Fuerzas de seguridad usan violencia sexual para torturar a mujeres: Amnistía Internacional

(CNN Español) -- A Mónica la violaron en grupo seis policías. Le dieron descargas eléctricas en los genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le sumergieron la cabeza en un balde con agua.

Eso pasó el 12 de febrero de 2013, según relata Amnistía Internacional (AI).

En ese entonces, a esta mujer de 26 años, madre de cuatro hijos, también la obligaron a ver cómo torturaban a su hermano y a su esposo,

Los funcionarios de seguridad intentaban que confesara que hacía parte de una banda de delincuentes, y tras la tortura le obligaron a firmar una "confesión" que así lo afirmaba.

El caso de esta mujer incluido en un informe revelado este martes hace parte de un grupo de detenidas que han sufrido violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas que las torturan para obtener "confesiones".

"A pesar de que un examen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en agosto de 2014 confirmaba la tortura de Mónica, no se han formulado cargos contra ninguno de sus autores. Ella sigue en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en la delincuencia organizada. En abril de 2016, la CNDH emitió la recomendación de que se abriera una investigación criminal sobre el caso. Mónica continúa en prisión", según publica AI en su página web, sin dar más datos sobre la identidad de la mujer.

El informe titulado 'Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México', divulgado este martes en Ciudad de México, es una investigación que durante ocho meses reunió información de entrevistas con 100 mujeres y que sugiere que "la policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a menudo a mujeres a tortura y otros malos tratos y que la violencia sexual es una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio".

Según AI, a las mujeres las golpean en el estómago, en la cabeza y en los oídos, las violan con objetos, con armas o con el pene, les dan descargas eléctricas en los genitales, les manosean los pechos y les pellizcan los pezones y más.

De las 100 mujeres entrevistadas, todas ellas afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia verbal o psicológica, 97 dijeron haber sido objeto de violencia física y 72 que sufrieron violencia sexual. Amnistía Internacional afirma que en el marco de las estrategias de seguridad de México –entre ellas la "guerra contra el narcotráfico"– es común que detengan a las mujeres en arrestos grupales y las acusen de ser novias de criminales o cómplices de actos ilegales sin pruebas.

"Se las considera fáciles de detener como medio de aumentar las cifras de detenciones y demostrar así a la sociedad que los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad dan resultado", consigna el informe.

La mayoría de las mujeres que son sometidas a estos maltratos son de bajos ingresos y madres solteras, revela la investigación.

¿Cómo han respondido las autoridades?

Según el informe los autores de estos actos gozan de "impunidad casi absoluta". Amnistía Internacional señala que el Gobierno de México ha establecido mecanismos para abordar el problema, pero a pesar de ello sólo pocas denuncias trascienden a condenas y en el Ejército no se suspendió a ningún soldado por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. En la Marina, dice la investigación, "sólo se había suspendido a cuatro marinos durante ese mismo periodo. Un marino que había sido condenado por abusos sexuales había sido suspendido sólo temporalmente, lo que podía permitir que se reintegrara a la marina una vez cumplida su pena de prisión".

Las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento hasta el momento sobre este informe. CNN en Español se puso en contacto con la Secretaria de Gobernación para obtener un comentario de la investigación pero aún no ha obtenido respuesta.

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha publicado cifras sobre víctimas de tortura, lo que de acuerdo con AI, rodea el problema de "un velo de secretismo" e impide abordar el problema y dar soluciones.

En octubre de 2015, la PGR dijo que no conocía el número de estos casos "porque las bases de datos de la institución se encuentran en depuración".

“Respecto de su petición, es menester precisar que actualmente no se cuenta con información actualizada en las bases de datos de esta Institución, siendo que las mismas se encuentran en proceso de depuración y debida integración”, dijo en ese entonces la PGR en respuesta a una solicitud de información.

El trabajo de Amnistía Internacional reveló los porcentajes de arrestos en los que hubo violación de acuerdo con la fuerza de seguridad que llevaba a cabo la detención. En el 80% de los arrestos de la Marina; el 50% de la Policía Estatal; el 50% del Ejército; el 19% de la Policía Federal y el 60% de la Policía Municipal.

Según un estudio presentado por la Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en conjunto con la Universidad Autónoma de México (UNAM) este lunes una tercera parte de la población justifica la tortura, dos terceras partes no rechaza la tortura si se hace para obtener información para un inminente peligro y 6 de cada 10 mexicanos justifica la tortura como castiga ante una violación.

Los resultados son parte de un Diagnóstico de la Tortura realizado este año en todo el país.

"En nuestro propio país, un México que concebimos moderno y respetuoso de los derechos humanos, la tortura no se ha erradicado y lamentablemente permanece como práctica y como concepto, como algo inevitable", afirmó Rochín del Rincón, titular de la CEAV en conferencia de prensa este lunes.

Un problema latente

De acuerdo con Amnistía Internacional, la tortura continúa siendo un problema grave en México. Según el informe, el Instituto Nacional de Estadística dijo en diciembre de 2015 que la torturo y los malos tratos eran "la segunda violación a los derechos humanos más denunciada, después de la detención arbitraria" en todos los estados mexicanos.

En abril de este año la Secretaria de Gobernación se comprometió a erradicar la tortura del país.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, dijo en ese entonces que los policías de cualquier corporación deben ser auténticos defensores de derechos humanos y dijo que los actos de esta naturaleza no quedarían impunes.

“No basta con imputar a quién los cometió y sancionarlo ejemplarmente porque la tortura es un acto irreparable. Estos acontecimientos deben ser un referente para hacer manifiesto el compromiso de nuestras corporaciones para que ese agravio no vuelva a ocurrir”, afirmó en ese entonces.

En el evento se anunció la creación del Grupo Especial de Seguimiento, una agrupación para "reforzar la perspectiva de derechos humanos en las políticas, programas y acciones que lleva a cabo el personal de la institución".