(CNN Español) - Aunque las FARC habían listado entre sus bienes "traperos, botas, pocillos y exprimidores de naranjas", las autoridades colombianas atestaron este lunes un duro golpe contra sus presuntos testaferros que tenían en su poder propiedades por cientos de millones de dólares.

La Fiscalía de Colombia desmanteló una red de presuntos testaferros de las FARC que tenían en su poder bienes por hasta 230 millones de dólares que servían como fachada para lavado de dinero y para abastecer a la insurgencia, según dijo la Fiscalía este lunes.

El ente investigador dijo que capturó a los propietarios de los supermercados Spercundi, Merkandrea Y Mercafusa, que serían presuntos testaferros de las FARC. Estas cadenas de supermercados tenía 60 locales comerciales en varios municipios de Cundinamarca, Tolima y Quindío, y en 10 de las 20 localidades de Bogotá. Su valor asciende a 650.000 millones de pesos (casi 230 millones de dólares), dijo la Fiscalía.

Así luce uno de los supermercados SuperCundi, los almacenes que están en varios municipios en Colombia y que, según la Fiscalía, sus dueños eran testaferros de las FARC. (Crédito: Cortesía Supercundi).

Las autoridades impusieron medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre esos bienes. Además de la cadena de supermercados hay casas de recreo en los llanos orientales, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos del país, dijo la Fiscalía.

CNN está intentando contactar a los representantes legales de los acusados.

La Fiscalía dijo que en el pasado esos supermercados eran propiedad de un comerciante del departamento de Cundinamarca que fue víctima de secuestro. Pero ahora los Mora Urrea aparecían como propietarios de estos comercios. El ente investigador dice que los integrantes de esta familia tenían contacto con las FARC desde antes de la época de la zona de distensión del Caguán, durante el proceso de paz entre el Gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC y añadió que la madre de los capturados, María Ana Bertilda Urrea de Mora, era "amiga cercana" del líder de las FARC, Jorge Briceño alias 'Mono Jojoy'.

Según la Fiscalía, dos de los capturados, Luis Alirio y Norberto Mora Urrea, frecuentaban los campamentos de los frentes 51,53 y 55 de la compañía móvil Abelardo Romero de las FARC. Y ellos mismos, agrega la Fiscalía, "habrían estado encargados de entregar a la guerrilla la información necesaria para identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país".

En un comunicado emitido este miércoles, las FARC calificaron como “espectáculo mediático” las acusaciones de la Fiscalía sobre los bienes que no fueron incluidos en el inventario entregado por ellos en 2017.

“De manera irresponsable la entidad a su cargo ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades, como supuestos testaferros de las FARC-EP, provocando además saqueos y disturbios en varios municipios”, dice el comunicado.

Según el desmantelado grupo guerrillero, estas acusaciones buscan “enlodar” la imagen del partido político.

“Todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las FARC-EP tendrán que demostrarse”, puntualizaron las FARC.

Entre tanto, a través de su página de Facebook, Supermercados Cundinamarca se pronunció a favor de la familia Mora Urrea, propietaria de la cadena de supermercados, de la que dijo que son “personas honestas, que han forjado con trabajo una empresa que hoy es el sustento de muchas familias”.

Precios bajos

Estos supermercados estaban dirigidos a sectores populares y ofrecían grandes descuentos en sus productos bajo el lema #SomosLosAmosDelAhorro, según la Fiscalía.

Por ejemplo, mientras una libra de lulo, también conocida como naranjilla en otros países, era vendida en otros comercios por 4.000 pesos (1,40 dólares), estos supermercados los vendían por menos de la mitad, en 1.900 pesos (unos 0,67 dólares). Y un morral que originalmente costaba 74.900 pesos (unos 26 dólares), se vendía en estos locales por 44.000 pesos (unos 15 dólares), dijo la Fiscalía.

Los precios de sus productos llegaban a ser incluso mucho menores a los de los fabricantes, pero aún así reportaron ganancias impresionantes: entre 2006 y 2016 pasaron de tener un capital de 1.500 millones de pesos a tener 30.000 millones de pesos (525.000 dólares a 10,5 millones de dólares)

Saqueos

Después de que la Fiscalía anunciara que tenía previsto incautar las cadenas de supermercados propiedad de supuestos testaferros de las FARC, pobladores de algunos municipios saqueron algunos de los establecimientos comerciales.

Juan Tejada, residente de Calarcá, Quindío grabo el momento cuando unas personas intentaban saquear un Supercundi. Tejada relata que no lograron entrar al establecimiento y saquearon los almacenes de los alrededores.

En redes sociales residentes de Melgar en el departamento de Tolima también compartieron imágenes de los saqueos a la cadena de supermercados.

El Secretario del Interior reconoció la alteración del orden público y pidió tranquilidad a los residentes de Melgar. José Ricardo Orozco aseguró que Fuerza Area, Policía Nacional y el Ejercito refuerzan la seguridad en la zona.

“Circula por redes sociales el rumor mal intencionado de que estamos rematando y obsequiando nuestros productos y es por ello que aclaramos que NO ES CIERTO”, dijo Supercundi en un comunicado en su página de Facebook.

La cadena de supermercados hizo un llamado a los ciudadanos para que no propicien vandalismo ni saqueos en sus sedes.

Bienes anteriores de las FARC

Esta nueva lista de bienes de las FARC no hacen parte de la lista de bienes que entregaron las FARC en agosto de 2017 luego de su desmovilización, según dijo a periodistas la directora de Fiscalía especializada en Extinción de Dominio, Andrea del Pilar Malagón.

Malagón dijo está en proceso de identificación e investigación bienes que tengan las FARC en el exterior, y agregó que entre 2011 y 2018 han sido 5.632 los bienes incautados a esa guerrilla por un valor de 2,9 billones de pesos.

En junio de 2017, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo que testaferros y servidores que se hayan enriquecido ilícitamente debían ser procesados por la justicia ordinaria, y no por la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional acordada en el pacto de La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

La extinta guerrilla de las FARC entregó un polémico inventario en agosto de 2017 en el que listó varios inmuebles que no permitía “la enajenación para el fondo de bienes o para establecer el monto de los bienes sujetos a extinción de dominio”, según dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez en ese entonces.

En ese inventario también había “3.753 kilómetros de vías” que no se podían enajenar ni servían para el fondo de reparación de las víctimas, y un concepto por "inversión social" por un poco más de 6.000 dólares relacionado con diversas operaciones quirúrgicas.

Además en el inventario de las FARC había bienes como "traperos, botas, pocillos, exprimidores de naranjas, de limones, vasos, carretillas, sartenes, sal de frutas (versión del Alka Seltzer) talcos y ‘platicos’”, que para la Fiscalía son activos insustanciales.

Meses antes el propio fiscal Martínez había asegurado que los bienes de las FARC eran de “billones de pesos (miles de millones de dólares)” entre los que había “miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados”.

En abril de 2016, la revista The Economist publicó un artículo en el que, citando a un analista del gobierno colombiano (del que no revelan el nombre), los activos de las FARC llegarían a 10.500 millones de dólares, y sus ingresos anuales variarían entre 200 y 3.500 millones de dólares.

 

- Con información de Ana Melgar de CNN en Español.