(CNN Español) - La costarricense Shirley González dice que vive el peor calvario de su vida: primero, la muerte de su hijo en un accidente, Ronald Rosales González de 22 años, y ahora una larga espera para que le entreguen el cuerpo del joven —y así poderlo sepultar—, pues el cadáver lleva cuatro días en la morgue del Complejo de Ciencias Forenses, en Heredia, por una huelga que mantienen los empleados del Poder Judicial al que pertenece.

Llorando, González dijo a CNN que es una injusticia que no se lo entreguen, que está dispuesta a pedírselos de rodillas y que deberían ponerse en sus zapatos.

Escucha el testimonio de la madre:

“Yo entiendo que están en huelga, pero más de uno debe ser padre, tienen la mitad de mi vida congelada, que me devuelvan esa mitad, se me desgarra el alma, no saben que de este lado estoy yo desesperada”, dijo.

Esta madre de Upala, en la zona norte del país, se trasladó con sus dos hijos a Heredia, provincia aledaña a la capital San José, en marzo pasado, porque en noviembre de 2016 el huracán Otto devastó la comunidad donde vivía y su casa.

Pidió traslado y con su hijo, quien encontró empleo. Eran el soporte económico de la familia. González explicó que el lugar para darle sepultura está listo en su pueblo natal y que se le agotan los días que le facilitan en el trabajo para despedirlo como corresponde. “Son siete días que me dan para el luto, llevo cuatro, ¿a qué hora voy a llorar a mi hijo? A mi familia no le van a dar esos días y tienen que trabajar, muchos se fueron, tengo el corazón en la mano, que me lo entreguen”, suplicó. González trabaja con el Ministerio de Seguridad Pública.

Orden de la Sala Constitucional

Ante un recurso de la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional le ordenó el sábado pasado al Organismo de Investigación Judicial, OIJ, realizar autopsias y entregar los cuerpos; sin embargo aún no se cumple con esto.

En conferencia de prensa este lunes, el director del OIJ, Walter Espinoza, dijo que la entidad está identificada con la orden de la Sala Constitucional y que están con las familias dolientes para que ese interés se cumpla a cabalidad. Espinoza confirmó en la rueda de prensa que el número de cuerpos acumulados en la morgue judicial ya llega a 35. A esa morgue llegan los cadáveres de quienes fallecen por causas violentas o desconocidas.

Por su parte, la Fiscalía General dijo a CNN que solicitó a Espinoza un informe sobre la situación en patología forense y que una vez que se reciba tomará las acciones respectivas.

Reunidos en en las afueras del Complejo Forense, los manifestantes dijeron a medios locales que están con las familias afectadas, pero que ejercen su derecho a huelga. En un comunicado el Frente de Organizaciones del Poder Judicial manifestó que, pese a presiones recibidas, los patólogos y técnicos forenses se mantienen en huelga, brindando servicios fundamentales. “Ellos decidieron seguir con su derecho constitucional a la huelga, como a todo el resto de los empleados judiciales, los respetamos y los acuerpamos…”, señala la declaración del conjunto gremial.

Una comisión de la Asamblea Legislativa rechazó un proyecto de ley que plantearon los empleados judiciales para reformar su fondo de pensiones. El diputado oficialista Ottón Solís dijo a CNN que el texto de los gremios no arregla el problema de sostenibilidad del régimen, porque los ingresos ya no son suficientes para pagar los gastos y el faltante cada vez será mayor. El Congreso estudia la propuesta de la Universidad de Costa Rica que, entre otros puntos, plantea mayor contribución de los trabajadores, aumentar la edad de pensión y poner un límite a los montos que se pagan por jubilación. “El texto de los gremios no corrige la situación del fondo, y esto hará que cuando haya faltantes todos los costarricenses aporten más para un régimen especifico, lo que no es justo”, expresó el legislador.

Llamado del presidente: Las leyes se acatan

Desde Hojancha, en el Pacífico Norte de Costa Rica donde realiza una gira, el presidente de la República Luis Guillermo Solís dijo vía Facebook Live que las leyes no se discuten, se acatan y que los primeros en acatarla deben ser los funcionarios del Poder Judicial.

“Aquí no hay justificación para que una orden de un juez de la República, de un alto magistrado, no sea atendida y lo que se ponga en la línea de fuego no sea simplemente un concepto abstracto, sino el dolor de las familias de decenas de personas fallecidas, que reclaman a sus deudos y que no pueden acceder a ellos porque un gremio se los impide”, manifestó el presidente.

Solís agregó que cree que la indignación en el país es absoluta y que hace un llamado firme a quienes protestan para que atiendan el clamor y tengan misericordia de los familiares de los fallecidos que hoy no pueden enterrar a sus muertos. El mandatario manifestó además, que sí se tiene que hablar de pensiones, pero no jugando con el dolor de las familias.

La huelga en el Poder Judicial se inició el pasado miércoles 19 de julio.