(CNN Español) - Las declaraciones del sacerdote jesuita Eduardo Pérez sobre el estado civil de los miembros del gabinete de Evo Morales generaron una airada respuesta por parte del gobierno de Bolivia y abrió el debate en ese país sobre la injerencia de la iglesia en políticas públicas.

“En el gabinete me gustaría preguntar, fuera de Álvaro García Linera… ¿qué miembros del gabinete tienen una convivencia familiar? Empezando por Evo, ¿quién tiene? Divorciadas, divorciados, separados, con aquí con allá. ¡Y ese gabinete de gente desplazada por la vida van a dar pautas sobre cómo hay que hacer los abortos".

Así habló el sacerdote Eduardo Pérez en el programa 'El Café de la mañana' de Radio Fides este martes, según una carta del ministro de Justicia de Bolivia, Hernán Arce, que pide una rectificación pública por las declaraciones que calificó como "terribles”.

En la carta publicada este miércoles en su cuenta de Twitter, Arce le pide al sacerdote jesuita que se retracte de esas declaraciones, pues a su juicio, esas afirmaciones “hieren sentimientos de seres humanos hombres, mujeres y niños que no merecen lo afirmado por usted”.

“Su calificación, padre, no es verdad, no es justa y no ameritaría jamás sea pronunciada por un sacerdote”, dijo Pérez en su carta.

Arce se refirió en su carta a su esposa y a su hija de siete meses y rechazó el hecho de que el sacerdote "negara su existencia de una manera tan irresponsable".

El presidente Evo Morales es soltero y tiene dos hijos reconocidos con diferentes mujeres.

Las palabras del sacerdote se dan en medio de la discusión de un proyecto de ley sobre un nuevo Código de Procedimiento Penal propuesto por el partido de gobierno, en el que se quieren incorporar nuevas causales que le permitan a las mujeres realizarse abortos legales. Entre ellas que su vida esté en riesgo, la prevención de su salud integral, la inviabilidad del feto; si el embarazo es producto de una violación o incesto, y cuando sea una niña o adolescente la que esté embarazada.

Actualmente en Bolivia se permite el aborto en caso de violación y de que corra riesgo la salud de la madre.

CNN en Español se comunicó tanto con el padre Eduardo Pérez como con la Conferencia Episcopal de Bolivia para obtener un pronunciamiento sobre este caso pero no estuvieron disponibles para una declaración sobre el caso.

‘Un acto de discriminación’

“No voy a repetir las palabras dichas por este padre porque considero que cualquiera de ellas es absolutamente inadmisible”, dijo Gabriela Montaño, diputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, este miércoles en una rueda de prensa en La Paz.

Para ella, es inadmisible que el sacerdote juzgue a alguien por su estado civil y a partir de ello, mida sus capacidades para ocupar un cargo público.

“Lo que sí tenemos que decir es que todas las que estamos aquí, mujeres, muchas de nosotras casadas, otras divorciadas, que no consideramos posible que en una sociedad como la nuestra alguien tenga que juzgar por el estado civil de una madre o un padre, sea este funcionario público o no lo sea”, añadió Montaño.

Montaño agregó que las declaraciones de Pérez es “un acto de discriminación inaceptable en una sociedad democrática”.

La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, también estuvo de acuerdo con que las declaraciones del sacerdote jesuita son un acto de discriminación.

“Esto también se está dando en un marco de forzar posiciones a partir de una discriminación a mujeres que tienen una condición de vida, pero forzar también una posición de discriminación a mujeres que están teniendo una opción o una decisión respecto a su planificación”, dijo ella en la rueda de prensa este miércoles.

La iglesia en el debate político

La discusión del aborto en Bolivia ha acaparado los debates públicos en los últimos meses pues sectores conservadores se oponen fuertemente a la ampliación de las causales por las cuales una mujer podría abortar.

En Bolivia la iglesia ha tenido una participación históricamente activa en temas políticos inherentes a los preceptos religiosos católicos. En este caso concreto, en el tema del aborto, del que ha hecho una férrea oposición.

La Constitución de Bolivia, aprobada en 2009, reconozca en su artículo 4 la “libertad de religión y de creencias espirituales” y también define a Bolivia como laico: “El Estado es independiente de la religión”.

Sin embargo, para la Iglesia católica de Bolivia, “es incongruente rechazar las observaciones planteadas por cualquier instancia religiosa frente a temas que afectan directamente a personas y familias”, según un comunicado publicado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana el pasado 12 de abril.

“La Iglesia católica, en Bolivia y en todo el mundo, aporta al debate público sólidos argumentos racionales, reflexiones éticas, criterios jurídicos y datos científicos sobre las más importantes cuestiones relacionadas con la vida y la convivencia humana, que pueden ser contrastados y dialogados con los que no comparten fe alguna”, agrega.

Sobre el debate del aborto la iglesia señaló que “la propuesta del Código del Sistema Penal es inconstitucional en su formulación sobre los delitos del aborto, el infanticidio y la muerte asistida”.