(CNN Español) - Los grupos armados organizados son una amenaza a la seguridad de Colombia y por eso el gobierno de ese país busca un camino para que estas organizaciones criminales se sometan a la justicia ofreciéndoles ciertos beneficios.

Este martes el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, presentó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Congreso, permitiría que grupos de delincuencia organizada se sometan a la justicia. La iniciativa les abre un camino a los disidentes de las FARC para que dejen de delinquir.

El proyecto —que fue impulsado por el Gobierno como parte de los acuerdos de La Habana— busca autorizar un procedimiento especial para que los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y los Grupos Armados Organizados (GAO) se sometan a la justicia a cambio de rebajas de penas de hasta el 50%, condiciones especiales de reclusión y libertad anticipada por aplicación del principio de oportunidad (libertad a cambio de colaboración con la justicia).

“Los grupos armados que colaboren con la justicia, que entreguen los menores, entre otras cosas, tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena”, explicó Botero Gil este martes, aclarando que el Estado no está creando “actos de impunidad ni acuerdos políticos” y que la ley de extradición no está en juego y sigue vigente.

Quienes se sometan a esta ley deberán expresar su voluntad de someterse a la justicia, identificar el grupo armado al que pertenecen y su zona de influencia, y entregar una lista detallada de bienes que hayan sido obtenidos con dineros obtenidos con actividades ilegales, según el proyecto de ley.

En esta foto aparecen disidentes del Frente Primero de las FARC patrullando la jungla junto al río Inírida en el departamento de Guaviare, en el suroriente de Colombia, el 26 de septiembre de 2017. Las disidencias de las FARC han creado nuevos grupos armados dedicados al narcotráfico y se han ubicado al sur del país principalmente. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

Botero Gil dijo que las disidencias de las FARC —exintegrantes de esa guerrilla que no se sometieron al proceso de paz con el Gobierno— podrían resultar beneficiados si se someten a esta ley, que aún debe enfrentar el trámite en el Congreso.

Aumenta el número de disidentes de las FARC

Los exguerrilleros que no se sometieron al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC han creado estructuras criminales dedicadas a economías ilegales como el narcotráfico. Y la amenaza ha crecido.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto José Mejía, estimó este martes que de los aproximadamente 500 disidentes que las FARC había dicho que tenía hace un año y medio, el número ya ha aumentado a 1.200 exguerrilleros que siguen delinquiendo en zonas que antiguamente dominaba esa guerrilla.

“Estos [grupos] residuales se dedican específicamente al narcotráfico… a potenciar y fortalecer las economías criminales en estas áreas y que dependiendo de la región”, dijo Mejía. “Tratan de hacer alianzas con el ELN o tratan de hacer alianzas con el Clan del Golfo, EPL o ‘Pelusos’, o ‘Los Puntilleros”, otras bandas criminales que operan en el país.

"Todos ellos viven y se nutren del narcotráfico", agregó Mejía.

En la 'Operación Astrea IV’, que combate estas organizaciones en las zonas donde antes delinquían los bloques oriental y sur de las FARC, participan en conjunto la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, según el Ministerio de Defensa.

Según un reciente reporte de Insight Crime, el negocio del narcotráfico evolucionó en la era “post-Farc”, pues aquellos que no se desmovilizaron llegaron a controlar el negocio de las drogas en el sur del país.

Las ‘FARCrim’, como las denominan los investigadores, expandieron su operación en los departamentos de Meta, Caquetá, Vichada, Guainía, Vaupés y Vichada, y zonas donde hay rutas del narcotráfico en las fronteras con Venezuela y Brasil y se cree que podrían llegar a establecer una “red criminal” que domine la red de producción de cocaína en el país.

Estos grupos residuales buscan “controlar las economías ilegales” y están afectando de manera negativa los derechos de los habitantes de sus zonas de influencia, dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un informe presentado este miércoles en Ginebra, Suiza.

Otro grupo de delincuencia organizada que podrían beneficiarse con esta ley es el temible Clan del Golfo, que aunque anunció el cese de hostilidades en diciembre del año pasado, aún sigue delinquiendo, según las autoridades.

El grupo tiene entre sus líderes a exnarcotraficantes y exparamilitares y nació tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de de extrema derecha, en el 2006. Según las autoridades, en su momento de mayor auge, año 2009, llegó a tener hasta 4.000 miembros. Hoy, de acuerdo con las autoridades, tiene 1.800. El Clan del Golfo es especialmente poderoso en la costa Pacífica y Atlántica de Colombia.