatales, escuelas, religión... el objetivo, complicar todos los aspectos de la vida para los inmigrantes ilegales y hacer el lugar menos habitable. Las dos últimas fallos judiciales sobre la ley no tienen la última palabra: podría haber muchas más apelaciones. Y mientras tanto, reina el caos en Alabama.

Las autoridades policiales están desorientadas, sin saber bien a quién deberían pedirle los papeles migratorios o dónde meter a los que arresten, ya que la mayoría de las cárceles de Alabama ya están llenas. Los inmigrantes están marchándose del estado en hordas, tanto los ilegales como los que cuentan con residencia legal pero tienen familiares indocumentados y tienen miedo de que los visite la policía. El 5% de los niños hispanos ha dejado de ir a clases. Los empleadores, sobre todo los agrícolas, se quejan amargamente por la falta de mano de obra, y sus frutas y verduras se pudren en los campos del estado.

¿Hay algún aspecto positivo? A primera vista es difícil encontrar alguno. Pero a veces las cosas tienen que empeorar antes de empezar a mejorar.

Los votantes no son ciegos. La mayoría apoya el endurecimiento de la ley migratoria, pero también ven cómo se pudren las cosechas no sólo en Alabama sino también en Georgia, Arizona y otros estados.

Los patronos y grupos de empresarios, que antes titubeaban a la hora de participar en el debate, están saliendo a la luz para quejarse de falta de mano de obra.

Y en algunos estados esto ha llevado a un diálogo productivo e, incluso, a algunos avances. En unos pocos estados, los dos partidos han trabajado juntos para buscar soluciones al problema. En otros, los legisladores han escuchado el clamor de los empleadores cuando les han explicado los daños para la economía de aplicar con tal dureza las leyes de inmigración.

Este fermento dio fruto en varios estados este año.

En Arizona, Indiana, Kansas, Tennessee y Texas los legisladores frenaron la aprobación de las medidas más extremas, mientras que en Utah, políticos, empresarios, la policía y grupos religiosos se unieron para aprobar una ley que, más allá de las medidas policiales, trata de crear un sistema que funcione, al menos en Utah.

El aspecto más importante de la solución en Utah es la creación de un programa estatal de trabajadores temporales. Su funcionamiento en sí es controversial: la respuesta de Utah incluye a los trabajadores indocumentados que ya trabajan en el estado y otros que esperan en México para obtener visados legales. Pero el principio en el que se basa es el sentido común: reemplazar a los inmigrantes ilegales por mano de obra extranjera legal a la que los empresarios pueden recurrir si no encuentran trabajadores estadounidenses dispuestos o capaces.

El juez Louis Brandeis llamaba a los estados los "laboratorios" de la democracia. Muchos de los experimentos que se hacen hoy en esos laboratorios son desastrosos. Ciertamente, en Alabama, los resultados parecen más bien un choque ferroviario que ciencia. Pero incluso esto da pie a la esperanza. Después de todo, el Congreso no se quedará quieto mucho tiempo. En algún momento, Washington tendrá que poner orden en el caos que se propaga por los estados.

(Las opiniones expresadas en este comentario corresponden exclusivamente a Tamar Jacoby)