El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en una imagen de archivo. (Crédito:Christopher Gregory/Getty Images).

(CNN español) - El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció que el Estado no abonará 37 millones de dólares que vencen el 4 de enero, pero sí cumplirá con un pago de 329 millones de obligaciones generales garantizadas por la Constitución.

García Padilla explicó que la decisión se basa en la falta de liquidez. El gobernador resaltó asimismo que el Congreso de Estados Unidos no le ha otorgado un marco legal para que el Estado Libre Asociado se declare en bancarrota.

Las bonos que no se pagaron corresponden a la autoridad para el financiamiento de la infraestructura en puerto rico y a la corporación para el financiamiento público.

"Todos sabemos que los acreedores han gastado una fortuna en cabildear en contra de los puertorriqueños en el Congreso y están dispuestos —y más que dispuestos, están ávidos— por iniciar pleitos judiciales costosos contra Puerto Rico, e incluso sabemos que están ávidos de intentar embargar nuestras cuentas para privarnos del poco efectivo que nos queda para dar los servicios básicos a nuestra gente y, de esa forma, poner presión política en mí", dijo en conferencia de prensa García Padilla .

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. Paul Ryan había expresado su intención de hacer algo por Puerto Rico en el primer trimestre del 2016, aunque esto no impedirá la cesación de pagos.

El gobierno de la isla debe pagar más o menos 1.000 millones de dólares a sus acreedores el 4 de enero para evitar caer en un incumplimiento por segunda vez desde agosto. Incluso si paga a tiempo, Puerto Rico aún se verá afectado por una tonelada de deuda: aproximadamente 73.000 millones en total según Moody's.

El incumplimiento de agosto fue el primero en la historia. La deuda en su mayoría era propiedad de puertorriqueños comunes y corrientes y tiene muy poca protección legal, lo que significa que el gobierno enfrentaba un leve riesgo de ser demandado por el incumplimiento.

Una crisis de casi 10 años

Los problemas con la deuda de Puerto Rico provienen de algunos cambios amplios. Su economía se ha visto envuelta en una recesión desde 2006. El desempleo en Puerto Rico es del 12,5%, o dos veces el promedio nacional en EE.UU. La reducción en las opciones laborales en la isla ha hecho que decenas de miles de puertorriqueños se trasladen a los Estados Unidos continentales en busca de empleo. La población que disminuye perjudica a la base fiscal de la isla, la cual es utilizada para pagar sus deudas.

Y mientras la economía se venía abajo, los gastos del gobierno iban para arriba. Puerto Rico aumentó los gastos para las escuelas y mantuvo su política energética sumamente costosa de importar petróleo crudo. La isla también le debe a los empleados del gobierno pagos de pensiones muy generosos.

A diferencia de los estados de EE.UU., Puerto Rico no tiene acceso al Capítulo 9 del Código de Bancarrota, que brinda asistencia a municipalidades en la reestructuración de deudas, lo cual le permitiría negociar con sus acreedores en tribunales. La bancarrota del Capítulo 9 es lo que Michigan le otorgó a Detroit durante su bancarrota.

Padilla quiere el Capítulo 9, pero eso no será de mucha ayuda. La mayor parte de la deuda de la isla no califica para el Capítulo 9, lo que significa que debe negociar con los acreedores individuales, en lugar de con todos juntos.

Con información de Patrick Gillespie de CNNMoney