(CNN) — En una acción polémica, el Departamento de Comercio anunció el lunes que la pregunta sobre la ciudadanía nuevamente se incluirá en el Censo 2020.

La medida surge a petición del Departamento de Justicia, que lo pidió por primera vez en los primeros días de la administración del presidente Donald Trump, diciendo que era necesaria para hacer cumplir mejor la Ley de Derechos Electorales.

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La campaña de reelección del presidente Trump respaldó la idea en un correo electrónico a los partidarios la semana pasada.

"El presidente quiere que el Censo de los Estados Unidos 2020 pregunte a las personas si son o no ciudadanos. En otra época, esto sería SENTIDO COMÚN ... pero 19 abogados generales dijeron que pelearán contra el presidente si se atreve a preguntarle a la gente si son ciudadanos. El presidente quiere saber si estás de su parte", dijo el correo electrónico.

Los datos del censo se usan para determinar dónde se gastan los fondos federales y cómo se dibujan los distritos electorales, entre otros usos. El censo está destinado a contar a toda la población, no solo a los ciudadanos estadounidenses.

La pregunta planteó inquietudes acerca de que una cuestión de ciudadanía haría que las personas indocumentadas no completaran el cuestionario, lo que dejaría sin contar a una gran población, con posibles consecuencias para la próxima década y más allá.

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"Esta es una decisión arbitraria y no probada que garantiza que el censo no producirá un recuento completo y preciso de la población tal como lo exige la Constitución", dijo Kristen Clarke, presidenta y presidenta ejecutiva del Comité de Abogados para los Derechos Civiles en Virtud de la Ley.

En un comunicado, el Departamento de Comercio dijo: "La cuestión de la ciudadanía será la misma que se pide en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS, en inglés). Las preguntas de ciudadanía también se han incluido en censos decenales anteriores. Entre 1820 y 1950, casi cada censo decenal formuló una pregunta sobre la ciudadanía de alguna forma. Hoy, las encuestas de poblaciones de muestra, como la Encuesta de Población Actual y la ACS, continúan haciendo una pregunta sobre la ciudadanía".

La declaración decía que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, "determinó que obtener información completa y precisa para cumplir con este propósito legítimo del gobierno compensaba los posibles efectos adversos limitados".

La Casa Blanca defiende la decisión

La Casa Blanca, por su parte, defendió la decisión sobre el censo. La secretaria de Prensa, Sarah Sanders dijo que la pregunta "ha sido incluida en cada censo desde 1965 con la excepción del de 2010, en el que fue eliminado".

Sanders dijo a los periodistas que la pregunta proporciona datos que son "necesarios para que el Departamento de Justicia proteja a los votantes, específicamente para ayudarnos a cumplir mejor con la ley de derechos de voto, que es algo importante y parte de este proceso".

Preguntada sobre si esto podría tener un impacto desproporcionado para los estados azules, Sanders dijo: "Creo que va a regular a las personas en nuestro país y proporcionar información que nos permita hacer nuestras propias leyes, nuestros propios procedimientos".

Cuando se le preguntó si afectaría la asignación de recursos a las comunidades de inmigrantes, Sanders respondió que no, y remitió las preguntas adicionales al Departamento de Comercio.

En un artículo de opinión publicado el domingo, el fiscal general y el secretario de estado de California dijeron que la adición de la pregunta era ilegal en base a los requisitos constitucionales.

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California denuncia la medida

Progresistas, estados y defensores de los derechos civiles están preparando una serie de medidas legales como respuesta a la decisión de la administración Trump de agregar una pregunta sobre ciudadanía al próximo censo, diciendo que la medida penalizará a los inmigrantes y amenazará los derechos civiles.

Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos, el estado de California inmediatamente desafió el plan en el juzgado federal.

El procurador general de California, Xavier Becerra, y el secretario de Estado, Alex Padilla, calificaron el movimiento como antiinmigrantes y acusaron a la administración Trump de tratar de "secuestrar el censo 2020 con fines políticos".

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"La pregunta sobre la ciudadanía es el último intento del presidente Trump de avivar el fuego de la hostilidad antiinmigrante", dijo Padilla en un comunicado. "Ahora, de una sola vez, el Departamento de Comercio de EE.UU. ha ignorado sus propios protocolos y años de preparación en un esfuerzo concertado para suprimir un conteo censal justo y preciso de nuestras diversas comunidades. La afirmación de la administración de que simplemente busca proteger los derechos de voto no solo es risible, sino despreciable".

El exsecretario de Justicia de la administración Obama, Eric Holder, también arremetió contra la medida y dijo que su organización, que se centra en la libertad electoral y la redistribución de distritos electorales, también buscaría litigar contra lo que llamó una "decisión irresponsable".

Holder dijo que, contrario a la lógica presentada por el Departamento de Justicia, él y otros procuradores generales de la era moderna estaban "perfectamente" en condiciones de manejar esos asuntos legales sin una pregunta sobre el censo.