(CNN Español) - Una carta que el actual canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, envió a su contraparte argentino el pasado mes de noviembre aviva los señalamientos de presunto encubrimiento en el caso AMIA, el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 que mató a 85 personas y cuyo caso sigue impune.

Atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. (ALI BURAFI/AFP/Getty Images)

La carta confirmaría la existencia de un acuerdo entre el gobierno de la expresidenta argentina Cristina Fernández y el gobierno del expresidente iraní Mahmoud Ahmedinejad, para pedir el levantamiento de las alertas de captura internacional que pesan sobre los sospechosos del atentado.

Esta carta ahora es parte de una indagatoria judicial contra le exmandataria y algunos miembros de su gabinete por presunto encubrimiento en el caso AMIA.

 

En la carta, a la que CNN tuvo acceso y cuya traducción oficial al español fue confirmada a CNN por la actual cancillería argentina, el canciller iraní asegura que, en 2013, los cancilleres de Irán y Argentina, Ali Akbar Salehi y Héctor Timerman, respectivamente, enviaron una solicitud a Interpol para que el organismo pusiera “fin a las obligaciones de esta institución con respecto a la causa AMIA”.

Este párrafo se torna polémico porque la única obligación que sostiene Interpol sobre la causa AMIA es llevar a cabo las órdenes de captura de los responsables del ataque terrorista, así lo aclara a CNN la cancillería argentina. Irán ha intentado en varias oportunidades levantar estas órdenes de captura, hasta ahora sin éxito.

La solicitud para el levantamiento de las alertas rojas a Interpol se habría hecho en el marco del “Memorándum de Entendimiento”, un acuerdo de cooperación firmado el 27 de enero de 2013 por ambos países para investigar a fondo el atentado. Dicho acuerdo fue rechazado abiertamente por la comunidad judía argentina, que cuestiona las intenciones de Irán y de la expresidenta Fernández para firmar el acuerdo, asegurando que el verdadero propósito era encubrir a los responsables. Sin embargo, un segundo documento en posesión de la cancillería argentina aporta un señalamiento similar.

El documento muestra parte de un reporte de Interpol sobre Moshen Rezai, exmiembro de la Guardia Revolucionaria iraní y acusado por la justicia argentina de participar en el atentado. En el documento, Interpol asegura haber sido notificada de la intención de Irán y Argentina de resolver el problema de las notificaciones de alerta roja (u órdenes de captura) en “términos diplomáticos”. La existencia del documento fue reportada inicialmente por el medio argentino, Infobae.

CNN ha enviado varias solicitudes a Interpol Internacional e Interpol Argentina para verificar el contenido de este documento, aún sin respuestas. Sin embargo, Ronald Noble quién fungió como Secretario General de Interpol entre 2000 y 2014, se pronunció minimizando la revelación de estos documentos reafirmando que las alertas rojas de captura nunca fueron alteradas.

“No importa lo que diga Irán en 2017, el récord de lo que pasó en 2013 es claro: las alertas rojas de AMIA se mantuvieron sin cambios después del memorándum”. De hecho, dijo Noble, “entre 2007 y noviembre de 2014, todas y cada una de las solicitudes presentadas por Irán, realizadas antes y después del memorándum para eliminar las alertas rojas de AMIA fueron rechazadas”.

Por su parte, la cancillería argentina ha confirmado a CNN que ambos documentos —la carta del actual canciller iraní y el reporte de Interpol— fueron agregados a una acusación formal anunciada el pasado 7 de diciembre por el juez federal argentino Claudio Bonadío contra la expresidenta Cristina Fernández, el excanciller Héctor Timerman y otros miembros del antiguo gabinete presidencial, por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y por los cargos de traición a la patria.

Bonadío solicitó además el procesamiento y desafuero de Fernández, quien ahora funge como senadora, y dictó prisión domiciliaria contra Timerman.

La expresidenta rechazó los cargos durante una conferencia de prensa en Buenos Aires. Se trata de “una causa inventada sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior”, dijo. “Desde el punto de vista jurídico… es un despropósito, un verdadero exceso que busca provocar un daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la justicia y la democracia. Es un disparate jurídico”, puntualizó Fernández.

El excanciller Timerman también se pronunció, pero se limitó a decir que el fallo de Bonadío era “una vergüenza” y que “lo golpean doblemente por ser judío”.

Graciana Peñafort, quien forma parte del equipo legal de Fernández y Timerman, confirmó a CNN datos anteriormente publicados en su cuenta de Twitter donde aseguraba que sus clientes no apelarán el procesamiento del juez Bonadío.

Peñafort dice que la expresidenta Fernández y Timerman requieren la inmediata elevación a juicio oral, asegurando que “apelar implicaría una pérdida de tiempo” ya que “ni el Dr. Bonadío ni la Cámara de Apelaciones ofrecen garantías de imparcialidad”.

Sin embargo, informó que sí apelarían “las arbitrarias detenciones ordenadas” por el juez, ya que Fernández “no presenta ningún riesgo de fugarse”, y en el caso de Timerman, “la situación de salud… hace imposible suponer siquiera que pueda fugarse…”.

Las publicaciones de los documentos mencionados han despertado molestia en la comunidad judía argentina y entre los familiares de las víctimas del ataque terrorista.

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Ariel Cohen Sabban, en conversación con el canal TN, dijo que la carta del canciller iraní “es una prueba irrefutable de lo que se había denunciado y que el pacto de memorándum [con Irán] no llevaba ni a la verdad ni a la justicia”. Agregó que “es el elemento que faltaba para certificar que la denuncia del fiscal [Alberto] Nisman tenía solidez”.

El fallecido fiscal Alberto Nisman y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cohen Sabban se refiere a las múltiples denuncias contra el memorándum, contra Irán y contra el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández que el fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, hizo por varios años antes de ser hallado sin vida el 18 de enero de 2015.

Nisman había denunciado en 2013 que, a su parecer, el memorándum era un “avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”. Ese mismo año, el fiscal aseguró que el único propósito del memorándum entre Irán y Argentina era “levantar los pedidos de captura de Interpol” y acusó al gobierno iraní de infiltrar redes terroristas en América Latina. Irán rechazó la acusación de manera tajante.

Dos años más tarde, el 14 de enero de 2015, Nisman denunció formalmente a la presidenta Cristina Fernández asegurando que hubo un pacto entre Irán y Argentina, avalado por la mandataria, que pretendía encubrir a los imputados iraníes, y de “fabricar la inocencia” de los acusados a cambio de obtener intereses económicos, comerciales y geopolíticos que incluían el intercambio de granos y carne por petróleo barato para Argentina. Nisman dijo tener pruebas de lo dicho.

El gobierno argentino refutó duramente el señalamiento de Nisman y dijo que la acusación mostraba “el grado de confusión y parálisis en el que se encuentra la causa AMIA”.

Siguiendo la misma línea, el 15 de enero de 2015, el entonces canciller Héctor Timerman ofreció declaraciones a la prensa desde el palacio de gobierno donde acusó a Nisman de mentir para perjudicar a la presidenta Fernández.

“¿Cómo puede el fiscal [Alberto] Nisman mentir que la presidenta pretendía que se anulen las alertas rojas, si en mi carta reitero a Interpol que dichas alertas son responsabilidad exclusiva del juez de la causa? Como puede el fiscal [Alberto] Nisman argüir en contra del referido acuerdo de cooperación judicial cuando permitiría al juez argentino en la causa un acuerdo… que cuenta con el aval de interpol”, aseveró Timerman.

Nisman tenía previsto comparecer ante el Congreso argentino el 19 de enero de 2015 para presentar su evidencia. Esa comparecencia nunca ocurrió. El fiscal fue encontrado muerto en su apartamento en Buenos Aires el 18 de enero de 2015, cuatro días después de hacer la acusación. La investigación de su muerte aún no concluye, pero pericias policiales recientes confirmaron que se trató de un asesinato, así lo dijo a CNN el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Cristina Fernández y todo su gabinete han negado rotundamente cualquier involucramiento el caso