El famoso dividendo de la paz no existe

El exministro de Hacienda de Colombia Alberto Carrasquilla publicó hace unos meses una fascinante columna de opinión sobre los supuestos beneficios económicos de la “paz”. Carrasquilla, uno de los mayores conocedores de la realidad económica colombiana, esgrime una cantidad de argumentos extremadamente certeros en su documento para defender su tesis, entre otros el hecho que eliminar la “franquicia” de las FARC no le generará valor alguno a la sociedad.

El exministro también habla de cómo el gobierno Santos gastó todo su capital político en este proceso, hecho que implica que ya no tiene capital político suficiente para aprobar las reformas estructurales impopulares que Colombia necesita aprobar para poder crecer más rápido. Mejor dicho, el exministro argumenta que el haber gastado tanto capital político en el proceso con las FARC le quitó la opción al presidente Santos de lograr la aprobación de reformas necesarias, como, por ejemplo, la reforma previsional de segunda generación, la reforma tributaria estructural, o la reforma a la justicia.

Alberto Bernal

Pienso muy parecido al exministro Carrasquilla. En mi opinión, a pesar de que entiendo perfectamente lo odiosa que suena mi posición al respecto, como diría el mismísimo presidente Santos, ese famoso dividendo de la paz no existe. La simple realidad es la siguiente: según la mayoría de los estudios serios que existen al respecto, 90% del PIB de Colombia se produce en zonas no afectadas por el terrorismo de las FARC.

Ahora, la triste realidad es que una vez se firme el documento con las FARC, ese restante 10% de las zonas del país no van a recibir inversión privada, pues es muy probable que la influencia política de las FARC en esas zonas “pacíficas” se incrementará (vía las famosas circunscripciones especiales). No me importa decirlo, así me digan enemigo de la paz: no hay escenario posible en el cual habrá seguridad jurídica si los narcotraficantes de las FARC han de tener la capacidad de decidir cuestiones de la “cosa pública” en esas regiones claves del país.

Le recuerdo al lector la experiencia del grupo agroindustrial Hacienda La Gloria, en el que denunciaron a funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) por supuestas irregularidades al asignar terrenos privados en el departamento del Cesar como si fueran lotes baldíos, y las tierras eran reclamadas por desplazados. El predio es propiedad de una empresa de palma africana de la cual es dueño Germán Efromovich (dueño a su vez de Avianca). Efromovich argumentó en materia judicial que la empresa es la dueña legítima del terreno, por lo que en 2015 el Incoder tuvo que revocar la decisión que declaraba baldía la hacienda. Pero que la decisión hubiera sido reversada al final no es el punto. Si el Incoder de antes del “posconflicto”, ante de tener la influencia directa de las FARC decidió que la agroindustria de Efromovich y un Private Equity de New York no era bienvenida, ¿cómo será una vez entremos al famoso “posconflicto”? ¿Qué capitalista en su sano juicio se va a atrever a invertir en zonas donde los señores de las FARC han de tener influencia directa?

Si el Incoder de hoy decide que la agroindustria de Germán Efromovich (dueño de Avianca) y un Private Equity de New York no es bienvenida, ¿cómo será una vez entremos al famoso “posconflicto”? ¿Qué capitalista en su sano juicio se va a atrever a invertir en zonas donde los señores de las FARC han de tener influencia directa?

Esta columna es una de las perspectivas que forman parte del especial 'Los rostros de la reconciliación' sobre las historias de paz en Colombia. Haz clic aquí para ver más

Otro gran argumento de los defensores de este proceso es que el gasto en defensa bajará, y por lo tanto habrá más dinero para gastar en los más necesitados. Muy debatible. Entre otras cosas, es infantil pensar que todos los criminales de las FARC van a dejar su negocio del narcotráfico una vez si firme un acuerdo en La Habana. Dudo mucho que un cabecilla del Bloque Sur de las FARC vaya a aceptar pasar de ganarse varios millones de pesos narcotraficando a ganarse 600.000 dólares al mes sembrando lechugas.

También es ilógico pensar que las FARC van a denunciar las actividades ilícitas de sus aliados del Cartel de Sinaloa en México y del Cartel de los Soles en Venezuela, como nos lo quiere vender la administración Santos. Es clarísimo que las FARC entienden que los criminales del Cartel de Sinaloa no son “peritas en dulce” que se van a quedar quietos ante la posibilidad de que las FARC se vuelvan “aliados en la lucha contra el narcotráfico”, como dice el presidente Santos que será la cuestión. Lo cierto es que la Fuerza Pública nacional va a necesitar mantener todo su poderío militar para combatir a las "FarcCrim" y a todos esos grupos de criminales que se crearán una vez, y asumiendo que, las FARC efectivamente se desmovilicen.

La política que generó un dividendo de paz inmenso fue la política de la seguridad democrática y de la confianza inversionista (2002-2010), política que logró incrementar la tasa de inversión contra PIB de Colombia de 13% a 28%, ayudando, de esa forma, a incrementar el crecimiento potencial anual del país de un 2% a un 5%. Ese cambio estructural que vivió Colombia es la génesis de todas las mejoras que se han visto en el país en la última década, es la génesis del grado de inversión, la génesis de la mejora en el recaudo fiscal, y, por lo tanto, la génesis del incremento que hoy se ve en el gasto de infraestructura. La autoridad y la recuperación del monopolio de la fuerza en manos del Estado, la base fundamental de la seguridad democrática, es la razón detrás del “dividendo de la paz” que ha vivido Colombia desde 2002.

La paz verdadera es orden, justicia, y emprendimiento, no prender velitas y soñar con que todos nos queramos.