Cataluña ante el mayor desafío soberanista de su historia
Las elecciones de Cataluña definirán el futuro de la región, según los analistas.
23 noviembre 2012
09:03 AM ET

Cataluña ante el mayor desafío soberanista de su historia

Por Héctor M. Garrido

MADRID (CNNMéxico) — La historia de Cataluña pudo haber marcado su punto de inflexión el 11 de septiembre. Cada año se conmemora en esta fecha la Diada, en recuerdo de la derrota de Cataluña en la Guerra de sucesión de 1714, cuando los Borbones derrotaron a los Austrias, apoyados por los catalanes, y se suspendieron las instituciones de Cataluña.

Desde que la festividad se instauró en 1980, ha sido el escaparate de las reivindicaciones separatistas catalanas. Este año, la fiesta se desbordó. Un millón y medio de personas tomaron las calles de Barcelona, la capital de la región, reivindicado la independencia y agitando pancartas con lemas como "España, este expolio es genocida", "Vuestro odio es nuestro adiós" o "Catalonia is not Spain".

¿Qué empujó al 20% de la población de la región a echarse este año a la calle en un mensaje de hartazgo hacia España? ¿Qué ha provocado la mayor crisis institucional en España desde la aprobación de la Constitución democrática de 1978? “España no nos acepta porque queremos ser catalanes, ser una nación y hablar nuestra lengua y no podemos vivir en un Estado que no nos acepta como somos”, dijo en entrevista con CNNMéxico Carme Forcadell, la presidenta de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC), organizadora de aquella marcha.

Tal demostración de fuerza independentista desencadenó un torrente de acontecimientos. Nueve días después, el presidente catalán Artur Mas y el español, Mariano Rajoy, escenificaron un agrio desacuerdo sobre la financiación de la región catalana. Cinco más tarde, Mas, cuyo partido CiU, conservador y nacionalista, gobierna en minoría en Cataluña, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para este domingo 25 de noviembre. "Es necesario que la voz de los 1,5 millones de catalanes que acudieron a la Diada se traslade a las urnas. Cataluña es el dueño de su destino", dijo en el Parlament, la cámara autonómica catalana.

Algunos pueblos catalanes empezaron desde aquel día a declararse “libres y soberanos”. El primero de ellos fue Sant Pere de Torello, una localidad de 2,500 habitantes situada a 90 kilómetros de Barcelona. “Fue un acto pacífico y democrático de desobediencia hacia España por su negativa a aceptar nuestro derecho a la autodeterminación”, dijo a CNNMéxico Jordi Fàbrega, el alcalde de la localidad catalana. Tras Sant Pere de Torelló, otros 170 municipios, de los 946 de la región, se sumaron a pedir al Parlament un "proceso de soberanía nacional".

La legalidad del referéndum

La marea independentista tomó por sorpresa a Mas. El presidente catalán nunca fue un soberanista, sino un pragmático que anhelaba un mayor autogobierno sin grietas profundas con el gobierno central. Ahora se ha erigido como el impulsor del independentismo y hasta aparece en su cartel electoral como un Moisés que guía a Cataluña desde su exilio hacia la soberanía. “En Mas influyeron dos factores en poco tiempo”, según Carme Forcarell; “por un lado, no esperaba que la manifestación fuera tan grande; y tras su reunión con Rajoy, comprobó que no iba a conseguir el pacto fiscal que solucionara los problemas económicos de Cataluña. Se ha dado cuenta de que la independencia es la única salida”.

El presidente catalán ya ha puesto fecha al proceso independentista: si sale reelegido, iniciará en enero de 2013 un proceso que parta de una declaración de las Cortes Catalanas y culmine con un referéndum donde Cataluña pueda decidir su futuro, dentro o fuera de España.

La ley española no permitiría esta iniciativa. En España, un referéndum lo debe convocar el Rey, lo propone el gobierno y se autoriza por mayoría en el Congreso. Cataluña no tendría legitimidad para llevarlo a cabo y sólo podría organizar una consulta popular no vinculante.

La Asociación de Militares Españoles ha afirmado que pueden encontrarse en la “irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosa y estrictamente con la misión de garantizar la soberanía e independencia de nuestra patria". Una advertencia que sugiere incluso un despliegue militar en Cataluña para defender el artículo 2. de la Constitución Española de 1978, que proclama la “indisoluble unidad de la Nación”.

“Y tendrían toda la razón”, asegura a CNNMéxico Arcadi Espada, periodista catalán y promotor en 2006 de Ciutadans de Cataluña, una plataforma formada por un grupo de intelectuales opuestos al nacionalismo. “En Cataluña rige la Constitución. Y no tiene derecho a amputar el 20% de España. Hablan de derecho a decidir, pero los españoles también tienen derecho a decidir sobre la pérdida de una parte de su territorio”.

“Pues a mí me cuesta pensar que en 2012, si existe una mayoría de catalanes a favor de la consulta, se envíe a 50,000 soldados y se suspenda su estatus como autonomía”, disiente Joan B. Culla i Clarà, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. “Si llegaran los tanques a Cataluña, al día siguiente seríamos independientes”, añade Carme Forcadell, que matiza el concepto de legalidad. “En democracia, las leyes no se hacen para que los ciudadanos no se expresen. España demostrará no ser democrática si nos prohíbe decidir nuestra independencia, como Reino Unido sí le permitirá a Escocia”.

La crisis, tras el anhelo independentista

La reciente tensión de Cataluña con España alberga una arista económica. El gobierno catalán se ha visto obligado este otoño a pedir al Estado un rescate de 5,023 millones de euros (unos 84.000 millones de pesos mexicanos) para poder hacer frente a pagos; su deuda cotiza en los mercados como bono basura para dos agencias de calificación; y según el Banco de España, es la región más endeudada de España con pasivos de 43.954 millones, un 22% de su PIB. Ante esta situación, no son pocos los que piensan que la deriva independentista de Mas intenta desviar la atención de su gestión de gobierno, la legislatura más corta en la historia del Parlamento catalán tras haber ganado las elecciones de 2010.

“El gobierno de Mas ha fracasado y plantea ahora un debate que tiene poco que ver con las necesidades de Cataluña. Es una operación convencional del nacionalismo que consiste en esconder detrás de la bandera una mala gestión”, critica Arcadi Espada. El gobierno central de Rajoy impuso en España una política de recortes, el Ejecutivo autonómico de Mas aplicó medidas de austeridad similares al recortar el sueldo de los empleados públicos y aplicar duros ajustes en la Sanidad y en la Educación. La tasa de desempleo en Cataluña, durante sus dos años de mandato, ha pasado del 17,98% al 21,95%.

Desde la Generalitat, nombre oficial del gobierno catalán, encuentran dos explicaciones a su fracaso presupuestario. “Primero, tenemos unos costes adicionales al resto de las comunidades por tener una cultura propia, que nos lleva a mantener la lengua catalana en los colegios y en televisión pública de Cataluña”, de acuerdo con Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía Aplicada y miembro del grupo de asesores económicos de la Generalitat. “Y segundo, que la financiación de España a las autonomías se mide según su población. Así que, aunque el gasto de Cataluña alcanza el 20% de la renta en España, nuestro peso demográfico es del 16%”. La consecuencia, según la Generalitat, es que su balanza con España tiene un déficit de 16.409 millones de euros (en torno a 175.000 pesos).

Y es aquí donde entra el pacto fiscal, el acuerdo de financiación que Mas reclamó a Rajoy a mediados de septiembre, saldado con un desacuerdo evidente y con una intensificación de la deriva independentista. “Cataluña aceptó hace años el actual pacto para favorecer la estabilidad del país, pero la gente ya se ha cansado. No puede ser que aportemos más que el promedio de comunidades y recibamos menos”, dijo López Casanovas.

El referente para los dirigentes catalanes es País Vasco y Navarra, dos comunidades con un régimen especial que les permite recaudar sus propios recursos sin depender de la redistribución posterior del Estado. “Ese sería el target pero, sobre todo, queremos un reconocimiento de nuestro hecho diferencial, aunque no sea tan beneficioso como el que tienen esas dos regiones”, según el asesor económico.

El Estatuto, disparador de la frustración

“Ya es demasiado tarde incluso para el pacto fiscal”, apunta Carme Forcarell. “La última oportunidad que tuvo España con nosotros fue el Estatuto. Ya no queremos recursos económicos, queremos el derecho a decidir”. Forcarell se refiere al reconocimiento de la autonomía catalana de 1979 que España y Cataluña intentaron renovar en 2004. El nuevo texto enfatizaba tres aspectos: definición de Cataluña como nación, uso del catalán como idioma vehicular en las escuelas y que la inversión en Cataluña no fuera inferior a la aportación catalana a España. Pese a ser aprobado en 2006 bajo el gobierno socialista, fue recurrido por el conservador Partido Popular al Tribunal Constitucional que, cuatro más tarde, dictaminó que el texto debía rebajar sus aspiraciones. El Estatuto catalán quedó mellado en los tres núcleos.

“Aquello nos hizo sentir muy humillados”, lamenta Forcadell. El historiador Joan B. Cullà considera que aquel episodio generó “una profunda frustración” madurada durante la crisis económica hasta desembocar en aquella multitudinaria expresión de descontento de la Diada, que ha puesto en una encrucijada el encaje de Cataluña en España.

Elecciones decisivas

Los nacionalistas cuentan con 86 diputados de los 135 que componen el Parlament (un 63% del total). La ANC estima que en las elecciones del 25 de noviembre “podrían aumentar hasta casi un centenar”, lo cual significaría que un 75% de la cámara sería soberanista. Las encuestas apuntan en este sentido. Un reciente sondeo de la empresa Metroscopia otorga 92 diputados catalanistas, recoge que el 54% de los catalanes creen que tienen derecho a decidir unilateralmente su futuro y estima que el 46% votaría a favor de la independencia de Cataluña.

“Esa encuesta es un síntoma; los catalanes piensan que esto va en serio por primera vez”, advierte Joan B. Cullà. Pero si Cataluña convenciera al gobierno español para celebrar una consulta popular, o incluso si la hiciera fuera de la legalidad, ¿qué porcentaje se consideraría legitimador de la independencia? Para Cullà, el espejo puede ser Quebec, donde la justicia canadiense fijó un mínimo de participación y de apoyos del 55%. Según la encuesta de Metroscopia, Cataluña se queda a nueve puntos de esa cifra. “Todo esto solo es medible hasta que exista un horizonte de convocatoria de la consulta. No es lo mismo preguntar ‘Usted que haría’, que ‘Usted qué hará’, matiza el historiador catalán.

Los independentistas defienden que el derecho a la autodeterminación está garantizado por la Carta fundacional de Naciones Unidas en su primer artículo. Aunque aquel articulado de 1945 se refería al proceso de descolonización en el siglo XX. “¡Pero es que nosotros somos una colonia de España, de la misma manera que lo fueron Cuba o Puerto Rico!”, protesta el alcalde Jordi Fábrega. “Bueno, quizás Cataluña no sea una colonia”, contemporiza la presidenta de la ANC; “pero nunca le han permitido decidir si quiere formar parte del Estado español”.

Artur Mas confía en que una mayoría absoluta en las urnas le permita maniobrar hacia la autodeterminación. “Tendría la legitimación de los votos, pero no le alcanzará para saltarse la Ley vigente”, advierte Arcadi Espada. ”La sociedad catalana no quiere apoyar el reto xenófobo de la independencia. Los nacionalistas, de forma pueril y caprichosa, se cogerán una rabieta si no ven colmadas sus aspiraciones. Pero la Ley en democracia siempre se acaba imponiendo. Tendrán que pactar con España y con Europa o dar un golpe de Estado”.

Los independentistas analizan la situación de forma distinta. “Cataluña es una nación sin Estado, con una lengua, una cultura y una identidad propia. Una gran parte de la población nunca se ha sentido española”, zanja el alcalde de Sant Pere, que además envía un mensaje de advertencia al presidente de la Generalitat. “Si España prohíbe el reférendum, tendremos que obviar el marco constitucional español, y confiar en la desobediencia y en las leyes internacionales. La calle va por delante de los partidos y de las instituciones. Y esa gente, el pueblo catalán, no va permitir que Mas traicione su voz”.


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