Nota del editor: Marc Herman es periodista extranjero de asuntos internacionales en Barcelona. Las opiniones de este artículo pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN) - Cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se levantó para hablar sobre el voto de su región en el referendo para separarse de España, pocos sabían lo que planeaba decir.

Hace tan solo dos semanas, los separatistas catalanes se enfrentaron a una abrupta vía legal para justificar la independencia.

Sin embargo, los ataques de la policía contra votantes desarmados de esa región el 1 de octubre les permitieron a los separatistas de Puigdemont ganar un argumento moral y cambiar el debate sobre la constitucionalidad del referendo —pues la Corte Suprema de España lo había prohibido— a si los catalanes tenían el derecho fundamental a la libre expresión y a la autodeterminación.

Puigdemont se levantó a hablar sabiendo que el debate ya había dejado de ser el derecho de Cataluña a su independencia. Se levantó sabiendo que podía argumentar que la aplicación de las leyes del Estado de derecho —ante los ojos de muchos observadores tanto españoles como internacionales— había cruzado la línea hacia la represión. Y calcularía que, un grupo de personas reprimidas, a juicio de esos observadores, convencerían al mundo de que se merecían seguir su camino.

Puigdemont, que hace solo dos años era el alcalde en la ciudad catalana de Girona, ha jugado las cartas astutamente. Al declarar que los catalanes ganaron el derecho a la independencia pero que primero haría un llamado a algunas semanas de debate en el Parlamento regional, está reemplazando un cuestionado voto con un modelo de proceso democrático.

Nadie debate la validez del Parlamento catalán, y el largo debate que faltaba sobre la separación ocurrirá. Cabe señalar que la primera persona en hablar después de Puigdemont este martes en la noche fue Inés Arrimadas, presidenta del partido antiseparatista Ciudadanos de Cataluña.

Pero Puigdemont sabe que su equipo ahora tendrá que defender su caso por la independencia, en vez de solo defender su derecho al voto. Los separatistas catalanes tienen que enfrentar la realidad de que una impresionante victoria política y organizativa no les ayudará a lo que está por venir.

Quedan claros problemas constitucionales tanto con el voto del 1 de octubre como de la (breve) declaración de independencia de España. Puigdemont no les ha explicado a los 8,5 millones de residentes en Cataluña los sacrificios que inevitablemente acompañan construcción de una nueva nación.

Tampoco ha explicado aún por qué su propio partido, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PeDeCAT), amigable a los empresarios, que les prometió a los votantes que Cataluña podría resistir al impacto de la independencia, no ha podido asegurar las promesas de la clase adinerada empresarial de la región.

Varias de las compañías más grandes de la región amenazaron con abandonar Cataluña en caso de que se declare la independencia unilateral. Y las promesas sobre quedar automáticamente en la Unión Europea han tenido muy poco apoyo entre el actual liderazgo de la Unión Europea en Bruselas. Y Puigdemont ha tenido que explicarles a los ciudadanos españoles fuera de Cataluña cómo la pérdida de una de las regiones más ricas del país no los condenará.

Claramente, Puigdemont tiene que hacer mucho trabajo, asumiendo que no vaya ir a prisión pronto.

Al presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, un maestro de la política de la inacción, también se le viene un caos. La pasividad estratégica, esperando que el desafío catalán se caiga por su propio peso, ya no es una opción.

Casi una década de simple repetición de que la independencia catalana es ilegal —y ahora aplicando ese reclamo con garrotes— nos ha llevado a esta crisis. Rajoy aún no ha presentado un plan B.

Y así Rajoy acuerde negociar con los catalanes, ya hay una enorme brecha en la confianza. Más allá de la reciente violencia —no por milicias sino por las fuerzas de seguridad que seguían órdenes gubernamentales— Rajoy y su conservador Partido Popular (PP) están asociado con el fracaso del último esfuerzo para encontrar un terreno común entre ambos lados.

Los eventos de este martes marcaron la culminación de un proceso que empezó en 2010 cuando Rajoy y el PP, entonces en la oposición, lanzaron un desafío legal a un pacto que se había alcanzado previamente entre Barcelona y Madrid, que le garantizaba a Cataluña una mayor autonomía.

Y si los dos lados hablan, deberán enfrentar una difícil elección.

Madrid y Barcelona podrían intentar renegociar el pacto de 2010, escribiendo una nueva receta para darle una mayor autonomía a los catalanes. Pero es difícil imaginar a Rajoy (cuya popularidad aumentó fuera de Cataluña después de que fracasó el acuerdo anterior) y a Puigdemont, un separatista de larga data, negociando ese trato.

La otra opción difícil es una reforma mucho más grande y ampliamente discutida de la Constitución española, que los separatistas la califican como un documento inconcluso, que se negoció durante los turbulentos años después de la muerte del exdictador español Francisco Franco.

España no es un Estado federado. Podría serlo. Pero es una mucho más larga y necesariamente amplia discusión. Y es probable que la mayoría de personas en España prefieran trabajar en un trato paralelo con los catalanes que poner a prueba cuatro décadas de democracia posfranquista.

Sin embargo, como quiera que termine esto, Cataluña ha mostrado que España, en algún aspecto, está rota. Su Constitución ya no funciona estrictamente en una de las regiones más grandes del país. En los próximos días Puigdemont probará cuán rota cree el mundo que está España.

La izquierda española se está estremeciendo al ver las banderas españolas en Madrid, pues durante años solo los catalanes ondeaban las suyas. En una era global del aumento del nacionalismo, las dos partes ondeando las banderas parece algo peligroso.