(CNN Español) - El descontento contra las medidas de austeridad del presidente de Brasil, Michel Temer, llegó a las calles del país. Este viernes se llevó a cabo una huelga general convocada por los principales sindicatos del país y secundada por partidos opositores al gobierno, movimientos sociales e incluso algunos sectores de la Iglesia católica nacional.

Es la primera huelga general a la que hace frente la administración Temer. La jornada de protesta estuvo marcada por los disturbios. Empresas y colegios cerraron sus puertas.

El paro, que se produce en la víspera de un festivo de tres días con motivo del Día Internacional del Trabajador del 1 de mayo, es una reacción de las centrales sindicales al amplio programa de reformas que Temer intenta implementar contra viento y marea para enderezar la maltrecha economía de su país y recuperar la confianza de los mercados.

El mismo día de la huelga general el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) hizo público que el desempleo alcanzó el 13,7 % en el primer trimestre de 2017. En términos absolutos esto se traduce en 14,2 millones de brasileños en paro.

A primera hora del día se registraron disturbios protagonizados por piquetes en algunas capitales del país. En Río de Janeiro y São Paulo, algunas arterias principales quedaron bloqueadas con barricadas de neumáticos incendiados para impedir el acceso a los locales de trabajo. En mayor o menor medida, los transportes públicos, como autobuses y metros, pararon de funcionar en las principales capitales brasileñas. Los sindicatos bancarios y los trabajadores de las escuelas públicas y privadas también se adhirieron al paro nacional. Todo ello acabó configurando un panorama en el que las ciudades y su actividad comercial funcionaron a medio gas.

Ya caída la tarde, grupos de violentos se enfrentaron a la policía en el centro de Río de Janeiro. Las imágenes mostraban barricadas incendiadas y actos de vandalismo protagonizados por encapuchados, a su vez reprimidos por los antidisturbios con gases lacrimógenos y detonaciones de efecto moral.

Fuentes del entorno del presidente Michel Temer admiten ser conscientes de que “no se puede llevar a cabo determinadas reformas y ser aplaudido en las calles”. También señalan que el Ejecutivo está dispuesto a sacrificar su popularidad a corto plazo a cambio de un reconocimiento posterior, cuando las duras reformas aun en vías de aprobación comiencen a dar sus frutos. Según un sondeo divulgado esta semana por la consultora Ipsos, la popularidad de Temer se ha desplomado al 10%, y el 92 % de los entrevistados opina que Brasil está en el camino equivocado. Sólo el 4% de los brasileños considera al gobierno de Temer “bueno u óptimo”.

El paro de este viernes es, sobre todo, una respuesta a la reforma del sistema de pensiones brasileño, que aún deberá tramitarse en el Congreso. La reforma impulsada por el Gobierno eleva a 65 años la edad mínima de jubilación para los hombres y a 62 en el caso de las mujeres. Todos deberán contribuir como mínimo 25 años a la seguridad social para recibir la pensión mínima, que se elevaría al 70 % del salario medio. Para recibir el 100% del salario los trabajadores tendrían que contribuir a las arcas públicas durante un mínimo de 40 años.

"La reforma impacta de lleno en los trabajadores. Los hombres perderán mucho, pero mucho más perderán las mujeres. Todo el mundo pierde en una reforma que hace que el trabajador no consiga jubilarse nunca", arremete el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) en Río de Janeiro, Marcelo Rodrigues.

La segunda gran reforma, la laboral, que ya ha recibido el respaldo de la Cámara baja, también ha puesto en pie de guerra a las centrales sindicales. En ella se establece el fin de las contribuciones obligatorias de los trabajadores a los sindicatos, una medida interpretada por los críticos como una forma de mermar la financiación (y por tanto la musculatura) de las organizaciones sindicales.

La reforma también establece que los acuerdos colectivos entre empresarios y trabajadores podrán prevalecer sobre la legislación laboral. Todo ello ha sido rechazado de pleno por los sindicatos, que tachan la reforma de “retroceso” en las conquistas históricas de los trabajadores.

La huelga general de este viernes supone la primera prueba de fuego en las calles para el Gobierno Temer, salpicado por las investigaciones de la denominada Operación Lava Jato, que intenta desentrañar una gran trama corrupta que engloba a políticos, funcionarios públicos de alto rango y empresarios del sector de la construcción en Brasil.

El Tribunal Supremo ha dado luz verde a que se investigue a siete ministros de Temer, citados en las delaciones premiadas de varios implicados en la trama delictiva. El propio presidente también ha sido citado en las delaciones, pero de momento no será objeto de investigación ya que, según la legislación brasileña, goza de inmunidad temporal para responder por hechos anteriores a su mandato presidencial.

Al final de la jornada, Temer valoró la jornada a través de una nota oficial: "Las manifestaciones políticas convocadas para este viernes se desarrollaron libremente en todo el país. Hubo la más amplia garantía del derecho de expresión. (…) Hechos aislados de violencia también se produjeron, como los lamentables y graves incidentes registrados en Río de Janeiro".

"El Gobierno federal reafirma su compromiso con la democracia y con las instituciones brasileñas. El trabajo en pro de la modernización de la legislación nacional continuará, con un debate amplio e franco, realizado en el foro adecuada para esa discusión, que es el Congreso Nacional”, subrayó.