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Venezuela

Estas son las razones por las que la exfiscal Luisa Ortega podría pedir asilo político en otro país

Por CNN Español

(CNN Español) -- ¿Qué va a pasar con la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega y su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer? Por ahora, la única certeza es que ambos están en Colombia desde este viernes en la noche, a donde llegaron provenientes de Aruba, según confirmó Migración Colombia en un comunicado.

Este lunes, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos confirmó vía Twitter que Ortega está bajo protección del gobierno colombiano y dijo que, si así lo requiere, se le dará asilo.

Tras ese tuit, el actual fiscal general de Venezuela Tarek William Saab envió tres mensajes en esa misma red social en los que dijo que "el apoyo incondicional a la exfiscal prófuga confirma que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra Venezuela" y califica lo dicho por Santos como una "afrenta" y una acción ofensiva.

Según la Cancillería colombiana, el asilo a los ciudadanos extranjeros se entrega inicialmente por cinco años y los beneficiados con esa condición pueden “ejercer cualquier ocupación legal en el país”.

Por el momento, ni Ortega ni su esposo han pedido asilo en Colombia.

MIRA: Estas han sido las críticas de la fiscal Luisa Ortega al Gobierno de Maduro

Luisa Ortega cuando fue destituida de su cargo como fiscal general de Venezuela, el pasado 5 de agosto. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images).

¿Qué se necesita para pedir asilo?

Ortega y Ferrer cumplen con uno de los requisitos que según Naciones Unidas se deben cumplir para pedir asilo político en otro país: ser perseguidos por sus opiniones políticas.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los solicitantes de asilo son personas que piden “el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva”, que tienen “fundados temores” de ser perseguidos “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas” y, por causa de esos temores, “no quieren acogerse a la protección de tal país, o hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuvieran su residencia habitual, no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran regresar a él”.

Este viernes, Ortega participó vía telefónica en un encuentro entre fiscales que se realizaba en Puebla (México), y en la conversación denunció persecución en su contra relacionada con la investigación que hizo durante su periodo al frente del Ministerio Público de Venezuela del escándalo de corrupción de la multinacional brasilera de la construcción Odebrecht.

En esa conversación, Ortega aseguró que a “64 fiscales nacionales especializados en corrupción se les dictó prohibición de salida del país sin ninguna fórmula procesal por capricho del Gobierno” y “todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht”.

“Eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones montos y personajes que se enriquecieron y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", dijo la exfiscal en esa misma conversación.

Ni el presidente Nicolás Maduro ni miembros de su gobierno han sido acusados por las autoridades y, hasta el momento, tampoco se han pronunciado al respecto.

CNN aún no puede confirmar esas acusaciones de manera independiente.

Luisa Ortega dice tener pruebas que involucran a Maduro en escándalo de Odebrecht. Más información, en el siguiente video:

Ortega fue destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto.

Fue la fiscal que estuvo al frente del caso contra el líder opositor Leopoldo López, que paga una condena de casi 14 años de cárcel tras ser hallado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio, en relación con los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos.

Ortega siempre ha dicho que defiende la Constitución promulgada en 1999 bajo el mandato de Hugo Chávez, que sería reemplazada si la Asamblea Nacional Constituyente así lo decide.

“Nosotros apenas somos una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar”, dijo en un comunicado la ahora exfiscal, cuando fue destituida.

LEE: Las 5 razones por las que el oficialismo llama traidora a Luisa Ortega Díaz

Antes de su destitución sorprendió a muchos con sus acciones legales contra la Constituyente convocada por Maduro y sus denuncias contra las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas que se han tomado las calles de Venezuela en los últimos cuatro meses.

Así, pasó de ser considerada una ficha del chavismo a ser llamada traidora por el oficialismo. Ahora, fuera del cargo de fiscal general, ha perdido la inmunidad y podría ser enjuiciada o arrestada. Cuando la destituyó, la Asamblea Nacional Constituyente también declaró que Ortega no podía abandonar el país y que sus bienes serían congelados.

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Germán Ferrer, diputado oficialista. (Crédito: FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

La situación del diputado Ferrer

En cuanto a su esposo, el diputado oficialista de la Asamblea Nacional Germán Ferrer, la semana pasada el fiscal general Saab pidió una orden de captura en su contra por supuesta corrupción y extorsión.

Según Saab, el Ministerio Público tiene en su poder varios documentos originales que son “extremadamente graves y de gran vergüenza nacional” y demuestran que sería el líder de una trama para cobrar millones de dólares de extorsión, en la que estarían involucrados otros fiscales.

En los años 60 y 70, Ferrer exguerrillero, abogado y diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que ayudó a fundarestuvo cuatro veces en la cárcel

El 4 de julio, Ferrer le dijo a CNN en Español que considera que los hechos políticos de los últimos meses en su país “violan el Estado de derecho” y configuran una ruptura del orden constitucional, “lo que quiere decir que entramos a un Estado autoritario”.

Y afirmó que temía por su integridad y la de su familia pues él y su esposa han recibido varias amenazas y son amedrentados por personas que los perseguían en autos y rastreaban sus pasos.