La niña Mainumby quedó embarazada tras presuntamente ser violada por su padrastro (Sanie López / CNN Español).

(CNN Español)– El Estado paraguayo tiene una deuda pendiente con las víctimas -principalmente menores de edad- de abuso sexual, denunciaron en Aristegui una activista y una abogada que llevan el caso de Mainumby, la niña que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro.

Elba Núñez, coordinadora regional de CLADEM, organización para la defensa de la mujer, y Elizabeth Torales, abogada de la madre de Mainumby, están en Washington para participar en una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la legislación paraguaya en términos de aborto.

No obstante, la reunión no cuenta con ningún representante del Estado paraguayo, lamentaron ambas mujeres.

"Es un signo muy alarmante que el Estado paraguayo no haya acudido a esta reunión de trabajo. No se trata solamente de un caso de aborto. Es una deuda pendiente del Estado. Estamos hablando de un Paraguay que no garantiza el derecho a la vida libre de violencia", dijo Núñez en entrevista con Carmen Aristegui. "Hablamos de una problemática que afecta de manera grave, particularmente a las niñas".

Mainumby, de 11 años, dio a luz el pasado mes de agosto -cuando tenía 10 años, tras ser violada por su padrastro, quien se encuentra en prisión, aunque niega los cargos.

El caso de Mainumby llamó la atención internacional y puso sobre la mesa cuestionamientos a la ley paraguaya, que penaliza el aborto hasta con 5 años de cárcel y no admite excepción en caso de aborto -la única excepción que admite es cuando hay riesgo para la vida de la madre y hay una recomendación médica-.

No obstante, el caso de Mainumby no es el único. Según cifras oficiales, en 2014, 684 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en el país, la mayoría de los casos producto de abusos sexuales.

El comité de derechos humanos de la ONU ha hecho llamamientos a Paraguay para que modifique su legislación sobre el aborto.

"El Estado paraguayo debería mostrar compromisos, ya recibió recomendaciones de varias instancias", dijo Elsa Núñez. No obstante, "no muestra una voluntad de comprometerse" con políticas para que no se repitan estos casos.

La representante de CLADEM explicó que Paraguay no cuenta con un marco rector de la educación para la sexualidad, conforme lo establecen los estándares de derechos humanos. Asimismo, denuncia que el Estado no cumple en términos de garantizar la atención a la salud, a la educación y al derecho a una vida libre de violencia.

Por otro lado, Elizabeth Torales denunció la persecución a la que está sometida tanto la madre de la menor, como organizaciones defensoras.

Explicó que la madre de la niña -está acusada de violación al deber de cuidado y le han impedido mudare o salir del país- ya había denunciado el caso en 2013, aunque esa denuncia no fue tenida en cuenta. "La madre fue automáticamente criminalizada", dijo la abogada, ya que e un primer momento se le acusó de complicidad, aunque esa acusación fue desestimada.

"Hay un patrón de persecución en torno a la madre, a la familia, a las organizaciones, esto tiene que cesar de manera inmediata", agregó Elsa Núñez, quien explicó que han sufrido interferencias en sus comunicaciones y amenazas.