3 abril 2013
08:10 AM ET

Imputan a la infanta Cristina de España por escándalo de corrupción

(CNN) - La Infanta Cristina de España fue imputada este miércoles dentro del escándalo de corrupción que afecta a su marido, Iñaki Urdangarin y que se conoce como el caso "Nóos".

El juez instructor del caso, José Castro citó a declarar a la hija del rey Juan Carlos el próximo sábado 27 de abril

La Infanta Cristina formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, el organismo por cuyas actividades está imputado Urdangarin.

El yerno del Rey encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las cuales realizaban con ambos Gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.

En enero pasado, el juez Castro multó a Urdangarin y Torres por apropiarse de recursos públicos a través del instituto Nóos y los gobiernos de Islas Baleares y Valenciano.

Aunque Urdangarin impugnó la multa el 5 de febrero, el juez la confirmó a mediados de marzo pasado. La cantidad a pagar asciende a 8.2 millones de euros (casi 11 millones de dólares).

Debido a que al finalizar el plazo para el pago de la fianza, esta no fue cubierta, el juzgado procedió al embargo de bienes y entregó al personal judicial una lista de bienes susceptibles de ser embargados.

En febrero pasado, Urdangarin había afirmado que la infanta Cristina no tenía nada que ver con los negocios de la fundación que presidió.

Antes de responder a las preguntas del juez, Urdangarin leyó una declaración en la que aseguró que la Casa del Rey "no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades" que desarrollaba el Instituto Nóos.

En su declaración en un juzgado de Palma de Mallorca, Urdangarin negó también que hubiera habido alguna reunión en el Palacio de la Zarzuela, la residencia de los Reyes de España, para preparar un evento organizado por Nóos, la cumbre Valencia Summit, que se investiga por el supuesto desvío de millones de euros del erario.

Los delitos por los que se les acusan a Urdangarin y Torres son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental y prevaricación, y la Fiscalía Anticorrupción quiere que se les agregue el delito fiscal por presunto fraude a Hacienda.


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