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Perú

¿Qué pasa con los expresidentes de Perú? 6 tienen líos con la justicia

Por CNN Español

Este artículo fue publicado originalmente el 14 de julio de 2017 y ha sido actualizado

(CNN Español) – Los escándalos que han sacudido a Latinoamérica y a Perú alcanzaron con sus tentáculos a varios expresidentes de este país, incluido Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió de su cargo en marzo pasado antes de un segundo debate en el Congreso para pedir su destitución por incapacidad moral.

Al lío judicial de Kuczynski, se suman las investigaciones que enfrentan Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García por hechos ocurridos cuando gobernaron el país, mientras que en los casos de Alberto Fujimori y Francisco Morales hay condenas de por medio.

Así están los casos de cada uno.

Pedro Pablo Kuczynski (presidente entre 2016 y 2018): investigado

El pasado 24 de enero –tres días después de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia–, el Poder Judicial le prohibió salir de Perú durante los siguientes 18 meses en el marco de las indagaciones por el caso Odebrecht. La agencia de noticias peruana Andina, informó en su momento que el Ministerio Público lo investiga por los delitos de lavado de activos en agravio del Estado.

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El expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski renunció el pasado 21 de marzo a su cargo. (Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)

El exmandatario reaccionó a la decisión judicial en su cuenta de Twitter: "No tengo nada que temer", dijo."Daré todas las facilidades del caso. Les recuerdo que recibí en dos ocasiones a los Fiscales del MP y a dos comisiones investigadoras del Congreso de la República", escribió. En la misma línea, el abogado que lo defiende, César Nakasaki, rechazó la medida indicando que su cliente "tiene voluntad clara de esclarecer su participación en esta investigación", reportó el Poder Judicial en una nota este sábado.

El fiscal del caso, Hamilton Castro, argumentó que su solicitud de prohibir la salida de Kuczynski parte de "la necesidad de efectuar una investigación preliminar en su contra por los depósitos de la empresa Odebrecht a la empresa Westfield Capital, de propiedad exclusiva del exgobernante", según informó el Poder Judicial en una nota emitida en marzo.

Justamente en diciembre de 2017, trascendió que supuestamente Kuczynski había sido socio de la empresa First Capital Partners (FCP), una consultora financiera que, según consigna la agencia estatal Andina, habría asesorado al consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht. En ese momento, el mandatario negó tal relación.

Lo que sí reconoció Kuczynski en ese entonces, durante una entrevista con RPP, fue que asesoró a H2Olmos S.A., una empresa de Odebrecht que ganó la licitación de un proyecto de irrigación llamado Olmos. “Yo no era ministro, era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional", explicó.

El 15 de diciembre de 2017, el Congreso aprobó admitir la moción de vacancia contra Kuczynski, luego de que la Comisión Lava Jato diera por hecho que el mandatario había mentido al no reportar los supuestos pagos que recibió de Odebrecht mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo. Seis días después se votó la moción de vacancia para destituirlo, pero los resultados no alcanzaron las dos terceras partes necesarias para aprobarla.

Y en marzo de 2018 llegó el segundo pedido de vacancia por parte del Congreso, pero Kuczynski renunció un día antes de que se votara . Horas antes de su dimisión, legisladores del partido Fuerza Popular denunciaron que “representantes del ejecutivo se le habían acercado para comprar su voto en contra de la vacancia del presidente Kuczynski”. Dos semanas después, en una entrevista con CNN en Español el exmandatario rompió el silencio y reiteró su inocencia frente a las acusaciones que enfrenta: catalogó las cintas de una "mentira total y absoluta". "No se les ha ofrecido ni un solo puesto ni un solo dólar, nada", dijo

Ollanta Humala (presidente entre 2011 y 2016): sin condena y libre, tras estar 9 meses en prisión preventiva

El 26 de abril de 2018, un Tribunal Constitucional de Perú falló a favor de que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia enfrenten el proceso penal que se les sigue en libertad. En julio del año anterior, el juez Concepción Carhuancho había ordenado 18 meses de prisión preventiva contra la pareja, sin que eso significara una condena.

Heredia y Humala son acusados de haber cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir pues, según el fiscal, los dineros recibidos para las campañas de Humala en 2006 y 2011 habrían sido justificados a través de falsos aportantes.

Peru's President Ollanta Humala delivers a speech during the COP 21 United Nations conference on climate change, on November 30, 2015 at Le Bourget, on the outskirts of the French capital Paris. More than 150 world leaders are meeting under heightened security, for the 21st Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21/CMP11), also known as Paris 2015 from November 30 to December 11. AFP PHOTO / BERTRAND GUAY / AFP / BERTRAND GUAY (Photo credit should read BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)

Imagen de archivo. Presidente Ollanta Humala durante su intervención en el COP21. (Crédito: BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)

Lo anterior porque, por un lado, el gobierno del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez también supuestamente apoyó económicamente la candidatura del expresidente. Y por otro lado, la empresa brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo mayúsculo de corrupción por cuenta de los sobornos que pagó para quedarse con diferentes construcciones de obras públicas, le habría entregado 3 millones de dólares para financiar su campaña de 2011.

Sin embargo, para el abogado de Humala estas supuestas pruebas no son nuevas. Por su parte, el defensor de Heredia consideró que se trata de un caso en el que ella nada tiene que decir, pues no ostentaba el cargo de la tesorera del partido que llevó a su esposo a la presidencia. La pareja se pronunció en su momento vía Twitter rechazando la decisión de ser enviados a la cárcel alegando “abuso de poder” y “arbitrariedad”.

Alejandro Toledo (presidente entre 2001 y 2006): sin condena, pero con dos órdenes de prisión preventiva; está prófugo

Aunque desde hace más de cinco meses pesa sobre su espalda una orden de captura internacional, Alejandro Toledo sigue libre y fuera del país: está en Estados Unidos. El expresidente enfrenta dos órdenes de prisión preventiva: una por el caso Odebrecht, emitida en febrero de este año, y otra por Ecoteva, producida el pasado 17 de abril. Por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña, el exmandatario es acusado de los delitos de de lavado de activos y tráfico de influencias.  El exrepresentante de la compañía en Perú, Jorge Barata salpicó a Toledo cuando le informó al fiscal del caso Hamilton Castro, quien después se lo narró así al juez, que le había entregado al expresidente 20 millones de dólares a través del empresario Josef Maiman, quien también está vinculado al caso Ecoteva. Según Barata, el objetivo de dicha coima era que Odebrecht fuera favorecida en la licitación de una obra: la carretera interoceánica.

(Crédito: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Jorge Barata decidió acogerse a la figura de colaboración eficaz de la justicia (conocida como delaciones de la justicia en Brasil) y eso ha permitido que proporcione información a las investigaciones que adelanta la Fiscalía en Perú. De hecho, el Equipo Especial del Ministerio Público decidió, por ahora, no ampliar el proceso preparatorio en su contra porque, como explicó en un comunicado citado por la agencia Andina, los datos que ha entregado han servido para implementar acciones en otros casos relacionados con el escándalo. Hasta el momento no ha dado declaraciones por fuera del marco de la justicia. Por su parte, Josef Maiman aseguró el pasado 30 de mayo durante una entrevista que está dispuesto a revelar todo lo que sabe sobre Odebrecht y del caso Ecoteva. Pero, con una condición: que se le otorgue inmunidad. La cadena oficial TV Perú reportó que días antes de esa declaración el abogado de Maiman, Julio Mazuelos, afirmó que su defendido sufría de una enfermedad terminal y le resultaba imposible llegar a Lima para enfrentar el proceso. También tiene orden de prisión preventiva, dictada el pasado 3 de julio.

El proceso judicial de Ecoteva, está fundado en la compra de dos propiedades en Lima, una casa y una oficina, que fueron adquiridas a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, y del pago de las hipotecas de dos propiedades del exmandatario. Según declaraciones y documentos que tiene la Fiscalía, todo fue adquirido por la empresa Ecoteva Consulting Group, formada en Costa Rica y de la cual Fernebug era presidenta. Según Josef Maiman, quien además es amigo de Toledo, Ecoteva le pertenece a él. La inversión fue realizada a través de un contrato de préstamo consistente en que la compañía “le entregaba 5,3 millones a Eva Fernebug para que hiciera las compras y mejoras de los bienes inmuebles”. La suegra de Toledo percibiría 10.000 dólares a la firma del contrato.

Toledo asegura que no está vinculado a ninguna de estas dos investigaciones. Tanto así que en una entrevista exclusiva con Patricia Janiot habló de irregularidades en los procesos penales que se le siguen y señaló que es víctima de una persecución política. También aseguró que ha colaborado con las autoridades pero que se rehusa a ir a la cárcel sin que su versión de los hechos sea escuchada. “Quieren una prisión preventiva sin escucharme”, insistió. Sin embargo, desde hace más de tres meses la justicia de Estados Unidos recibió la solicitud de prisión preventiva para Toledo con fines de extradición por el caso Odebrecht. La respuesta aún no ha llegado.

En cuanto a Eva Fernenbug ni ella ni su defensa se han pronunciado sobre el caso recientemente. En mayo de 2013, cuando empezó la investigación de este caso, el abogado de la suegra Toledo afirmó que ella estaba colaborando con la justicia y que podía demostrar que los recursos utilizados para comprar una residencia y una oficina en Lima son lícitos. La empresa Ecoteva tampoco ha emitido pronunciamientos.

Alan García (presidente en los periodos de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011): investigación preliminar

El pasado 31 de marzo, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra Alan García por el caso Odebrecht. El Ministerio Público tiene la lupa puesta sobre este expresidente por el delito de tráfico de influencias, pues según las autoridades se habrían presentado presiones por parte de García y otros altos funcionarios públicos para que la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima quedara en manos el Consorcio Tren Eléctrico: una empresa conformada por Odebrecht Perú y Graña y Montero SA.

El presidente Alan García durante la inauguración de la primera sección del tren eléctrico de Lima, el 11 de julio de 2011. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images/ Foto de archivo)

“La investigación preliminar tiene por objeto, principalmente, determinar si han tenido lugar los hechos denunciados y su presunta delictusoidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión”, aclaró la Fiscalía. Este proceso tendrá un plazo de ocho meses.

En ese momento, García calificó como “natural” el hecho de que fuera incluido en esta etapa procesal y aseguró que está dispuesto a colaborar en las diferentes diligencias.

En mayo pasado insistió en que no recibió sobornos de ninguna empresa durante su gobierno y que nadie lo ha podido acusar de estar involucrado en el escándalo de Odebrecht. “Se sabe que (Alejandro) Toledo pidió 35 millones (de dólares) y le entregaron 20, y a (Ollanta) Humala, hasta ahora, 3 millones (de dólares); pero jamás nadie ha mencionado coima ni cuenta corriente para Alan García, nadie ha mencionado que se le pagara nada. Ese es el hecho”, dijo en declaraciones con el medio RPP, citadas por la agencia de noticias peruana Andina. También reiteró en Twitter que recibió a todas las empresas que decían invertir en Perú, pero que “Ninguna me sobornó ni coimeó. A otros sí”.

En la misma red social, García se pronunció este viernes sobre la orden de prisión preventiva contra Humala y Heredia, diciendo que lamenta el espectáculo, aunque “usaron su poder para destruirme”.

Alberto Fujimori (presidente entre 1990 y 2000): condenado, pero en libertad por indulto humanitario

En esta imagen aparece el expresidente de Perú Alberto Fujimori durante un juicio en su contra en 2013. Para ese entonces ya había sido condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos durante su diez años de presidencia. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

El nombre de Alberto Fujimori regresó a los titulares en la víspera de Navidad de 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario. "Una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad", afirmó el comunicado de la decisión.

Fujimori, de 79 años, se encontraba en prisión pagando una condena de 25 años por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su gobierno. Además, en 2015 recibió otros 8 años de prisión por  el delito de peculado. Sin mencionar que el mes pasado, la Corte Suprema de Chile decidió que ampliaría los cargos en la extradición por Fujimori, lo que implican nuevos juicios por lesa humanidad y asociación ilícita.

 

Sin embargo, el indulto desató la polémica y el descontento en Perú: se registraron  fuertes manifestaciones en las calles. En Lima, quienes se opusieron a la decisión protestaron en la Plaza San Martín, a solo pocas cuadras del palacio presidencial. Los manifestantes se enfrentaron con la policía, quienes dispararon gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, según reportó la agencia estatal de noticias, Andina. Dos días después, las manifestaciones seguían: cantando "traidor" y "el indulto tiene que eliminarse", los opositores de Fujimori continuaron su manifestación frente a la clínica de Lima, donde el exlíder estaba siendo tratado.

Francisco Morales Bermúdez (presidente entre 1975 y 1980): condenado a cadena perpetua

Francisco Morales Bermúdez fue presidente durante la junta militar de Perú y décadas después resultó condenado por un tribunal fuera del país: una corte en Italia lo sentenció a cadena perpetua por su participación en el Plan Cóndor. La fiscalía de Roma lo acusó, junto a otros exmilitares, de matar y desaparecer a una veintena de ciudadanos ítalo-latinoamericanos en el desarrollo de dicho plan, como lo informó Andina en su momento.

Según lo explicó en un texto la abogada Cristina Blanco, coordinadora académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesora en dicha institución, un país puede juzgar crímenes cometidos fuera de su territorio por la nacionalidad de las víctimas (en este caso italianos) y cuando se trata de "graves crímenes internacionales que, de otro modo, quedarían en la impunidad". De ahí que haya sido Italia el país que profiriera la condena contra Morales.

Los otros exoficiales peruanos hacían parte “del grupo de ocho exmilitares de Bolivia, Chile y Uruguay que han sido condenados a cadena perpetua por la mencionada iniciativa, un plan de represión contra opositores a las juntas militares que gobernaban esos países entre los años 70 y 80”, añadió la agencia.

Sin embargo, en una columna de opinión publicada el 28 de agosto de 2015 en el diario El Comercio, Morales Bermúdez aseguró que Perú no participó en la operación Cóndor. “Como gobernante del Perú de 1975 a 1980, debo exponer que nuestro país no formó parte de la denominada Operación Cóndor", escribió el expresidente. El hijo del este exmandatario, Remigio Morales Bermúdez, señaló que su padre fue sentenciado de manera arbitraria por una decisión política, según fue citado por el canal oficial peruano TvPerú.