Por Álvaro Herrero

Nota del editor: Álvaro Herrero es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y presidente del Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina. Especialista en temas de justicia y transparencia. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a Álvaro Herrero.

(CNN Español) — Luego de la consternación inicial, una de las primeras reacciones de muchos argentinos al enterarnos de la muerte del fiscal Alberto Nisman fue pensar si algún día se sabrá con certeza la verdad de lo ocurrido.

Si estás viendo esta nota en tu móvil, mira aquí la galería.

Las dudas respecto a su muerte quizá nunca se despejen más allá de que se establezca una verdad oficial. Paradójicamente, lo mismo ocurre con la investigación por la voladura de la AMIA en 1994 que el fiscal Nisman tenía a su cargo.

Veinte años más tarde, aún no sabemos qué fue lo que realmente ocurrió, quiénes fueron los cerebros del atentado, quiénes lo llevaron a la práctica y quiénes obstruyeron la investigación. A dos décadas del ataque terrorista más grave que sufrió Argentina, no ha habido justicia para las víctimas ni la sociedad argentina ha podido conocer la verdad detrás del atentado.

En 2005, un grupo de familiares de víctimas de la AMIA llegó a un acuerdo con el estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí, el gobierno reconoció su responsabilidad por el incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado —teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en el que murieron 29 personas— y porque existió un encubrimiento de los hechos en el cual participaron funcionarios del Estado.

A modo de reparación, el gobierno se comprometió, entre otras cosas, a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y a facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo.

Lamentablemente, ninguno de esos compromisos fueron adecuadamente cumplidos. El acceso a la información continúa siendo un serio problema en Argentina. Junto a Bolivia y Venezuela, es uno de los pocos países de la región que todavía no tienen una ley de acceso a información pública.

La Secretaría de Inteligencia, por su parte, continúa operando de manera discrecional —según indica un informe de la Asociación por los Derechos Civiles—, con escasa rendición de cuentas a la ciudadanía, y aún hoy es una odisea –si no una utopía- conocer el destino de los abultados fondos que recibe año tras año. Ni siquiera se sabe con completa certeza si la Comisión Bicameral del Congreso responsable de fiscalizar su labor se reúne periódicamente ni qué información recibe de parte de la Secretaría.

Esto se enmarca en un contexto donde amplios sectores de la sociedad desconfían de la palabra del Estado. La verdad, los datos oficiales, la información pública, son algo muy devaluado en la Argentina actual.

Esto no solo se relaciona con el poder ejecutivo y sus distorsiones en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las cifras de la inflación y del delito. También abarca a los otros poderes del Estado.

¿Cómo puede la sociedad confiar ciegamente en la justicia si ésta, en lugar de investigar el atentado de la AMIA, inicialmente habría pergeñado el encubrimiento de los responsables del atentado según las acusaciones del fiscal Nisman?

Por ese hecho próximamente se realizará el juicio oral y público donde están imputados el expresidente Carlos Menem, el exjuez Juan José Galeano, dos exfiscales, y Hugo Anzorreguy, entonces director de la Secretaría de Inteligencia. Ninguno de ellos ha aceptado su culpabilidad.

Frente a este panorama, el principal desafío del gobierno y del poder judicial no solo es descubrir las verdaderas razones de la muerte del fiscal Nisman sino también convencer a la sociedad argentina acerca de la veracidad de los eventuales hallazgos de la investigación en curso.

A tal fin, no debería tratarse a éste como cualquier otro crimen, como una investigación más. Por el contrario, debería garantizarse la independencia en la labor de la fiscal y el juez del caso, proporcionar información veraz y oportuna en todo momento, e implementar los mecanismos de participación y transparencia necesarios para disipar cualquier tipo de dudas respecto a la forma en que se lleva a cabo la investigación.

Si lo hacen y logran convencer a la ciudadanía, la palabra oficial habrá adquirido un nuevo valor. Esto contribuiría a legitimar las instituciones políticas, especialmente en una sociedad en la que muchos dicen desconfiar de la justicia.