(CNN Español) - Un grupo de abogados de la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander —población fronteriza con Venezuela— interpuso una demanda penal contra el presidente Nicolás Maduro por haber cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad durante la crisis en la frontera en 2015.

La denuncia fue radicada el pasado 13 de junio ante la Fiscalía General de la Nación en Cúcuta, según le dijo a CNN en Español Rafael Villamizar, presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia en Cúcuta.

“Acudimos ante las autoridades, sobre todo la fiscalía colombiana, para que se resuelva la situación, para que se investiguen los delitos de lesa humanidad que cometieron tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y altos mandos militares de ese gobierno contra colombianos residentes en la zona fronteriza, en San Antonio del Táchira, quienes fueron deportados masivamente, fueron obligados al desplazamiento por las trochas, por los ríos con sus bienes y propiedades, por ser tildados narcotraficantes y paramilitares”, explicó Villamizar a este medio.

Venezuela deportó a más de mil colombianos durante la crisis fronteriza que inició el 19 de agosto de 2015 cuando el presidente Nicolás Maduro alegó que paramilitares colombianos habían cruzado la frontera y que habían atacado a tres militares venezolanos.

A finales de agosto de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU expresaron su preocupación por las deportaciones "arbitrarias" de colombianos desde Venezuela.

La CIDH denunció en ese entonces que más de mil personas —incluyendo 244 niños y adolescentes— fueron deportados a Colombia desde Venezuela; la Cruz Roja dijo que otras 4.260 personas volvieron “de forma espontánea tras la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera”.

“Diversas fuentes han indicado que muchas de las personas que habrían retornado a Colombia por su propia cuenta lo habrían hecho por miedo a que las autoridades venezolanas los desalojen y deporten de manera forzada”, dijo la CIDH en ese momento.

En aquél entonces, las casas de los colombianos en la frontera venezolana fueron marcadas con una ‘D’ de desalojo y ‘R’ de revisada. Muchas de ellas fueron demolidas. El presidente Juan Manuel Santos comparó la actuación de Venezuela contra los colombianos con lo que hacían los nazis en los guetos judíos.

"Esas imágenes de unas casas humildes pintadas con una 'D' y luego pasan los bulldozers demoliendo esas casas... eso no se veía sino desde los guetos alemanes contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial", dijo el presidente a CNN en Español.

Los demandantes dicen que saben que Maduro va a rechazar las acusaciones y culpará a la “derecha” colombiana, pero aseguran que la denuncia se trata de un acto humanitario para defender los derechos que se les violaron a los colombianos.

¿Prosperará la denuncia?

Ramírez dijo que la denuncia no busca enjuiciar a Nicolás Maduro como presidente de Estado, sino como persona pues asegura que "todo gobernante pierde su investidura tan pronto incurre en actos de lesa humanidad".

Pero para que la denuncia sea procedente hay que ir un poco más allá.

Carlos Arévalo, jefe del área de derecho internacional de la Universidad de La Sabana, en Colombia, le explicó a CNN en Español que la demanda podría ser improcedente por tratarse de una corte nacional.

Arévalo explica que la inmunidad es propia de los Estados, pero según lo establece la Corte Internacional de Justicia, algunos funcionarios, debido a la función que cumplen y a lo esencial que es, también gozan de inmunidad

“Entonces en este caso un presidente de la república tiene inmunidad para ser juzgado al interior de las cortes de otro Estado”, dijo Arévalo a CNN en Español desde Ginebra, Suiza.

El experto hizo la comparación con el caso del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quienes fueron requeridos por una corte de Sucumbíos, en Ecuador, por cuenta de la operación Fénix en 2008, con la que se dio de baja al jefe de las FARC alias ‘Raúl Reyes’.

Al final la denuncia no prosperó.

“No se puede juzgar a un presidente en ejercicio. La Corte Internacional de Justicia ha establecido que otro estado no puede juzgar a un presidente en ejercicio”, añadió.

Solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los Estados parte pueden remitir casos o presentar formalmente denuncias ante la CPI.

La Corte Penal Internacional, una vez estudie el caso, podría solicitar una orden de captura contra un jefe de Estado por graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, añade Arévalo

Es el caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien fue acusado en 2010 por la Corte Penal Internacional por genocidio, por los casos en Darfur, en el conflicto de Sudán, en 2010.

Otras denuncias contra Maduro

En septiembre de 2015, meses después de la crisis en la frontera, el entonces procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, radicó un informe ante la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda para "denunciar la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro y agentes militares y civiles de su gobierno”.

La Procuraduría había pedido que la CPI asumiera esa investigación alegando que en Venezuela se habrían cometidos “delitos de lesa humanidad” como desaparición forzada, abusos sexuales, torturas. “Los consideramos que son delitos de lesa humanidad porque hay una actitud sistemática del gobierno venezolano contra los colombianos”, dijo Ordóñez en ese momento.

El entonces alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-Lobo, también presentó en ese entonces una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la crisis humanitaria en la frontera común.

Hasta el momento no se conocen avances de estas denuncias por parte de las autoridades competentes, dice Ramírez. Por eso la denuncia llega dos años después de los hechos.

“Pasan dos años y no sucede nada. Cómo es posible que a nuestros hermanos colombianos no digan nada. Eso nos movió”, puntualiza.