(CNN) – Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos despejó el camino este martes para que una adolescente indocumentada, que se encuentra detenida en Texas, pueda abortar a pesar de las objeciones presentadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. estableció que la joven de 17 años, denominada como Jane Doe para proteger su identidad, tiene derecho a solicitar un aborto sin ninguna demora. El fallo –con 6 votos a favor y 3 en contra– revoca la anterior decisión emitida por un panel de tres jueces del mismo tribunal, en la que se frenó el proceso al ordenarle al Departamento de Salud que le consiguiera un patrocinador a la menor.

A la luz de la sentencia de este martes, el Departamento de Salud debe permitir que la adolescente sea trasladada “rápidamente y sin demora” al prestador de servicios de abortos que ella escoja.

Jane Doe, quien ya tiene casi 16 semanas de embarazo, llegó a Estados Unidos sin sus padres y proveniente de un país no especificado. Fue mientras se encontraba en un refugio del Departamento de Salud que supo que estaba embarazada, según la demanda que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en su nombre.

Después de que la joven recibiera autorización judicial para poder consentir un aborto, el gobierno federal intervino y se negó a trasladarla para realizar el procedimiento, lo que provocó la demanda.

La jueza de la Corte de Apelaciones Patricia Ann Millett emitió una fuerte opinión y desafió las acciones del gobierno. “La sola esperanza del gobierno de que una menor sola y maltratada pueda hacer que el problema desaparezca al (i) renunciar a todos sus derechos legales y abandonar Estados Unidos o al (ii) encontrar un patrocinador que el propio gobierno nunca habría podido encontrar, no es una razón remotamente constitucional y suficiente para privar a (Jane Doe) de cualquier control sobre la decisión más íntima y determinante de la vida ", escribió.

Los defensores celebran la decisión

Este caso apela a dos temas que el gobierno de Trump ha venido retando: el aborto y la inmigración. Y el tiempo ha sido una cuestión urgente porque las leyes de Texas prohíben la terminación del embarazo después de las 20 semanas.

"Cada semana adicional que el gobierno demora su aborto aumenta los riesgos asociados al procedimiento", resaltó la ACLU en una solicitud de emergencia presentada el domingo. Según la organización, la adolescente no busca asistencia del gobierno para obtener el aborto, pues los representantes que nombró la corte la transportarán al centro de salud y fondos privados pagarán por el procedimiento.

La presidenta de Planned Parenthood, Cecile Richards, celebró la decisión judicial de este martes.
"Desde hace semanas, (el funcionario del Departamento de Salud) Scott Lloyd y el gobierno Trump han utilizado todas las herramientas a su disposición para evitar que ella acceda a la atención médica que se merece… Esperamos que este fallo envíe una fuerte señal al gobierno Trump. La ley es el acceso a un aborto seguro y legal", indicó Richards en un comunicado.

"Todas las mujeres merecen tener acceso a los servicios de salud básicos, incluido el aborto, independientemente de su estatus migratorio. Es indignante que el gobierno Trump y sus diversos designados sigan poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, a favor de su agenda política e ideológica extremista”, añadió.

Los antecedentes del caso

El destino de la joven ha estado rebotando en el sistema judicial por semanas enteras.

Desde que llegó a Estados Unidos ha estado bajo custodia de un refugio que atiende a los menores indocumentados que llegan a Estados Unidos sin la compañía de sus padres o tutores. Este lugar es dirigido por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud.

Como la ley de Texas exige el consentimiento de los padres o una exención judicial para que una menor pueda abortar, la joven acudió a la corte con un tutor para solicitar el permiso. Un juez le otorgó la autoridad legal para dar su consentimiento al procedimiento. Sin embargo, el refugio se negó a trasladarla, citando una política de "negarse a facilitar" el aborto.

La medida provocó que la ACLU presentara una demanda a su nombre el pasado 13 de octubre.

"Esta gobierno no tiene vergüenza ni respeto por la salud o las decisiones de una mujer", aseveró Brigitte Amiri, abogada principal del Proyecto de Libertad Reproductiva de ACLU.

"Hace semanas, nuestra clienta decidió terminar con su embarazo. Su decisión fue ignorada y ahora ha sido arrastrada a una prolongada batalla legal sobre su capacidad de obtener la atención que necesita".

El pasado 18 de octubre, un juez federal le ordenó al Departamento de Salud permitir que la niña fuera transportada por un tutor o abogado a un prestador de servicios de aborto para recibir la consejería obligatoria antes de llevar a cabo el procedimiento. Al día siguiente, un panel de tres jueces Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. emitió una suspensión administrativa contra ese fallo, con un juez en desacuerdo, para “darle a la corte la oportunidad suficiente de considerar la moción de emergencia" presentada por el gobierno.

Tras escuchar los argumentos orales, el panel de jueces estableció el pasado 20 de octubre que el adolescente sí podría abortar, pero retrasó el proceso. El fallo estableció un plazo hasta el 31 de octubre HHS para conseguirle un patrocinador a la niña.

Sin embargo, aprobar a un patrocinador podría tomar semanas o incluso meses, señaló Robert Carey, quien fue director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados desde marzo de 2015 hasta enero de este año. Según él, le proceso entero involucra muchos pasos como la identificación de los promotores, la verificación de los mismos, su relación con el menor, la verificación de antecedentes.