El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recordó este viernes el aniversario de la sublevación policial que desató una crisis política y que según el mandatario fue un intento de golpe de estado.

“En sociología política latinoamericana, solamente la insubordinación de una fuerza armada ya es golpe de estado”, dijo Correa en una entrevista a propósito de la revuelta del 30 de septiembre de 2010.

“Pero recuerde que allí no solo hubo insubordinación de una fuerza armada, en este caso la policía, sino la toma del aeropuerto, el impedir que la asamblea sesione, la toma de medios de comunicación, la celebración exultan con whisky en un hotel de lujo de la ciudad por parte de la oposición, los pedidos de amnistía… lo que pasa es que les falló el intento de golpe de estado”, agregó.

“No tenemos suficientes pruebas duras, pero tenemos evidencia, tenemos datos de que se reunieron en tal lugar tal fecha, pero ¿cómo demostrarlo? Ese es el problema. Podemos saber algo, otra cosa es cómo demostrar”, declaró Correa sobre una supuesta conspiración de opositores para derrocarlo.

Hace un año, la Asamblea Nacional debatía y aprobaba el veto presidencial sobre el proyecto de ley orgánica de servicio público. Entre otros aspectos, el gobierno proponía eliminar bonos económicos por ascensos, años de servicio y condecoraciones para militares y policías.

Meses antes, los uniformados habían expresado su inconformidad con la propuesta. Sin embargo, la asamblea se plegó a la iniciativa presidencial y aprobó el proyecto el 29 de septiembre del 2010.

Al día siguiente, un grupo de militares y policías paralizaron actividades argumentando malestar por lo ocurrido en la asamblea y pedían la restitución de sus beneficios.

El presidente Correa acudió al lugar de los hechos, según dijo, para explicar a los policías el alcance del proyecto aprobado en la asamblea. La tarea fue inútil porque el ambiente parecía fuera de control. Los policías quemaban llantas, gritaban consignas y algunos ocultaban su rostro.

De pronto, el presidente Correa fue rodeado por un tumulto de gente y se lanzaron gases lacrimógenos. En su relato, el presidente dijo que fue maltratado y buscó refugio en el hospital de la policía para proteger su integridad.

Ya en el hospital, el presidente denunció que se encontraba en calidad de secuestrado porque, según dijo, la policía le impedía salir y se había fraguado una conspiración para matarlo. El oficialismo llegó a esa conclusión al relacionar varias sucesos.

“Había una desinformación, por lo tanto una planificación para desinformar. Segundo, se tomaron la asamblea. Tercero, se tomaron el aeropuerto. Hubo saqueos desde las primeras horas de la mañana. Se tomaron el canal público.. Una serie de hechos que no podemos decir representaba solo unas aspiraciones salariales de la policía”, dijo el ex ministro del Interior Gustavo Jalkh.

Las fuerzas armadas elaboraron un informe cronológico del 30 de septiembre. Allí se detalla que a las 5:30 p.m., el presidente correa señaló la ruta de su liberación.

“¿Qué dice el informe? El señor presidente en base a contacto telefónico dispone al señor ministro de Defensa y al señor jefe del comando conjunto que se proceda a rescatarlo”, declaró el asambleísta opositor Gilmar Gutiérrez.

Gutiérrez, un ex militar, asegura que la orden del presidente Correa fue una determinación fatal porque el rescate pudo haber tenido tener un desenlace trágico.

Entrada la noche, un operativo militar liberó al presidente y a su comitiva. En medio de un intenso tiroteo, un policía falleció.

Al cabo de un año, el saldo de esa revuelta fue de 10 ciudadanos muertos y 300 heridos. Además, una pregunta divide a la ciudadanía. ¿Se trató de una revuelta policial o un golpe de estado?

El veterano periodista Alfonso Espinosa afirma que tras un golpe de estado siempre hay un líder.

“Alguien que quiere tomarse el poder, alguien que quiere derrocar al presidente en ejercicio y eso no lo hemos visto hasta ahora ni lo vimos ese día. Nadie apareció portando una bandera de rebelión contra el gobierno. La justicia tampoco ha encontrado”, sostiene.

La oposición y el oficialismo parecen estar de acuerdo que está a prueba la honestidad de la justicia ecuatoriana y ambos se muestran abiertos a que una comisión internacional imparcial investigue los hechos.

(Con información de Andrés López)