(CNN Español) - El gobierno de Colombia firmó el pasado 23 de febrero seis decretos que permitirán, entre otras cosas, crear un cuerpo de 1.200 escoltas para proteger a los miembros de la guerrilla de las FARC, tras su desarme y reincorporación a la vida civil.

Ese decreto fue firmado por los ministros del Interior, de Hacienda y Crédito Público y de Defensa de Colombia y ordena la creación de un “Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección, en virtud del cual la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y demás entidades (...) incluirán como población objeto de protección a los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a los antiguos integrantes de las FARC que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo”.

Además, establece que los menores de edad que salgan de los campamentos de las FARC también deben ser objeto de protección por parte de las entidades del gobierno.

Members of the FARC guerrilla disembark in Buenaventura, Colombia, on February 4, 2017, from where they will go Sunday to UN-monitored transitional zones to hand in their weapons. Colombian FARC rebels started a historic disarmament process to end Latin America's last major armed conflict. / AFP / LUIS ROBAYO (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

Miembros de las FARC llegan a Buenaventura como parte del proceso de implementación de los acuerdos de paz (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

Las medidas hacen parte del cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de paz, firmado el 24 de noviembre del 2016 entre ambas partes y que tiene todo un capítulo dedicado a las garantías de seguridad para los miembros de la guerrilla que dejen las armas.

Los jefes negociadores de las FARC en La Habana exigieron esas garantías de seguridad para que no se repita la historia, aseguran, de la Unión Patriótica, el partido político que se creó en 1984 tras un acuerdo entre esa guerrilla y el gobierno de entonces, del cual fueron asesinados unos 5.000 miembros en las décadas de 1980 y 1990 (incluidos dos candidatos presidenciales y más de 10 congresistas).

La justicia colombiana determinó que detrás del exterminio de esos líderes de izquierda estuvieron grupos paramilitares y agentes estatales. El presidente Juan Manuel Santos, en septiembre pasado, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en esta masacre.

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Además de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que es la entidad colombiana que coordina y ejecuta las medidas de protección para personas y colectivos que por su trabajo sufren un riesgo extraordinario, de acuerdo con los decretos en la protección de los exguerrilleros también intervendrá la Policía Nacional.

En una visita que CNN en Español realizó en diciembre pasado a un campamento de las FARC en el suroccidente de Colombia, antes de que comenzaran su movilización hacia las zonas veredales donde comenzarán a entregar las armas a partir de este 1 marzo, varios guerrilleros confirmaron su deseo de pertenecer a ese cuerpo de escoltas cuando terminen su proceso de reincorporación a la sociedad.

Según los decretos, los guerrilleros de las FARC que sean condenados por delitos de lesa humanidad no podrán hacer parte de ese cuerpo de escoltas. Y los esquemas de protección dependerán del nivel de riesgo, pero se enfocarán en la seguridad de los jefes de las FARC.

Otro de esos decretos establece también que cada uno de los miembros del cuerpo de escoltas, que será de naturaleza mixta, recibirá una remuneración mensual de 1.825.000 pesos colombianos (unos 623 dólares).

El director de la UNP, Diego Mora, ha desmentido en varias oportunidades que los nuevos escoltas vayan a ganar lo mismo que ganan los escoltas de la Unidad, cuyos sueldos pueden llegar hasta los 2,4 millones de pesos mensuales (unos 820 dólares).

Sin embargo, en la última semana tres sindicatos de escoltas se han mostrado preocupados por las “diferencias salariales” entre ellos y los que serán escoltas de los exguerrilleros y sus familias. Aseguran que muchos de ellos no están vinculados formalmente con el Estado, sino a través de contratos de prestación de servicios.

“Celebramos la incorporación de los acuerdos de paz y enviamos un saludo especial a quienes serán nuestros compañeros de trabajo en el futuro inmediato. Pero consideramos que sí existen diferencias salariales con respecto al personal que lleva años en la labor de seguridad al servicio del Estado colombiano, a comparación de los nuevos funcionarios que serán incorporados por personal de confianza de las Farc. Nuestra solicitud va encaminada a que el Gobierno resuelva estas inconformidades, que abra un espacio para que todos estemos en un tema de igualdad”, aseguró Yesid Barragán, presidente de ASEP, el sindicato de la UNP, en un comunicado leído a los medios de comunicación.

Este martes, precisamente, se realizó una reunión entre el director de la UNP y los directivos de los principales sindicatos de escoltas. En el momento de publicación de este artículo no se habían hecho públicos los resultados de dicho encuentro.