(CNN Español) - En los últimos cuatro días, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos firmó 20 decretos para agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final de paz firmado con la guerrilla de las FARC el pasado 24 de noviembre.

La maratón de decretos (solo este lunes firmó nueve de ellos, de los números 895 a 903 del 29 de mayo del 2017) se hizo antes de que se venza el periodo de facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, exclusivamente relacionados con el desarrollo del acuerdo de paz, mediante el Acto Legislativo para la Paz, también conocido como fast track. En total, desde diciembre del año pasado, Santos ha firmado 36 decretos relacionados con el acuerdo de paz con la guerrilla. 

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Los decretos abarcan temas que van desde la Ley de Tierras (uno de los puntos neurálgicos de la negociación con la guerrilla) hasta el proceso de restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC, pasando por un Plan Nacional de Construcción de Mejoramiento de Vivienda Social Rural y la creación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

(Crédito: LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

También se encuentran decretos específicos que regulan la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del acuerdo final, dictan disposiciones sobre la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales para quienes se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el acuerdo y designan un representante del Gobierno ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo final de paz.

Incluso hay uno, el decreto 882 del 26 de mayo del 2017, “por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado”, lo que en palabras sencillas significa que se facilitará que profesores calificados lleguen a zonas a donde antes no podían ir por la guerra.

Pero lo decidido este lunes es lo que ha ampliado la hoja de ruta del desarme y desmovilización de los guerrilleros de las FARC, especialmente por dos prórrogas específicas.

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Desarme más largo

En el decreto número 901 del 29 de mayo del 2017 se prorroga por dos meses más la duración de las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Eso quiere decir que los guerrilleros de las FARC que deberían salir este 1 de junio de esos lugares, seguirán concentrados allí hasta el 1 de agosto.

Y en un comunicado firmado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), conformada por representantes del Gobierno y de las FARC, se comunicó la prórroga por 20 días del plazo que los guerrilleros tenían para entregar sus armas (hasta el 20 de junio).

Con una salvedad: “Aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas y extracción de armamento”; caletas ubicadas en zonas que todavía están por conocerse.

Inicialmente, el plazo era de 180 días (6 meses).

Members of the FARC guerrilla disembark in Buenaventura, Colombia, on February 4, 2017, from where they will go Sunday to UN-monitored transitional zones to hand in their weapons. Colombian FARC rebels started a historic disarmament process to end Latin America's last major armed conflict. / AFP / LUIS ROBAYO (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

Miembros de las FARC llegan a Buenaventura como parte del proceso de implementación de los acuerdos de paz (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images).

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Según la nueva hoja de ruta, antes de que termine la existencia de las zonas veredales transitorias (1 de agosto), la Misión de Naciones Unidas deberá tener todas esas armas y tendrá que extraerlas. Esa misión es la única encargada de certificar que los guerrilleros efectivamente han entregado su armamento y ahora sí han completado un paso más en su tránsito a la vida política.

Ambas prórrogas fueron dictadas por las dificultades logísticas en la adecuación de las propias zonas veredales, informadas por todas las partes (Gobierno, FARC y Misión de la ONU) a lo largo de los últimos meses y, según la guerrilla, también por la demora del Gobierno en expedir todos los decretos y leyes necesarias para cumplir cumplir con la implementación del acuerdo.

Santos aseguró este lunes que desde el Gobierno se ha “trabajado sin descanso para poner en marcha las leyes, reformas y programas que harán realidad la paz” y dijo que ha usado “con el máximo cuidado y la mayor responsabilidad” las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso.

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Sin embargo, miembros y seguidores del Centro Democrático (principal partido opositor, liderado por el expresidente Álvaro Uribe) han dicho que estos decretos presidenciales solo “demuestran la improvisación del gobierno de Santos” y han criticado que “el nuevo plazo de entrega de armas de las FARC no incluye las caletas”, en alusión a los 20 días más para que las entreguen a la Misión de la ONU. Algo a lo que el Gobierno ha respondido que del 1 de agosto no pasará sin que se hayan entregado también todas las armas de las caletas de la guerrilla.

Después de la maratón de decretos firmados por Santos, que ahora deberán pasar por un control por parte de la Corte Constitucional, la implementación del acuerdo de paz sigue en pie, aunque con nuevas fechas.