(CNNMéxico) — Hace dos años, la gobernadora del estado de Arizona impulsó la ley SB 1070, con el argumento de reducir la inmigración ilegal en el estado, fronterizo con México.
Apartados controversiales, como la autoridad otorgada a la policía local para detener a cualquier sospechoso de ser un inmigrante ilegal, derivaron en un debate social, legal y político que se mantiene hasta este miércoles, cuando el Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial de EE.UU., estudia los argumentos a favor y en contra. La ley ha animado a otros estados a promulgar leyes similares.
Entre bloqueos y apelaciones
El 23 de abril de 2010, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, puso en marcha la iniciativa de ley SB 1070 o ley Apoye nuestras fuerzas del orden público y nuestros vecindarios seguros. Una corte de Phoenix suspendió las cláusulas más polémicas, una orden que fue apelada. En abril de 2011, luego de una moción presentada por el presidente estadounidense Barack Obama, un tribunal de apelaciones confirmó la suspensión de las disposiciones más polémicas.
Pero el estado de Arizona apeló, y la Corte Suprema de Estados Unidos anunció en diciembre que revisaría la ley, que permite a la policía detener a sospechosos de estar en el país de forma ilegal, y demanda que comprueben que son ciudadanos, sin causa probable.
Un asunto de “seguridad”
La gobernadora de Arizona, autora de la legislación y de la tendencia más conservadora del Partido Republicano, considera que los indocumentados se han vuelto una carga para los hospitales en el estado y que las “casas de seguridad”, donde los traficantes alojan temporalmente a su “mercancía humana” (inmigrantes ilegales), se encuentran con frecuencia en los vecindarios y ponen en peligro a la población.
Brewer defiende el principio constitucional de los estados para proteger a los ciudadanos, especialmente “cuando el gobierno federal ha fallado en sus responsabilidades”.
Arizona es el quinto estado del país con mayor número de inmigrantes indocumentados: 470.000, de acuerdo con cifras del DHS. El Censo de 2010 reveló que 29,6% de su población es de origen hispano.
Los puntos de la polémica
El tribunal de apelaciones estadounidense vetó la ley, una decisión apoyada por el presidente Obama, que la consideró una invasión de las atribuciones del gobierno federal en el área de las políticas migratorias.
Las cuatro disposiciones de la enmienda que se encuentran a la espera son:
- La exigencia de que los policías locales verifiquen el estado migratorio de una persona en caso de que exista una “sospecha razonable” de que la persona se encuentre de manera ilegal en Estados Unidos.
- Una disposición que autoriza a la policía a arrestar a inmigrantes sin orden judicial previa, siempre que exista una “causa probable” de que hayan cometido algún delito público, lo cual los lleva a la deportación del país.
- Una sección que convierte en un delito estatal el hecho de que “inmigrantes no autorizados” no porten sus papeles de registro y otras identificaciones oficiales.
- La prohibición de aplicar, solicitar o ejercer un empleo para aquellos que no están autorizados a trabajar en EU. Eso incluiría a los inmigrantes parados en un estacionamiento que esperan para realizar algún trabajo.
Una marcha en Phoenix reunió a más de 50.000 personas que exigían que se reconsiderara el contenido de la enmienda que a opinión de los manifestantes “sólo persigue a la gente trabajadora que busca una oportunidad de superarse.”
Inspiración para otras leyes antimigrantes
La migratoria de Arizona impulsó el desarrollo de otras legislaciones similares en Alabama y Georgia, que endurecen el trato a los inmigrantes y otorgan a la policía local la autoridad de deportar a los detenidos. Texas, Carolina del Sur, Nebraska, Oklahoma, Utah y Florida también promovieron iniciativas migratorias en la misma línea, y derivaron en la controversia social y legal, por el conflicto entre la competencia federal y la estatal.
El apoyo a la ley “no distingue raza, sino legalidad”
Los legisladores republicanos, el alcalde del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, han presentado documentos de apoyo a favor de la ley, el argumento se centra en que este problema “no es cuestión de raza, sino de legalidad”.
Arpaio, apodado como El alguacil más duro de Estados Unidos, se opone firmemente a la inmigración ilegal y grupos de defensa de los migrantes lo acusan de incurrir en abusos de fuerza y violaciones a los derechos humanos.
El rechazo internacional
Entre los opositores a la enmienda están el gobierno mexicano, la Liga Antidifamación, la Asociación Estadounidense de Abogados Migrantes y la ciudad de Tucson.
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se sumaron al escrito Amigo de la Corte presentado por México, en apoyo a la demanda de la administración que encabeza el presidente Barack Obama.