Por Catherine E. Shoichet y Mariano Castillo
(CNN) — Las licencias de conducir y otros beneficios estatales se encuentran en el centro de una nueva batalla en el debate nacional sobre los inmigrantes en Estados Unidos.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dio la semana pasada el disparo de salida, el mismo día en que las autoridades federales comenzaron a aceptar solicitudes para un programa destinado a ayudar a decenas de miles de jóvenes inmigrantes que entraron al país de manera ilegal cuando eran niños.
Brewer ordenó a los funcionarios estatales no otorgar licencias de conducir o cualquier otro beneficio a los inmigrantes con “estatus diferido” bajo el nuevo programa federal, el cual permite a los solicitantes aceptados permanecer en Estados Unidos y trabajar en el país sin temor a ser deportados durante un periodo de por lo menos dos años.
“Muchos de estos temas son terrenos desconocidos. En este área en particular, la de cómo se trata a las personas que tienen acción diferida, existe muy poco precedente jurídico al cual atenerse”, dijo Muzaffar Chishti, director de la oficina del Instituto de Política Migratoria en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Los estados están llevando a cabo sus propios juicios”.
Eso significa que los beneficios concretos que los destinatarios ven podrían depender del lugar en donde viven. Los gobernadores de Nebraska y Texas ya han seguido el ejemplo de Brewer.
“El estado de Nebraska seguirá con su práctica de no emitir licencias de conducir, prestaciones sociales u otros beneficios públicos a los inmigrantes ilegales a menos que esté expresamente autorizado por la ley de Nebraska”, dijo el viernes el gobernador Dave Heineman.
El gobernador de Texas, Rick Perry, ha dicho que la “directiva (federal sobre inmigración) no menoscaba o cambia nuestras leyes estatales”, y escribió en una carta al procurador general del estado que las directrices federales “no confieren en lo absoluto estatus legal alguno” sobre cualquier inmigrante que cumpla con los requisitos.
Sin embargo, el estado de California mira hacia la concesión de licencias al afluente de inmigrantes indocumentados que se espera resulten beneficiados de la política federal, como en Oregon.
“Seguimos tratando de averiguar qué significa para los estados esta nueva e incierta categoría”, dijo Ann Morse, directora de programa del Proyecto de Política Migratoria en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Bajo la nueva política, las personas con menos de 30 años y que hayan llegado a Estados Unidos antes de tener 16 años, sin que sean algún tipo de amenaza delictiva o a la seguridad, y que hayan sido buenos estudiantes o servido al ejército, pueden obtener un aplazamiento de deportación por un periodo de dos años y solicitar permisos para trabajar en el país.
Presencia legal contra estatus legal
Una nota que resume la política del gobierno de Obama afirma que el programa no concede estatus legal, pero sí da un permiso de trabajo y, como es de suponerse, los beneficios que ello conlleva. La política no concede el “estatus legal”, pero otorga “presencia legal”, dijo Morse.
Las autoridades estatales, dijo, están luchando por responder una pregunta clave: “¿Qué significan estos dos términos, y de qué manera se cruzan?” Para Brewer, Heineman y Perry, los dos términos no se cruzan. “Si se necesita el estatus legal para recibir un beneficio, la persona tendrá que solicitar el estatus legal, no la acción diferida”, dijo Lucy Nashed, vocera de Perry.
Así que, si en sus estados los inmigrantes indocumentados no pudieron obtener licencias con anterioridad, no podrían obtenerlas ahora, ya que el estatus legal de los inmigrantes no ha cambiado, dice su argumento.
En algunos estados, una visa de trabajo podría ser suficiente para establecer la presencia legal y recibir una licencia de manejo, dijo Ian Grossman, vicepresidente de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados. El tema ha estado en boca de muchos funcionarios estatales, dijo.
“Definitivamente están hablando de esto. El consenso es que bueno, tenemos nuestras reglas acerca de quién es elegible para conseguir una licencia”, dijo. “Al fin y al cabo, es un documento emitido por el estado, y el estado tiene la facultad de determinar quién cumple los requisitos para obtener ese documento”.
Pero en todos los estados son distintas las normas que determinan esto. “Es demasiado pronto para calificar o pronosticar cuál podría ser o no el impacto”, dijo. Incluso en algunos estados en los que se han aprobado fuertes leyes antiinmigración ilegal, como Georgia, las licencias de conducir pueden estar disponibles para los inmigrantes indocumentados que cumplan los requisitos en el marco de la nueva política.
Bajo la actual ley de Georgia, las personas con estatus diferido pueden obtener una licencia, y eso es lo que hará el estado a menos que reciba órdenes distintas, dijo Susan Sports, voceradel Departamento Estatal de Servicios al Conductor. “Estamos en espera de indicaciones”, dijo.
¿Derecho a matricula universitaria?
La situación podría ser aún más complicada cuando se trata de la matrícula universitaria. Las políticas varían según los estados, desde las que excluyen totalmente de inscribirse a los inmigrantes indocumentados, hasta los que les conceden matrícula estatal.
En Georgia, las reglas de matrícula no son determinadas por la ley, sino por los consejos académicos, dijo Charles Kuck, abogado de asuntos migratorios en Atlanta. Una vez que estos nuevos jóvenes inmigrantes pueden conseguir números de Seguro Social y licencias de conducir, entonces pueden acceder a obtener más beneficios, dijo.
Estados como Arizona no pueden discriminar a los nuevos titulares de acciones diferidas, y al final tendrán que ceder, argumentó Kuck. Los abogados de asuntos migratorios son conscientes del problema de la licencia de manejo, pero en estos momentos están más enfocados en ayudar a los inmigrantes a presentar su solicitud para el programa de acción diferida, dijo Carolina Tapia-Ruano, expresidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
“Una vez que se apruebe a los solicitantes, entonces, como grupo, centraremos nuestra atención en cómo resolver este problema”, dijo la abogada en materia de inmigración asentada en Chicago. “Nuestra preocupación (ahora) no es si se puede conseguir una licencia de conducir. Nuestra preocupación es cómo podemos conseguir que se tenga el derecho para obtener un permiso de trabajo”.
La batalla estatal contra Washington
Pero las líneas de batalla ya están siendo trazadas en la más reciente guerra entre los estados y el gobierno federal en materia de leyes de inmigración, dijo Chishti, del Instituto de Política Migratoria.
“Los estados que han elegido el darle la bienvenida a los inmigrantes acogerán este programa por medio de sus políticas estatales, y los estados que han sido un tanto restrictivos con el tema de la inmigración y los inmigrantes verán esto como una nueva oportunidad para restringir los beneficios estatales de estos programas”, dijo.
Peter Boogaard, vocero del Departamento de Seguridad Nacional de EU, dijo que la dependencia “no comenta asuntos específicos del Estado”.
Sin embargo, a través de un comunicado señaló que el programa de acción diferida del departamento “sólo es una medida temporal”.
“El Congreso debe intervenir para dar una solución permanente que componga el fallido sistema de inmigración”, dijo. “Hasta que el Congreso intervenga, el Departamento de Seguridad Nacional se dedicará a implementar reformas inteligentes y eficaces al sistema de inmigración, las cuales permitan centrar sus recursos en prioridades comunes del orden, entre ellas los delincuentes y otras amenazas a la seguridad pública”.
En su decreto ejecutivo de la semana pasada, Brewer dijo que dar a los que cuentan con el estatus de acción diferida “acceso indebido” a los beneficios estatales y locales “tendría importantes y duraderas consecuencias en el presupuesto de Arizona, en su sistema de atención de salud y en otros beneficios públicos financian los que pagan impuestos en Arizona”
Los críticos han atacado el enfoque de la gobernadora de Arizona. “Brewer está distorsionando la ley federal e interpretando de manera inexacta la ley del estado”, dijo en un comunicado Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arizona. “Esto entra en conflicto con las leyes estatales y federales, porque, de hecho, las personas a las que se les otorga la acción diferida tendrán presencia autorizada en Estados Unidos”.
Los gobernadores de Arizona, Nebraska y Texas están “disparando justo al pie de sus economías”, dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.
“Si este asunto político sale adelante, lo que sucederá es que los creadores de empleos no podrán manejar los pequeños negocios que quieren iniciar, y esta nueva clase de contribuyentes fiscales quedarán libres de contribuir a los impuestos de sus estados”, dijo Noorani. “A nivel estatal, vamos a ver esto muy de cerca”.
Chishti, del Instituto de Políticas de Migración, dijo que la batalla podría ir a parar a los pasillos de las legislaturas estatales, o a la Suprema Corte de Estados Unidos.