(CNN Español) – La muerte de Sara Salazar, una niña de tres años que tenía muestras de abuso sexual y tortura, enlutó de nuevo a Colombia el pasado 21 de abril. El caso de “Sarita”, como se empezó a conocer a la menor en el país, se sumó al de Yuliana Samboní de siete años ocurrido en diciembre de 2016, además de resucitar el clamor de justicia para los actos de maltrato contra la infancia. Y este jueves las autoridades anunciaron un avance contundente en el proceso investigativo que se sigue por el crimen de Sarita: la captura de dos personas que serían los presuntos responsables del homicidio.

Como lo informó la Fiscalía de Colombia, se trata de un hombre y una mujer que fungían como los padrinos de la niña, es decir eran quienes estaban a cargo de su cuidado y custodia. Según el pronunciamiento oficial de la entidad, los sospechosos del crimen “habrían ejercido actos de violencia física y sexual de manera reiterada contra la menor”. Fueron identificados como Ángela Johana Guerra y Edilberto Rojas Torres en el pronunciamiento ante la prensa de la vicefiscal general María Paulina Riveros.

La funcionaria explicó con la necropsia realizada en el cuerpo de Sarita se pudo establecer que la niña sufrió repetidos episodios de maltrato y que la causa de su muerte fue un trauma encefálico secundario.

“La niña presentaba signos de maltrato reiterados. Por eso hablamos de un trauma encefálico, en el que técnicamente, nos explican los médicos, hubo signos de maltrato reiterado que habrían afectado el cerebro de la niña y que seguramente se habrían producido por (…) zarandeos permanentes a la niña, pero además hay otras señales de tortura en el cuerpo de la niña y de maltrato”, sostuvo Riveros, quien también agregó que las manos de la niña también tenían signos de este maltrato.

Esta información, continuó Riveros, les permitió a los fiscales del caso determinar que no se trató de “un simple accidente momentáneo, sino que la niña venía siendo objeto de ese tipo de maltratos”. En el momento de los hechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que la niña falleció con muestras de abuso sexual y tortura.

El caso de Yuliana Samboní, una niña de siete años que fue raptada, violada y asesinada el pasado 4 de diciembre, se esclareció en muy poco tiempo. El mismo día de la desaparición las autoridades pudieron ubicar el auto en el que el responsable se llevó a la pequeña y horas después su cuerpo fue encontrado en un apartamento del arquitecto Rafael Uribe Noguera, de 38 años, con signos de violencia. El pasado 29 de marzo, Uribe Noguera, principal procesado en el caso, fue condenado a más de 51 años de prisión. No tendrá ninguna clase de beneficio por tratarse de una víctima menor de edad: ni disminución de la pena, ni prisión domiciliaria u otros.

Los delitos

Según la Fiscalía, los cargos que deberán enfrentar los detenidos, quienes serán presentados este jueves ante un juez de garantías para las audiencias de legalización de captura e imputación, son múltiples. El ente acusador procesará a Johana Guerra como presunta autora material del delito de homicidio agravado, coautora material del delito de tortura agravada, y autora, del delito de acceso carnal violento agravado, por su de posición de garante al haber sido la madrina de Sarita. Por su parte, indicó la Fiscalía, Edilberto Rojas será imputado el delito de tortura agravada como presunto coautor pasivo. La organización señaló que no se ha podido establecer si el acceso carnal violento contra la menor fue de hecho perpetrado por parte de alguno de los dos sospechosos.

Riveros también reveló en rueda de prensa que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aún está evaluando el cuerpo de la pequeña y “adelantando un nuevo método científico que permite establecer el ADN aún en los sitios donde nos es fácilmente perceptible”. Según el relato de la funcionaria, cuando la niña ingresó al hospital y se le prestó la atención médica que requería “fueron removidos algunos signos y algunas evidencias, motivo por el cual el proceso científico ha resultado un poco complejo, pero Medicina Legal está trabajando 24 horas en el análisis de estas evidencias”.

Según le dijo a CNN la dirección científica del hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, la niña murió allí después de haber sido trasladada desde un hospital en Armero Guayabal, Tolima. CNN no ha podido conocer quién llevó a la menor hasta el hospital de Tolima, donde fue atendida en primer lugar.

Los dos detenidos permanecen a la espera de las audiencias ante el juez de garantías y aún no se conoce si contratarán a un abogado o se les asignará uno de oficio. Ninguno se ha manifestado frente a los hechos.

¿Hay más involucrados en el caso?

El director de Fiscalías Seccionales, Luis González, explicó en una rueda de prensa que el trabajo conjunto que realiza la entidad con la Policía ha reconstruido “todo un actuar de varios meses antes de los hechos”. Evidencia y elementos materiales probatorios que están siendo analizados para “establecer más allá de estas dos personas capturadas si hay otras personas responsables”. Sin embargo, por reserva de la investigación, el funcionario se abstuvo de entrega el número o identidad de las personas sobre las cuales las autoridades vienen “adelantando labores para establecer su responsabilidad o participación en estos hechos”.

González también reveló que en las ultimas semanas la Fiscalía ha pedido a los jueces más de un centenar de órdenes de captura contra personas aparentemente involucrados en casos de violencia contra los niños. “EN las últimas dos semana se han hecho efectivas 143 órdenes de captura contra violadores, abusadores y maltratadores de niños y niñas en este país”, informó el director. Una medida que hace parte de una política implementada por la entidad para priorizar estos casos.