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Paz en Colombia

¿Qué opciones quedan para salvar el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC?

Por Laila Abu Shihab, CNN

Más allá de la especulación, que por estos días es amplia y se genera desde todas las orillas, hoy son pocos los escenarios optimistas que según expertos permitirían salvar el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las FARC, rechazado el pasado 2 de octubre por más de 6 millones de colombianos con una diferencia mínima, del 0,5%, sobre los que querían refrendarlo.

La incertidumbre es generalizada. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el cese del fuego definitivo se interrumpirá el 31 de octubre, la guerrilla ha insistido desde La Habana en que los acuerdos están sellados y no pueden modificarse, se congeló la entrega de 500 millones de dólares que la comunidad internacional tenía listos para el posconflicto y el líder de la oposición y principal promotor del no en el plebiscito, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, pidió “paciencia para buscar cómo se introducen los cambios” que asegura requieren y afirmó que es injusto que presionen a su partido, el Centro Democrático, para que proponga algo rápidamente. “No nos van a poner ahora a nosotros de creativos de hacer propuestas cuando lo hicimos en toda la campaña”, dijo hace unos días.

A este panorama incierto se suman los resultados de la extensa reunión de casi cuatro horas que Santos mantuvo con Uribe y varios de sus más cercanos alfiles este miércoles en el Palacio de Nariño, de la que solo surgió que se crearían distintas comisiones con delegados del Gobierno y del no para tratar los puntos de los acuerdos que para la oposición deben renegociarse. Las reuniones a través de los delegados comenzarán este jueves.

Para muchos, el mejor escenario, el menos peligroso y el más probable, sigue siendo el de una nueva negociación sobre temas específicos, esta vez tripartita (Gobierno-FARC-uribismo), que desemboque en un acuerdo que deje a todos lo más contentos posible y en un nuevo ejercicio de refrendación por parte de los ciudadanos.

Ese camino implica, para el analista, consultor y comentarista radial Andrés Mejía Vergnaud, que “Uribe reclame buena parte del crédito histórico y político por haber salvado la paz, por haberlo hecho posible”.

Sin embargo, según Mejía Vergnaud ese escenario podría dejar en una situación muy difícil a Santos, dado que el proceso de paz era el único aspecto de la gestión presidencial en el que tenía buenos índices de aprobación popular. “Es una paradoja que justo ese logro por el que trabajó tan duro se lo vaya a robar su principal líder político”.

Y si bien es verdad que este escenario parece ser el menos malo posible, también es incierto. "No se sabe por cuánto tiempo se prolongarían las discusiones, pero el límite más realista sería marzo del 2017, que es el plazo que tienen los que estén interesados en participar en las elecciones del 2018 para no inhabilitarse”, opina  Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), que durante todo el proceso de La Habana monitoreó la reducción de la violencia asociada al conflicto.

“El lado positivo es que no ha habido ruptura del cese del fuego bilateral, ni movimientos notorios de las FARC en ese sentido, así como tampoco operativos del ELN tratando de ocupar las zonas que dejaría la guerrilla ni actos de indisciplina de la Fuerza Pública”, destaca Restrepo.

Según César Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia, “en medio de todo ha primado una sensatez colectiva, incluso dentro del no. Estamos en el día cero de esa nueva negociación y todos ahora quieren todo, tienen aspiraciones maximalistas y es normal en esos procesos, pero poco a poco deberían irse acercando las posiciones”.

Rodríguez no ve imposible que el uribismo termine aceptando que los guerrilleros no vayan a la cárcel y que las FARC cedan en el número de curules que tendrían cuando se conviertan en partido político, por ejemplo: “El acercamiento es posible. No es obvio ni fácil, pero es posible”.

Una renegociación pasaría, según lo insinuado por el expresidente y otros miembros del Centro Democrático en los últimos días, por modificar los puntos de participación política, justicia (con alivios para los militares y policías que hayan sido condenados por actos cometidos en el marco del conflicto y una amplia amnistía para los guerrilleros que no hayan incurrido en crímenes de guerra, aunque este último punto ya hace parte de los acuerdos rechazados el domingo) y reforma rural integral (que en el acuerdo preveía distribuir 10 millones de hectáreas de tierras entre los campesinos de las regiones más olvidadas y apartadas del país).

El problema de ese escenario es que los cambios que se le quieran hacer a los acuerdos firmados deben ser aceptados por las FARC, algo que no parece fácil de lograr tras la reunión que los jefes del equipo negociador de la guerrilla mantuvieron esta semana en La Habana con Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo, de la delegación del Gobierno.

La fase pública de las negociaciones con las FARC duró casi cuatro años, por lo que muchos se preguntan cuánto más se necesitaría para volver a llegar a un acuerdo. Y los colombianos ya empiezan a manifestarse por soluciones rápidas y efectivas, temiendo que la guerra regrese.

“Basta recordar que la negociación del punto de justicia duró más de 1 año y que para muchos fue el único que casi logró que fracasara el proceso”, agrega Mejía. “El tiempo es el mayor enemigo de todos estos procesos, cada día que pasa, cada segundo es un riesgo de que ocurra algo malo, de que alguien dispare, de que la disidencia crezca, de que por casualidad se encuentren una unidad del Ejército y un frente de la guerrilla, de que haya un sabotaje de un sector de extrema de derecha, todas esas cosas ya han pasado en Colombia y por eso deben preocuparnos ahora”.

La salida trágica

El escenario más pesimista y catastrófico es que las negociaciones simultáneas que acaban de comenzar en La Habana y en Bogotá fracasen, que en unos meses las mesas se levanten y se repita la lapidaria frase que selló el rompimiento de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla hace más de 20 años en Tlaxcala (México): “Nos vemos dentro de 5.000 muertos”.

Eso puede darse de distintas maneras. Una de ellas es que los guerrilleros rasos, que estaban listos para comenzar a concentrarse en los campamentos y las zonas veredales acordadas en Cuba, asuman que el mensaje enviado por la sociedad con el plebiscito es que no quiere recibirlos y entonces decidan rearmarse.

“No hay que olvidar que los guerrilleros se han pegado a una narrativa sobre los procesos de paz según la cual, de acuerdo con su interpretación, el Estado siempre los ha utilizado para engañar y debilitar a la insurgencia”, afirma Mejía.

Pero aunque el de la guerra total es un escenario imaginable, porque la hemos vivido, “algo diferencia a este cese del fuego de los demás y es un miedo y un rechazo cada vez más mayor de la sociedad a volver a la violencia”, asegura César Rodríguez.

El riesgo del punto medio

Entre ambos escenarios se vislumbra también una salida intermedia, aunque riesgosa, que pasaría por una especie de Asamblea Constituyente pero limitada, parecida al caso sudafricano, que desde el principio acuerde unos temas intocables. “El peligro es que luego se pueda declarar soberana”, explica Rodríguez. Es decir, que luego se otorgue la facultad de expedir todas las normas que considere necesarias para impedir que fracasen las reformas que propone. Y que, por esa vía, resulte imposible controlar lo que de allí surja.

El proceso que permitió superar el Apartheid en Sudáfrica tuvo dos etapas: una primera, en la que los líderes del Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela y del gobierno blanco del Partido Nacional negociaron una especie de Constitución interina, que sirvió de base para elegir un gobierno de transición y convocar la elección popular de una Asamblea Constituyente encargada de la segunda etapa, en la que se redactó la Constitución definitiva. 

La bandera que ahora sí parece lejos es precisamente la de Asamblea Constituyente, que tanto el uribismo como las FARC enarbolaron con fuerza durante todo el proceso de paz y que la guerrilla sólo dejó de lado ya al final, cuando el Gobierno logró convencerlos de que se la jugaran con el plebiscito.

Desde el domingo pasado, tanto las FARC como el expresidente Álvaro Uribe han guardado silencio frente al tema.

“Ese sería el camino más largo y uno de los más peligrosos, porque sería negociada por los extremos y abriría una caja de pandora por la que se perderían todos los logros de protección a las minorías y avances progresistas de la Constitución de 1991”, opina Rodríguez, quien también es profesor de Derecho en la Universidad de los Andes.

Para Restrepo, “el problema de fondo es que ningún escenario es bueno y eso es tremendamente costoso para el país en términos políticos, de seguridad y económicos". Según él, no hay una salida institucional clara porque nunca fue previsto este escenario en la negociación, que fue diseñada al todo o nada.

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