La Suprema Corte de Estados Unidos emitió este lunes una orden para que el estado de California reduzca su rebasada población penitenciaria, una situación que “está por debajo de las normas de la decencia”, según la mayoría de los presos.
El fallo, aprobado por 5 votos a 4, ocurre en el contexto de una disputa entre el estado y las autoridades federales y se concentra en si los tribunales estadounidenses pueden intervenir y regular prisiones estatales cuando los oficiales hayan violado garantías constitucionales que ofrecen un estándar de decencia a los reos.
El asunto se redujo a un dividido debate entre la seguridad pública y las garantías individuales, una discusión que se dirige hacia cómo las tres ramas del gobierno pueden balancear los intereses del Estado.
El voto decisivo vino del magistrado Anthony Kennedy, quien describió “el daño continuo y las afectaciones resultantes de estas serias violaciones constitucionales”, que incluyen a 156.000 personas hacinadas en instalaciones correccionales diseñadas para albergar a menos de la mitad de esa población.
“El sufrimiento innecesario y la muerte han sido resultados bien documentados. Durante el curso de los años que este litigio ha estado pendiente, no hay otros remedios que hayan probado ser suficiente”, advirtió el juez Kennedy.
El magistrado Samuel Alito disintió y advirtió que ninguna liberación masiva de presos para aliviar el hacinamiento sería “jugar con la seguridad de la gente de California”.
La población de las cárceles en Estados Unidos aumentó considerablemente con las iniciativas legales que criminalizan a la inmigración ilegal.
Del 2005 al 2010 el número de mexicanos en cárceles de Estados Unidos aumentó casi 65%.
La mayor parte de reos extranjeros en las cárceles federales de Estados Unidos son mexicanos, con un 68%, según un informe de la Oficina General de Auditoría (GAO, por sus siglas en inglés).