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ONU: Reforma constitucional en Venezuela debe ser transparente e incluir todas las voces
(CNN Español) -- La vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU Ravina Shamdasani aseguró este viernes que ese organismo sigue con “profunda preocupación” la situación de violencia que se ha desencadenado tras las protestas que comenzaron hace un mes en Venezuela y dijo que cualquier cambio en la Constitución de ese país “debe ser transparente e incluyente”.
“Cualquier proceso constitucional, cualquier reforma que sea propuesta por el presidente (Nicolás Maduro) o por otros sólo puede tener éxito y resultados duraderos si es transparente e incluyente, si tiene en cuenta todas las opiniones políticas y sociales y si adopta los elementos esenciales de la democracia y busca proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dijo Shamdasani durante la rueda de prensa diaria que se hace en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).
La portavoz también dijo que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU “lamenta la pérdida de vidas” en las protestas de las últimas semanas en el país suramericano, “que entendemos son más de 30 pero las circunstancias (en que murieron) son poco claras”.
El Ministerio Público de Venezuela confirmó este viernes la muerte de otra persona y con ese caso el saldo de muertos en el mes de manifestaciones en Venezuela asciende a 36. También confirmó que las manifestaciones han dejado 717 heridos y que por los hechos de violencia registrados en las calles del país han sido detenidas 152 personas.
Shamdasani aprovechó la pregunta de una periodista para recordar que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al Hussein, dijo este lunes que las medidas de “mano dura” tomadas por el gobierno y “la represión de las voces disidentes no han logrado hasta el momento detener las revueltas sino, por el contrario, alimentarlas”.
“Hay una escalada de violencia, así que, de nuevo, hacemos un llamado al diálogo”, recalcó la portavoz.
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El pasado 1 de mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que tendría el poder de reorganizar los poderes del Estado e incluso podría redactar una nueva Constitución, que reemplace a la que rige al país desde 1999, con Hugo Chávez en el poder.
Según Maduro, una Constituyente tendría el poder de reconciliar al país, profundamente polarizado, y hacer que la paz regrese a Venezuela. “Vamos a elegir libremente a través del voto universal, secreto y directo una Asamblea Nacional Constituyente, en las próximas semanas (...) Es la única convocatoria constitucional y legal que hay hoy por hoy en el país. Nosotros somos la constitucionalidad y legalidad, ellos son la violencia”, dijo Maduro cuando presentó la propuesta, en alusión a los miembros de la oposición.
Estos últimos, precisamente, han rechazado la propuesta, asegurando que el Gobierno busca “elegir a la gente que quiere sin elecciones” para integrar esa Constituyente y que sería “amañada” y no representaría la voluntad del pueblo venezolano.
(Crédito: CARLOS BECERRA/AFP/Getty Images)
La propuesta de Maduro llegó cinco días después de que Venezuela entregó una carta formal para comenzar su proceso de salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el argumento de que ese organismo representa el “intervencionismo e injerencismo” de países extranjeros en los asuntos de Venezuela.
Este jueves, por tercera vez en el mes de protestas, un grupo de gobiernos de la región condenó la situación en Venezuela. Esta vez fueron ocho los países que, en un comunicado conjunto, deploraron “el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos”.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay también condenaron “el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes”.
El pasado 26 de abril, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe en el que acusa al gobierno de Venezuela de "incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente".
En su informe "Silencio a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela", la organización defensora de los derechos humanos denuncia una "caza de brujas", mediante la que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) realiza "detenciones sin órdenes judiciales", se procesa a "activistas pacíficos por delitos 'contra la patria'", se imponen "medidas de prisión preventiva sin justificación" y se realizan "campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición".
Las manifestaciones, tanto de la oposición como de seguidores del Gobierno, se intensificaron a principios de abril pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que asumiría las competencias del Parlamento (Asamblea Nacional), de mayoría opositora, al que declaró en "desacato". Sin embargo, el TSJ luego se retractó y dio marcha atrás a la decisión.
Además de la crisis política, Venezuela vive desde hace varios meses una profunda crisis social y económica, que incluye la escasez de productos básicos y una hiperinflación que no se detiene.
