(CNN Español) –– Las FARC aseguran que más de 1.480 de sus guerrilleros, presos en por lo menos 19 cárceles colombianas, están en huelga de hambre desde el 26 de junio. Dicen que el gobierno colombiano no les ha cumplido con la pronta aprobación y reglamentación de la Ley de Amnistía pactada en las negociaciones de La Habana, necesaria para que sean indultados y recuperen su libertad.

El Gobierno asegura que está haciendo todo lo posible para agilizar el proceso, pero no depende solo de la rama Ejecutiva sino también de la Judicial.

A los guerrilleros presos que se declararon “en desobediencia” y entraron en huelga de hambre se unió, dice que como gesto de solidaridad, Seusis Pausivas Hernández, alias ‘Jesús Santrich’. Es miembro del Estado Mayor Central de las FARC y fue uno de los negociadores de esa guerrilla en el proceso llevado a cabo en La Habana.

Según él y otros jefes de las FARC como Jorge Torres Victoria alias 'Pablo Catatumbo' o Ricardo Téllez alias 'Rodrigo Granda', hasta el momento ya han salido de las cárceles colombianas más de 840 guerrilleros, pero falta que otros 2.500 recuperen su libertad. Además, dicen que entre los que están en huelga de hambre hay 55 guerrilleros que se cosieron los labios para ni siquiera recibir agua o suero.

Las FARC han creado una etiqueta para protestar por el tema en las redes sociales: #PazEsLibertad

El 29 de junio pasado, además, familiares de los guerrilleros presos realizaron una serie de plantones en varias ciudades de Colombia para exigir la pronta liberación de sus seres queridos.

‘Santrich’ dice que en su caso la huelga de hambre es indefinida, pero él no puede hablar por los demás.

Según ‘Rodrigo Granda’, esta semana fueron puestos en libertad 320 guerrilleros pero todavía faltan muchos más.

“Es un número importante. Quedan muchos. Los necesitamos a todos”, dijo ‘Granda’ en un mensaje vía Twitter.

Los guerrilleros presos que están a la espera de su indulto y los que ya lo han obtenido están acusados de delitos políticos y conexos, no de crímenes de guerra o de lesa humanidad, que es la condición pactada en el acuerdo de paz en La Habana para que puedan recuperar su libertad.

La Ley de Amnistía (Ley 1820 del 2016), aprobada ya por el Congreso gracias a la implementación del llamado fast track, está siendo revisada en estos momentos por la Corte Constitucional, que deberá dar la última palabra antes de que se reglamente y pueda entrar en vigencia.

El Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo ha dicho en reiteradas ocasiones y desde hace varios meses que el Gobierno está haciendo todo lo posible para cumplirle a la guerrilla y acelerar el proceso, pero no depende solo de la rama Ejecutiva sino también de la Judicial.

“El Gobierno está haciendo todo lo posible para que se agilice el proceso (....) Las Farc están cumpliendo y es nuestra responsabilidad también cumplir”, ha dicho el alto funcionario.

(Crédito: LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

Los guerrilleros presos en huelga de hambre también se quejan porque no tienen certeza de qué pasará con ellos una vez que salgan de las llamadas zonas veredales, donde se concentraron de manera temporal para entregar las armas. Algo que sucederá, si todo sigue como está pactado, el próximo 1 de agosto.

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Y dicen que temen por su vida pues en el país hay grupos de paramilitares que están a la espera de que los exguerrilleros ya no tengan sus armas y hayan comenzado su proceso de reincorporación a la vida civil para asesinarlos.

Temen, aseguran, que con ellos se repita la historia de la Unión Patriótica, el partido político que se creó en 1984 tras un acuerdo entre las FARC y el gobierno de entonces. Entre las décadas de 1980 y 1990, unos 5.000 de sus miembros (incluidos dos candidatos presidenciales y más de 10 congresistas) fueron asesinados.

La justicia colombiana ya determinó que detrás del exterminio de esos líderes de izquierda estuvieron grupos paramilitares y agentes estatales y el mismo presidente Juan Manuel Santos, en septiembre pasado, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en esta masacre.

El Gobierno asegura que los paramilitares dejaron de existir durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien llevó a cabo un proceso de desmovilización con esos grupos de extrema derecha. Sin embargo, para muchas ONG defensoras de los derechos humanos y varios académicos, los paramilitares no han dejado de existir sino que hoy conforman, en su mayoría, lo que el Gobierno denomina bandas criminales, que viven básicamente de la extorsión y del narcotráfico.