(CNN Español) – La pandemia agudiza la crisis del sistema penitenciario en Argentina, declarado en emergencia por sobrepoblación en 2019. Este viernes, una revuelta de detenidos se desató en la unidad federal de Devoto, ubicada en Ciudad de Buenos Aires, donde hace unos diez días se confirmaron los primeros cuatro casos positivos de covid-19 en el personal penitenciario, como informó CNN.
Un vocero del Servicio Penitenciario Federal afirmó a CNN que la protesta de los detenidos es en reclamo por la sobrepoblación carcelaria y la “demora” de los jueces para habilitar prisiones domiciliarias. El ministerio de Justicia encabeza una mesa de negociación con los delegados de los detenidos para intentar poner fin al motín, afirmó la cartera.
Durante la mañana del viernes, un grupo de detenidos tomó parte de las instalaciones de la cárcel y llegó hasta el techo del edificio, según constató un equipo de CNN en el lugar. Los reclusos que se enfrentaron al personal penitenciario reclaman ser excarcelados, ante la imposibilidad del sistema de garantizar el aislamiento social preventivo contra el coronavirus.
Las autoridades aseguran que están tomando medidas para prevenir el contagio del covid-19 en las cárceles federales, como la vacunación de todos los presos contra la gripe, el refuerzo de las medidas de higiene y el control de síntomas en el personal penitenciario. Además, se suspendieron las visitas.
La cárcel de Devoto es el único complejo penitenciario ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Aloja alrededor de 1.800 presos federales, todo ellos adultos mayores varones, muchos con prisión preventiva.
El gobierno argentino informó que, hasta el momento, no hay reclusos infectados en el sistema federal, donde son alojadas unas 14.000 personas y hay alrededor de 1.200 detenidos por encima de la capacidad de la cárceles. El 55% no tiene condena, de acuerdo a la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Autoridades de esta institución se presentaron en la unidad de Devoto e intentaban ingresar a la cárcel para supervisar la situación, informó un vocero del organismo de control del Ejecutivo.
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo que esta situación “se veía venir”. “Si bien el Ejecutivo ha entregado una lista de personas privadas de su libertad que podrían acceder a una prisión domiciliaria para descomprimir la sobrepoblación en el sistema. y existe una acordada de la Cámara Federal de Casación para que esto se active, lo cierto es que el Poder Judicial avanza muy lentamente en conceder estas domiciliarias”.
El CELS es uno de los organismos de Derechos Humanos que, desde hace décadas, monitorea el sistema penitenciario en el país. Tufró afirmó que el Poder Judicial “está burocratizando el proceso, como si fueran trámites de excarcelación ordinarios, cuando estamos en una situación de emergencia por la pandemia”.
El especialista también criticó la “falta de coordinación” entre el Ejecutivo y los jueces para ordenar este proceso. “Esta situación genera falta de información entre los detenidos, y eso es terreno fértil para que empiecen estas protestas”, agregó.
Voceros del Ministerio de Justicia sostienen que “se entregó al Poder Judicial una lista de alrededor de 1.200 personas, que están dentro del grupo de riesgo del nuevo coronavirus y que están en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria, pero hasta el momento los jueces han concedido muy pocos beneficios”.
Desde el máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, informaron que han emitido una acordada, instando a los jueces a conceder el arresto domiciliario a los detenidos que integren el grupo de riesgo, y a las embarazadas y madres de niños pequeños, siempre y cuando estén acusados de delitos leves y no violentos. “Depende de cada tribunal analizar caso por caso”, añadió un vocero.