(CNN Español) - El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alcanzaron un nuevo acuerdo de paz que incorpora propuestas de los promotores del no, la opción que ganó el plebiscito realizado el 2 de octubre sobre el proceso pacificador en ese país, así como de diversos sectores de la sociedad.

Aún no se conoce a detalle el contenido del acuerdo, pero con el anuncio realizado el sábado por los negociadores, así como el mensaje del presidente Santos, se puede tener una visión sobre lo que ha cambiado respecto al documento que fue rechazado por votación popular a principios del mes pasado.

"En materia de jurisdicción especial para la paz se incorporaron no menos del 65% de las propuestas provenientes de los diversos sectores que votaron no en el plebiscito; casi el 90% de las iniciativas referidas al polémico tema de género; y algo más de 100 variaciones que tocan los temas concernientes a reforma rural integral, participación política, nueva política antidrogas, víctimas, fin del conflicto e implementación y verificación", explicó en su discurso el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.

Lo que cambió

El presidente Santos explicó que en el nuevo acuerdo, las FARC tendrán que declarar entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas del conflicto, uno de los temas que, reconoció, eran de los más reclamados por los colombianos.

Otro tema que cambió, según explicó Santos, fue el de la presencia de jueces extranjeros en el sistema de justicia durante la transición.

"Otro tema que exigieron mucho los del no era que no hubiera jueces extranjeros. Eso también se eliminó. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes", dijo.

Sobre el tema de la propiedad privada, Santos aseguró que, como pidió expresamente el expresidente Álvaro Uribe, uno de los promotores del no, a nadie se expropiará fuera de la ley vigente. "¡Se respetará el derecho a la propiedad!".

También se incluyeron inquietudes sobre la legislación agraria que no estaban consideradas en el primer acuerdo, como los avalúos de las tierras.

Para atajar las preocupaciones de empresarios sobre posibles afectaciones en la estabilidad macroeconómica, se incluyó un apartado en el que se expresa claramente que la implementación del acuerdo se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal.

En cuanto a la incorporación de las FARC a la vida política, en el nuevo acuerdo se incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de la guerrilla no podrá inscribir candidatos a las 16 curules transitorias establecidas para las comunidades y víctimas del conflicto.

Asimismo, se redujo en 30% la financiación al partido de las FARC desde el primer año, para que esté en igualdad con el resto de partidos.

Sobre la comisión de protección y garantías de seguridad a los reincorporados a la vida civil, se eliminó la participación de las FARC.

Respecto a la implementación del acuerdo, se dejó claro que el gobierno será el único responsable.

Santos dijo que también "se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente" en el acuerdo, y de hecho subrayó que nunca lo estuvo. La revisión sobre este tema fue solicitada por la iglesia católica y organizaciones religiosas en particular.

"Estos son algunos de los principales cambios realizados", dijo Santos. "Pero como ya lo señalé, en 56 de los 57 temas hubo cambios y mejoras".

Lo que no cambió

El presidente Santos reconoció que, aunque era un punto que reclamaron muchos opositores al primer acuerdo, se mantuvo la posibilidad de que los jefes guerrilleros sean votados en puestos de elección popular.

"Tengo que decirlo con franqueza: aquí no se logró avanzar", dijo Santos con el argumento de que la razón de ser de todos los procesos de paz es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y hagan política dentro de la legalidad.

Eso sí, aclaró, no habrá curules aseguradas para los guerrilleros, sino que tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno.