WASHINGTON (CNN) — La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló este lunes a favor del gobierno estadounidense en el polémico caso de la ley SB1070 contra la inmigración ilegal de Arizona
El tribunal revocó partes fundamentales de la ley en una decisión 5-3, algo que tendrá efecto en el panorama político en un año de elecciones presidenciales.
La mayoría de los magistrados llegó a la conclusión de que el gobierno federal tiene el poder para bloquear la SB1070, que daba a las autoridades locales la facultad de detener y cuestionar el estatus migratorio de las personas que crean que estén en el país ilegalmente.
“Arizona puede tener frustraciones entendibles con los problemas que causa la inmigración ilegal mientras ese proceso continúa, pero el estado no debe seguir políticas que socavan la ley federal”, según el fallo.
La Corte mantuvo una de las partes más controversiales de la ley, la que permite que la policía verifique el estado migratorio de una persona mientras hace cumplir otras leyes si hay una “sospecha razonable” de que esa persona está en Estados Unidos de forma ilegal.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, calificó la decisión como “una victoria para el imperio de la ley”.
“Luego de más de dos años de batallas legales, la parte central de la SB1070 puede ser ahora implementada en acuerdo con la Constitución de Estados Unidos”, afirmó la gobernadora en un comunicado.
El gobierno del presidente Barack Obama había argumentado que las cuestiones de inmigración eran estrictamente una función federal.
“Desde luego, el fallo de hoy no marca el fin de nuestro camino. Se pueden esperar más desafíos legales a la SB1070 y al estado de Arizona. Nuestros críticos están de hecho preparando nuevas tácticas de litigio en respuesta a su derrota en la Corte Suprema, y sin duda alegarán nuevas inequidades en la implementación de la ley”, agregó Brewer.
El fallo es probable que tenga amplias repercusiones en otros estados que tienen o están considerando leyes similares.
Hartos de los inmigrantes ilegales que cruzan desde México —y que afirman responde a la incapacidad del gobierno federal para detenerlos— los legisladores de Arizona aprobaron una ley de inmigración dura. El gobierno federal presentó una demanda, tras afirmar que Arizona se extralimitó.
La cuestión es si los estados tienen autoridad para regular los asuntos de inmigración o si esa es una función exclusiva del gobierno federal.
Durante una audiencia de abril pasado, Paul Clement, abogado de Arizona, dijo a la corte que el gobierno federal ha fallado en controlar el problema, y que los estados tienen la facultad de ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración.
Sin embargo, el abogado del gobierno de Obama, Donald Verrilli, rechazó esta afirmación, diciendo que los asuntos de inmigración están bajo la autoridad exclusiva del gobierno federal y acusó que la “interferencia” estatal sólo empeoraría las cosas.
“Si, de hecho, alguien que no tiene cabida en este país se encuentra en Arizona, ¿Arizona no tiene el poder?” preguntó el juez Antonin Scalia. “¿Qué significa la soberanía si no incluye la capacidad de defender sus fronteras?”.
Incluso la juez liberal, Sonia Sotomayor, dijo al abogado de Obama que el gobierno federal no estaba presentando correctamente sus argumentos.
Varios otros estados siguieron el ejemplo de Arizona tras la aprobación de leyes destinadas a disuadir a los inmigrantes ilegales. Leyes similares están en tribunales menores en Georgia, Alabama, Utah, Indiana y Carolina del Sur. La apelación de Arizona es la primera en llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Arizona es el corredor más transitado del país para la inmigración ilegal y el contrabando.
Las cuatro previsiones que estaban a discusión son:
- Requerir que la policía local verifique el estado legal de una persona si hay “sospecha razonable” de que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
- Una previsión autorizando a la policía local a detener a inmigrantes sin orden de arresto cuando existe “causa probable” de que cometieron algún delito que los haga deportables del país.
- Una previsión que consideraba un crimen en el estado que “inmigrantes no autorizados” carezcan de documentos de registro u otra identificación gubernamental.
- Una prohibición de que personas no autorizadas para estar en Estados Unidos apliquen o soliciten permiso para tener empleo o realicen el trabajo. Eso incluye a inmigrantes que solicitan empleo en estacionamientos.
El Departamento de Justicia estima que de los 2 millones de latinos que viven en Arizona, unos 400.000 están en el estado de forma ilegal, y que entre el 60% y el 70% de las deportaciones involucran a mexicanos.
El Centro Pew publicó un reporte en abril que encontró que la inmigración a los Estados Unidos se ha detenido.
La difícil situación económica en Estados Unidos y mejores condiciones en México, junto con deportaciones y otras medidas, han causado que muchos regresen a México.
Sin embargo, el debate continúa ya que más de 10 millones de personas no autorizadas, de México y otros países, viven en Estados Unidos.