(CNN Español) - Desde hace unos días en Bolivia empezó a circular una campaña en redes sociales con la etiqueta #21FDíaDeLaMentira, liderada por varios medios de comunicación estatales, organizaciones sociales y apoyada por los ministros de gobierno de Evo Morales.

El objetivo es declarar el 21 de febrero como el Día de la Mentira, pues según explicó la Ministra de Comunicación, Gísela López, ese día de 2016, se gestó una “trama” dirigida por la oposición —en cabeza de Estados Unidos— para tumbar “el referendo democrático” con “mentiras y falsas acusaciones”.

“El 21 de febrero (de 2016) se consolida la estrategia que se trama y diseña desde Estados Unidos y Washington para tumbar un referendo en el marco de la democracia, de la profundización de la democracia, que se estaba realizando en Bolivia”, dijo López este miércoles en una rueda de prensa en La Paz.

La “trama”, según la ministra López, tenía el objetivo de “evitar la habilitación de Evo Morales a una nueva elección presidencial” y por eso, dice, Morales perdió el referendo de reelección que le permitiría postularse una vez más a la presidencia de Bolivia.

Los partidarios de la movilización dicen que dentro de las acciones para atacar a Morales estuvieron las denuncias de un supuesto "tráfico de influencias" que involucraban a la expareja del presidente, Gabriela Zapata, alta ejecutiva de la empresa china CAMC, con quien tuvo un hijo, del cual presentó un certificado de nacimiento. Zapata fue enviada a un centro de reclusión.

En agosto de 2016 la Fiscalía de Bolivia eximió a Zapata de cuatro de los 10 delitos de los que se le acusaba: uso indebido de influencias en grado de complicidad, ejercicio indebido de la profesión, falsedad material y enriquecimiento ilícito de particulares. Cuatro meses después, un juez mantuvo la medida de aseguramiento en su contra pues aseguró que existe riesgo de fuga y obstaculización del proceso por parte de la acusada.

Gabriela Zapata ha negado los señalamientos en su contra.

Evo Morales perdió el referendo al conseguir su propuesta de reelección el 48,7% de los votos, mientras la opción del no logró el 51,3%.

El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, dijo a principios de este mes en un programa de televisión local que la movilización nacional “exigirá el respeto a su derecho constitucional de la reelección del jefe de Estado”.

Según Ferreira, “no hay ninguna traba para que se pueda plantear la posibilidad de consultar nuevamente al pueblo sobre la repostulación”.

Pero según la ley, eso no será posible.

Para Carlos Alarcón, abogado constitucionalista basado en La Paz, no existe ninguna posibilidad constitucional para que se habiliten las candidaturas del presidente y vicepresidente para las elecciones de 2019.

“Esta norma constitucional tiene una prohibición y una inhabilitación para los actuales mandatarios: no pueden desempeñar un tercer mandato porque si lo harían estarían desconociendo sus propias bases de legalidad y legitimidad”, dijo Alarcón a CNN en Español.

El experto dice que el artículo 168 de la Constitución, “que es regla de juego en base a la cual los actuales mandatarios están desempeñando de manera válida, legal y legítima su segundo mandato” inhabilita al presidente y vicepresidente para el tercer mandato consecutivo, que iría de 2020 a 2025.

Con lo mismo concuerda Víctor Hugo Cárdenas, exvicepresidente de Bolivia (1993-1997) opositor al gobierno Morales, quien explicó a CNN en Español que el resultado del referendo "es indiscutible" pues la constitución actual no permite una repetición del referendo.

“Ese es el gran problema del actual gobierno: ellos promovieron la actual constitución, promovieron la imposibilidad de repetir un referendo y ante el problema insalvable de querer hacerlo, están pisoteando su propia constitución”, dijo Cárdenas a CNN en Español.

“No hay ninguna posibilidad para que el referendo se repita. Una vez hecho el referendo, tiene resultado vinculante, definitivo, irrevisable e irrepetible. Eso está claro en la Constitución”, añadió Cárdenas.

Cuatro vías de elección

El gobierno y sus simpatizantes están haciendo sus mayores esfuerzos para que Evo Morales pueda postular su candidatura a las elecciones previstas para finales de 2019.

Por eso en diciembre de 2016, el IX Congreso Ordinario del oficialista Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) aprobó la aplicación de cuatro vías para una nueva candidatura del presidente indígena, que completa más de una década en el poder.

– La primera vía aprobada fue la reforma parcial del artículo 168 de la Constitución respaldada en la recolección de firmas de al menos 20% del padrón electoral de Bolivia, que es de 6,3 millones de ciudadanos.

– La segunda vía es la misma reforma parcial del artículo 168 constitucional, aprobada por dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa.

– La tercera consiste en que Morales renuncie al cargo de presidente 6 meses antes de que concluya su actual periodo, el 22 de enero de 2020.

– La cuarta vía contempla que el Tribunal Constitucional haga una interpretación sobre la elección y reelección de presidente y vicepresidente.

Para Alarcón, estas opciones son "vías de hecho disfrazadas de vías de derecho".

“En los hechos es probable que se imponga de manera forzada esta candidatura de los actuales mandatarios con cualquiera de estas vías, pero eso no quita un milímetro que se impondrían candidaturas por vías de hecho y no por vías de derecho”, explica el abogado constitucionalista.

Alarcón enfatizó en que por vías de derecho “está totalmente cerrada la posibilidad” de que Morales y Linera sean candidatos para las próximas presidenciales.

Cárdenas insiste en que estas vías son “ilegales, inconstitucionales y absurdas”, pues no tienen en cuenta la disposición legal.

"[Esas vías] se apoyan en la tradición de las épocas dictatoriales: Cuando no había democracia en Bolivia, dictadores civiles y militares pisoteaban la constitución y se reelegían renunciando meses antes o años antes para habilitarse en el siguiente proceso electoral”, dijo Cárdenas. “Es una pena que esta tradición quiera continuar”.

Varias organizaciones sociales se movilizarán desde el 20 de febrero en “actos de desagravio y defensa de la democracia”, según explicó la ministra de Comunicaciones, citada por el medio estatal Cambio. Las manifestaciones serán en las ciudades capitales e intermedias del país.