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Venezuela

Denuncian presunto caso de tortura a un exmilitar acusado de instigación a rebelión

Por CNNEspañol sjv

(CNN Español) -- Tres generales y un oficial retirado de Venezuela fueron acusados por un tribunal militar de instigación a la rebelión.

Uno de ellos el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos nieto, fue objeto de presuntas por parte de los funcionarios de la división de inteligencia militar que lo detuvieron.

Nieto fue detenido por funcionarios de la división de inteligencia militar en presencia de su esposa e hija.

Fue ocho días después de que el presidente Nicolás Maduro anunciaba ante los cancilleres de la Unasur el descubrimiento de un presunto golpe de Estado para derrocarlo.

La esposa de Nieto asegura que luego de la detención intentaron simular un secuestro y denuncia que a su marido lo torturaron.

En entrevista con Fernando del Rincón en Conclusiones, la mujer dijo que escuchó vía telefónica cómo lo torturaban.

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Los contactos hechos por CNN para conseguir una versión oficial no han obtenido respuesta.

Familiares dicen que Nieto apareció en manos de las autoridades dos días después con una orden de captura y la posterior acusación por parte del Tribunal Militar Tercero de Control por de instigación a la rebelión.

El capitán retirado es hermano de Javier Nieto Quintero, quien permaneció 18 meses preso por su presunta participación en la entrada de grupos paramilitares a Venezuela en el año 2004.

Javier Nieto dijo en Conclusiones que se trata de persecución debido a su desacuerdo con el Gobierno por temas como la afinidad del ejército venezolano con las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN y la injerencia cubana.

"Existe un secuestro gubernamental", dijo Javier Nieto, y agregó que en el caso hay "terrorismo judicial".

El caso fue documentado y la jueza militar ordenó la investigación de los funcionarios involucrados en la detención de Nieto Quintero, así como una nueva realización de exámenes médico-forenses al militar dado de baja en 2010.

Además, la familia y la defensa esperan que el caso sea investigado por la Consejo Nacional de Derechos Humanos.