Nota del editor: Dan Restrepo es abogado, estratega demócrata y colaborador político de CNN. Fue asesor presidencial y director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad durante la presidencia de Barack Obama. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.

(CNN Español) - Muchos saben que el gobierno del presidente Donald Trump quiere reducir la inmigración a Estados Unidos, tanto la legal como la ilegal. Lo que es menos conocido es que en demasiadas ocasiones los deseos de cumplir promesas de campaña han tenido prioridad sobre la responsabilidad de proteger la seguridad nacional.

Esta semana la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) tienen la oportunidad de hacer las cosas bien si otorgan una extensión al Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus signas en inglés, a aproximadamente 57.000 hondureños que viven en Estados Unidos desde hace 18 años. La decisión sobre el destino de los hondureños tendrá consecuencias de largo alcance para los 190.000 salvadoreños y 59.000 haitianos que recibieron el TPS tras los devastadores desastres naturales en sus países de origen desde 1999.

El TPS permite a los beneficiados —solo aquellos que estaban en Estados Unidos en el momento de los eventos que activaron la designación— residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos por un periodo de tiempo. Mientras han estado aquí, muchos de estos individuos han establecido lazos profundos, criaron familias, pagaron impuestos (contribuyendo cerca de 690 millones de dólares a la Seguridad Social y Medicare al año). También han ayudado a estabilizar sus países de origen enviando remesas a parientes y amigos.

Cada 18 meses desde las designaciones de TPS en 1999, 2001, y 2010, gobiernos republicanos y demócratas han enfrentado la decisión de si se debe eliminar el estatus legal de estas personas y sentar las bases para una deportación masiva. En cada ocasión, se han otorgado extensiones.

La administración de Trump otorgó una extensión de seis meses para Haití a principios de este año y ahora tiene la responsabilidad de decidir nuevamente sobre Honduras, El Salvador y Haití. La decisión debe ser fácil.

Más de 100 miembros del Congreso y más de dos docenas de senadores, republicanos y demócratas, han instado a la Casa Blanca a extender el TPS para los haitianos, salvadoreños y hondureños. Más de 550 líderes religiosos y más de 120 organizaciones religiosas han puesto de relieve el imperativo moral que está en juego de “amar a tu prójimo, dar la bienvenida al extranjero, y cuidar a los más vulnerables entre nosotros”.

Además de estos argumentos humanitarios y de sentido común, hay una fuerte razón de seguridad nacional para la concesión de extensiones.

Honduras y El Salvador, que figuran entre los países con más altas tasas de homicidios per cápita del mundo, siguen siendo devastados por bandas criminales transnacionales, incluyendo las que tienen profundos lazos con Estados Unidos que facilitan el tráfico de drogas y personas y el crimen violento. La situación de inseguridad pública en ambos países contribuyó significativamente a la crisis del verano del 2014 de los niños migrantes no acompañados.

Desde entonces, tanto Honduras como El Salvador —juntos con Guatemala— han trabajado estrechamente con una amplia gama de departamentos y agencias de Estados Unidos, así como de otros países e instituciones, para ayudar a crear más seguridad ciudadana que es crítica para poner fin a la migración masiva de la región a Estados Unidos. Además, el Congreso ha reconocido que es mucho más barato y más eficaz gastar dinero previniendo la migración en sus raíces que luchar contra ello a lo largo de nuestra frontera sudoeste. Para esos propósitos, han invertido más de 1.000 millones de dólares para apoyar a la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Esta inversión está dando resultados. Las tasas de homicidio, aunque todavía altas, se han reducido en todo el Triángulo Norte, al igual que los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Paradójicamente, es casi seguro que ceder a las promesas anti-inmigrantes para cancelar el TPS exacerbaría el flujo de inmigrantes indocumentados de Honduras y El Salvador. El fin de las remesas de los beneficiarios del TPS interrumpiría las frágiles economías del Triángulo Norte. La deportación de decenas de miles de hondureños y salvadoreños desplazaría a trabajadores ya económicamente precarios en esos países, donde las dificultades económicas son la razón principal para migrar a Estados Unidos.

Dando la espalda a nuestros vecinos también podría antagonizar innecesariamente los gobiernos y las sociedades del Triángulo Norte en un momento en que las drogas que fluyen por la región siguen teniendo efectos devastadores en todo Estados Unidos. Proteger la seguridad nacional de Estados Unidos exige cooperar con estos países, no desestabilizarlos.

Igualmente, es claramente en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos evitar la desestabilización de Haití, un país que todavía trata de recomponerse después de la devastación del terremoto en enero del 2010 y la posterior epidemia de cólera, así como una serie de huracanes en años posteriores. En mayo, el entonces secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly, llegó a la conclusión de que las condiciones en Haití merecían una extensión del TPS. En el tiempo transcurrido, la isla sufrió más daños con los huracanes Irma y María.

En resumen, retornar a más de 250.000 personas a Honduras, El Salvador y Haití pondría a nativismo por encima de la seguridad nacional y socavaría los esfuerzos legítimos de reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos.