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Arizona lleva a la Corte Suprema su polémica ley migratoria

Por Juan Andrés Muñoz

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo estar convencida de que la Suprema Corte de Estados Unidos levantará la medida cautelar de la polémica ley estatal de inmigración SB 1070.

Brewer pidió a los jueces levantar la orden judicial que bloquea la ejecución de ciertas partes de la ley, a las que se opone la administración Obama.

«Durante décadas, el gobierno federal ha descuidado su deber constitucional de mantener segura la frontera. Es debido a esa negligencia que Arizona se vio obligada a tomar medidas para proteger a sus ciudadanos a través de la SB 1070,» dijo Brewer.

«Estoy segura de que Arizona saldrá victoriosa de esta batalla legal», añadió.

La legislación requeriría que las autoridades locales de Arizona se refuercen para ayudar a detener y deportar a inmigrantes ilegales. El Departamento de Justicia demandó dicha acción, argumentando que sólo el gobierno federal tiene la autoridad.

El mes pasado, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve de cara con el Departamento de Justicia rechazó la petición de Brewer de implementar por completo la SB 1070.

Brewer dijo que su equipo legal decidió apelar el caso directamente a la Corte Suprema, en lugar de pedir al Circuito Nueve volver a examinar la cuestión, porque «hay mayor probabilidad de que las cuestiones legales que rodean la SB 1070 sean resueltas rápidamente y así la ley puede comenzar a hacer su trabajo».

La juez de distrito Susan Bolton bloqueó temporalmente las partes más controversiales de la ley el pasado julio, un día antes de la fecha en la que tenía programado que entrara en vigor. Estas disposiciones incluyen que los agentes de la policía local comprueben el estado inmigratorio de una persona, a la vez de reforzar otras leyes

Brewer aseguró que la decisión perjudica a la «seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Arizona,» pero la decisión de la Corte de Apelaciones confirmó la decisión de Bolton en abril.

La legislación tiene tanto partidarios como detractores. Los legisladores republicanos, como el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio y otros gobiernos se encuentran entre los inscritos de apoyo a Brewer.

Mientras que el gobierno mexicano, la Liga Anti-Difamación, la American Immigration Lawyers Association (Asociación Americana de Abogados de Inmigración) y la ciudad de Tucson, Arizona, fueron algunos de los inscritos de presentación como apoyo al Departamento de Justicia.

En su demanda, el Departamento de Justicia impugna sólo seis de las disposiciones de la ley de Arizona, los demás entraron en vigor en julio.

Entre las disposiciones con luz verde están la prohibición de las «ciudades santuario» o de los municipios con leyes y políticas que las hacen relativamente seguras para los inmigrantes indocumentados. Bolton también permitió una serie de sanciones para los empleadores que contratan a inmigrantes ilegales.

La Corte de Apelaciones, con el Departamento de Justicia, mantienen el argumento de que la política de inmigración federal —la posición oficial de Estados Unidos ante el mundo— se vería comprometida si los estados adoptan leyes de inmigración por separado. Lo que significaría que cada estado adopta su propia política exterior, lo que estaría en oposición con la política nacional.

“Si cada uno de los 50 estados tiene su propia política exterior es absurdo. Afecta la relación de la nación con otras naciones, la nación debe hablar con una sola voz», dijo el juez John Noonan de la corte del Circuito.

En febrero, Brewer anunció que había presentado una contrademanda contra el gobierno federal, en busca de la autoridad para aplicar sus propios esfuerzos de seguridad fronteriza.

En ese momento, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Matt Chandler, calificó la demanda como algo «sin mérito» que «no hace nada para asegurar la frontera».