Nota del editor: Giovanna De Michele es analista internacional con estudios de Inteligencia y Contrainteligencia, así como de Imagen y Escenarios de Negociación. Trabajó como Analista de Seguridad y Defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Además, fue designada Negociadora para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros yemas desde octubre de 2001 hasta abril de 2009. Las opiniones expresas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN Español) - El sábado 8 de julio del 2017, los venezolanos despertamos con la noticia de la concesión del beneficio de casa por cárcel para el líder político opositor Leopoldo López.

López estaba recluido en la prisión militar de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014, cuando por su propia voluntad se entregó a las autoridades venezolanas, acatando una orden de arresto emitida en su contra por la Fiscalía General de la República, bajo las acusaciones de “instigación pública, daños a la propiedad e incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”. En septiembre del 2015, fue sentenciado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, por el delito de “incitación pública a la violencia en las manifestaciones de 2014”.

El evento se replicó inmediatamente en los principales noticieros y portales informativos del mundo entero, marcando un punto de inflexión importante en la imagen y el posicionamiento internacional del Estado venezolano y su democracia, ya que permitió llamar la atención sobre temas como los derechos humanos, la autonomía de los poderes públicos, el respeto a las garantías constitucionales e, inclusive, la estabilidad política del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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Leopoldo López se asoma desde su casa. (Cortesía Voluntad Popular).

La presión interna e internacional sobre el Gobierno se ha venido haciendo cada vez más aguda. En diciembre del 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley en Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela”, en la cual se condenaron las actuaciones del Estado venezolano durante los ya mencionados sucesos, y además se pidieron sanciones específicas a ciertos funcionarios públicos.

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Pocos meses después, en marzo del 2015, el entonces presidente Barack Obama firmó un decreto ejecutivo muy polémico, en el que se hizo mención a la situación en Venezuela y se habló de una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, definiendo ese calificativo como “la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el Gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del Gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa”.

Giovanna De Michele (Crédito: Archivo personal).

Sin duda alguna, un fuerte revés para un Gobierno que, además, para ese momento se mostraba incapaz de superar las dificultades económicas generadas por la caída de los precios del petróleo, y ya enfrentaba fuertes presiones desde su interior por diversos grupos de poder.

Las consecuencias políticas de todo ello se comenzaron a materializar con la victoria absoluta de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2015, que desestabilizó aun más al Ejecutivo venezolano y lo llevó a radicalizar su discurso político, así como a perseguir a la disidencia.

En medio de esa coyuntura, Leopoldo López desde la cárcel, sus seguidores desde las calles de Venezuela y su familia desde todo tipo de escenario internacional, han mantenido vigente la lucha por la libertad plena del dirigente político. Eso no solamente permitió engrosar su liderazgo, sino que además colocó al Estado venezolano en el radar de la comunidad internacional.

Es así como luego de más de tres meses de protestas de calle, con una agenda conflictiva a la cual diariamente se le agregan nuevas razones para la inconformidad, el propio Ejecutivo venezolano hizo públicas sus reiteradas e infructuosas visitas a la cárcel de Ramo Verde, con el propósito de negociar con Leopoldo López una salida a la crisis, que ha servido, entre otros propósitos, para poner en entredicho la legitimidad del desempeño de Maduro en el Gobierno.

Con la decisión de otorgar casa por cárcel al líder opositor, el gobierno venezolano busca alcanzar de manera unilateral lo que no pudo lograr de forma consensuada con el hoy beneficiario de la medida. Por lo tanto, se puede inferir que la decisión asumida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene un fin eminentemente político.

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Por otra parte, la imposibilidad de desconocer la decisión del ente judicial será presentada por el gobierno venezolano como una evidencia de la vigencia, efectividad y autonomía de uno de los poderes públicos más cuestionados por buena parte del pueblo venezolano, que desconoce su legalidad y legitimidad.

Una vez más, el Poder Judicial venezolano muestra la irrestricta subordinación de la justicia a la voluntad y los intereses del Ejecutivo.