(CNN Español) – ¿Qué pasa cuando los mexicanos indocumentados en Estados Unidos que deportan son estudiantes? ¿O cuando ya han terminado sus estudios en ese país? ¿Queda en el limbo su educación?

Desde esta semana, la respuesta es no: el pleno del Senado de México aprobó el martes una reforma a la Ley General de Educación para incluir al sistema nacional educativo a quienes sean deportados o estén en condición de refugiados, asilados o migrantes internos.

El objetivo, según se lee en el dictamen publicado en la gaceta del Senado, es facilitar la incorporación de los migrantes que regresan al país "sin importar su condición migratoria ni los documentos con los que cuentan”. Así México busca garantizar que todas las personas en su territorio tengan las mismas oportunidades a la hora de transitar por los diferentes niveles del sistema educativo, como lo indica el comunicado del Legislativo.

De ahí que parte importante de la iniciativa sea agilizar la revalidación de estudios en el extranjero, tanto para atender a la población de los llamados "dreamers" –jóvenes que se beneficiaron de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de Estados Unidos y pudieron estudiar a pesar de su situación migratoria–, como a la población que ha realizado estudios fuera del país y necesite validar esa formación.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró la decisión del legislativo a través de su cuenta de Twitter y reconoció el trabajo de los senadores:

Y es que con las deportaciones de inmigrantes México enfrenta el reto de ofrecer oportunidades al regreso de sus ciudadanos. Especialmente para los jóvenes. Según estadísticas reportadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Estados Unidos viven 2 millones de indocumentados que llegaron siendo niños: de ellos el 70% son mexicanos, es decir una suma que se acerca a las 1.400.000 personas pertenecientes a ese país.

Ahora, Jorge Sántibañez, director ejecutivo de la organización Juntos Podemos y expresidente del Colegio de la Frontera Norte, le aseguró en noviembre pasado a Expansión que 7 de cada 10 mexicanos retornados están en plena etapa productiva, entre los 18 y 34 años de edad. “Son mexicanos que no traen documentos, desconocen la ley, pero tienen un manejo excelente de inglés", apuntó. Pero más allá de eso, la especialista en migración internacional Leticia Calderón resaltó en la misma publicación la existencia de la dificultad para reinsertar a los dreamers académicamente, precisamente por los trámites de validación.

Según cifras de la organización Juntos Podemos, dedicada a trabajar por un mejor desarrollo de los mexicanos en Estados Unidos, los nacionales que se encuentran del otro lado de la frontera están "cada vez mejor preparados e ingresan cada vez más a la universidad": el 82% de los mexicanos de segunda generación tienen 12 años o más de escolaridad (nivel de secundaria o más). Además siete de cada 10 hispanos se matriculan en educación superior cuando terminan la escuela secundaria.

¿Qué propone exactamente la reforma educativa?

Dado que el mandato de esta reforma es garantizar el derecho a la educación de las poblaciones migrantes, son varias las medidas contempladas. Empezando, por supuesto, con simplificar los procedimientos de inclusión en escuelas y universidades, así como los respectivos procesos de revalidaciones y equivalencias, como está registrado en el comunicado emitido por el Senado. Se canceló la obligación de presentar actas de nacimiento o apostillas.

Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está avalada para establecer normas que faciliten en la educación básica la inscripción, reinscripción, regularización, acreditación y certificación de los estudiantes. Esto en línea con la supervisión que deberán hacer las autoridades locales de que las escuelas y sus directivos cumplan estas disposiciones.

La SEP también tiene la responsabilidad de emitir un Marco Nacional de Cualificaciones, que deberá estar listo en menos de un año. La intención con esta medida es permitir la movilidad de los estudiantes dentro del sistema, promover el aprendizaje permanente, así como ayudar a la accesibilidad y vinculación. El marco será ficha clave en agilizar la inserción al sistema educativo y evitar impedimentos académicos.

La reforma también contempla acciones preferentes que podrán tomar las autoridades educativas para atender a las personas en situación de vulnerabilidad, como la situación migratoria o de carácter socioeconómico. Y serán esos mismos funcionarios quienes deban garantizar “el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad”.

Si bien la medida puede parecer hecha para los dreamers, el Senado enfatizó en que también está dirigida a toda la población en México. Según el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, la iniciativa "no está dirigida sólo a repatriados y migrantes, sino a toda la población, nacionales o no, que hayan hecho estudios en el exterior”, según fue citado en el informe del Senado. Y con él coincidió la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, quien resaltó la situación de las personas que enfrentan una situación de tránsito interna: “Es mucho mayor la migración nacional que la que viene de Estados Unidos hacia acá, por tanto, beneficia a toda la población”. Antes de pasar al pleno del Senado, la reforma a la Ley General de Educación fue aprobada de manera unánime por estas dos comisiones.

Las críticas y desafíos

El senador Armando Ríos Piter publicó en su cuenta de Twitter un video en el que explica por qué la reforma educativa para recibir a los dreamers es apenas uno de los retos en la relación Estados Unidos. Dijo que las acciones que se están implementando todavía son muy pequeñas "respecto a la dimensión que tenemos en frente".

Por su parte, el parlamentario Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo aseguró que con esta reforma se permite que las universidades privadas autoricen la validación de estudios en la educación superior y eso es “privatizar el procedimiento de validación o convalidación de estudios”, como lo registró el comunicado del Senado.

Itzel Polo Mendieta, coordinadora de Incidencias Políticas del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena, aseguró en las reuniones públicas previas a la votación de la reforma realizadas entre el 13 y 15 de febrero, que en el caso de la niñez migrante, los menores muchas veces no hablan español, o hablan un español muy básico. Aunado a eso, los profesores en su mayoría no hablan inglés, "lo que se convierte en una barrera de aprendizaje y se convierte en motivo de discriminación, bullying y exclusión escolar".

En este sentido, Mónica Jacobo Suárez, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, también insistió en dichos encuentros en que toda acción que se tome debe ser complementada con la capacitación a los funcionarios públicos, para que llegue a la práctica. Y resaltó que la capacitación a los docentes es esencial para minimizar el tiempo de adaptación de los migrantes (típicamente de 7 años).

Patricia Gándara, de la Universidad de California, le puso otra lupa al análisis durante las reuniones previas y recordó que la migración no se limita solo a quienes regresan: hay personas que por primera vez estarían en México, "por lo que el objetivo sería distinto".

¿Y en la práctica?

Este miércoles, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, puso sobre la mesa la posible situación de emergencia que podrían enfrentar las instituciones de educación superior ante las eventuales deportaciones. Según el boletín publicado por la universidad, podrían llegar "de repente" 400.000 jóvenes que tendrían la necesidad de continuar sus estudios y en las instituciones no hay espacio suficiente para recibirlos. La intervención de Graue Wiechers fue durante el “Diálogo entre rectores: La educación hacia el futuro”, realizado el pasado 1 de marzo y el rector añadió que es necesario hacer esfuerzos.

De acuerdo a las cifras que citó en su intervención, en México hay cerca de siete millones de jóvenes entre los 18 y 22 años que están por fuera de la educación superior y dos terceras partes de ellos son mujeres. Sobre la cobertura el rector indicó que la meta era alcanzar el 40% de la cobertura en este nivel educativo para 2018, pero solo se ha logrado el 37%.

Desde el pasado 17 de febrero, la Secretaría de Educación Pública había anunciado una serie de acciones para que los mexicanos que regresen al país puedan continuar sus estudios. Además de la reducción de requisitos y la simplificación en los procesos de revalidación, la autoridad aseguró que se identificarán las escuelas e instituciones con mejores condiciones para recibir a los beneficiarios, es decir que cuenten con instrumentos de nivelación y tutoría para ayudar a los jóvenes a una integración eficiente y a evitar la deserción escolar. También se estableció una oficina de apoyo a los beneficiarios.

¿Cómo está el escenario educativo en México?

De acuerdo al perfil de este país elaborado por la OCDE, sólo el 34% de los mexicanos entre los 25 y 64 años completaron sus estudios secundarios. Es la cifra más baja entre los países miembros de esa organización y muy por debajo del promedio de 76% que maneja. Ahora, la OCDE también registró que casi todos los niños entre los 5 y 14 años están en la escuela y que hay un progreso en las tasas de graduación: pasó del 33% en el 2000 al 49% en el 2011.

Parte importante del contexto también está en que en los últimos 50 años el sistema educativo de México creció rápidamente pasando de 3 millones de estudiantes a más de 30 millones, según la OCDE.