(CNN) - Este martes se cumple el quinto aniversario de un programa que protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados de ser deportados, pero algunos de sus simpatizantes están preocupados de que este sea el último año.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, fue implementado en 2012 bajo el gobierno del presidente Barack Obama, y durante el gobierno de Donald Trump ha continuado a pesar de la acalorada retórica de Trump en la campaña electoral.

Imagen de archivo. Un grupo de personas protesta en Washington, en febrero de 2017, contra la detención de Daniel Ramírez Medina, un beneficiario de DACA, quien dijo que fue detenido con el propósito de ser expulsado de Estados Unidos. (Crédito: JASON REDMOND/AFP/Getty Images)

Sin embargo, DACA nunca ha estado en un terreno tan tambaleante y, partidarios del programa están tratando desesperadamente de protegerlo, incluso con una marcha este martes en la Casa Blanca.

Cerca de 800.000 inmigrantes indocumentados se han beneficiado con DACA. Este programa protege a los individuos que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños de ser deportados y les ofrece la capacidad de trabajar, estudiar y conducir de manera legal. Los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, pasar una verificación de antecedentes y mantener un registro limpio.

Pero a pesar del hecho de que el gobierno ha continuado emitiendo estos permisos, las preocupaciones de que el programa pueda terminar siguen en aumento.

“DACA está bajo una grave amenaza”, dijo la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto en una conferencia con reporteros este lunes.

Diez fiscales generales estatales, liderados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, le han dado un ultimatum al gobierno de Trump: que regule DACA el 5 de septiembre, o lo llevarán a la corte. Los fiscales generales han amenazado con presentar una petición a una corte que considere un programa similar pero separado del programa de acción diferida de Obama, para padres, y también para sopesar la legalidad de DACA.

Expertos creen que dada la composición del tribunal que conoce el caso, y su sentencia anterior contra el programa de padres, los jueces involucrados podrían también anular DACA.

Si la corte permite argumentos contra DACA, el Departamento de Justicia podría verse forzado a decidir si defiende el programa. Mientras tanto, Trump ha hablado recientemente sobre la empatía que tiene con los “Dreamers” que recibieron DACA, diciendo que la elección es “muy muy difícil de hacer”, pero hizo una campaña prometiendo que anularía inmediatamente el programa.

La Casa Blanca ofreció un comunicado críptico sobre el futuro del programa, expresando solo una preocupación por la inmigración ilegal.

“La prioridad del presidente sigue siendo proteger los trabajos, salarios y seguridad de los trabajadores estadounidenses, sus familias y las comunidades, incluyendo millones de hispanos y trabajadores afroamericanos que están en desventaja por la inmigración ilegal”, dijo un funcionario del gobierno.

En la llamada con los reporteros y los receptores de DACA, Masto y la también senadora demócrata de California Kamala Harris, exaltaron las virtudes del programa, citando estimados de que la economía estadounidense podría perder cientos de trillones de dólares sin las contribuciones de los beneficiarios de DACA.

“Esto no es solo sobre lo que es moralmente correcto, no se trata solo sobre lo que es correcto en términos de luchar por los ideales de nuestro país”, dijo Harris. “También está bien y es inteligente en términos de beneficios públicos”.

Ambas son copatrocinadores de una propuesta bipartidista para volver permanente este programa a través del Congreso, conocida como Dream Act, que también es liderada por tres congresistas republicanos. Es una de los cuatro proyectos de ley que podrían codificar DACA si el gobierno fuera a rescindirlo o si las cortes lo anulan.

El Departamento de Justicia no respondió a un requerimiento de CNN para hacer un comentario sobre este tema.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una división del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el programa permanece bajo revisión.