El debate sobre privacidad y seguridad nacional resurge en EE.UU.

Por Bill Mears

Washington (CNN) — Muchos estadounidenses podrían estar indignados por la toma de datos de forma secreta llevado a cabo por el gobierno estadounidense en los últimos años: registros telefónicos, correos electrónicos y el uso de internet.

“Técnicamente, creo que es posible pelearlo”, dijo Steven Aftergood, de la Federación de Científicos Estadounidenses y su Proyecto sobre Secretos del Gobierno.

“Esta no es una solicitud del FBI. Esta es una orden del tribunal. Ahora es posible recurrir a otro tribunal. Es una etapa y eso necesitaría alguna justificación plausible para hacerlo. En ese sentido el gobierno no está yendo a paso desbocado. Pero todo esto se lleva a cabo a puerta cerrada y no es correcto”.

A pesar de ello, los informes publicados esta semana afirman que las agencias de inteligencia cuentan con la facultad de recolectar grandes cantidades de los denominados metadatos del gigante de las telecomunicaciones Verizon y de las principales empresas de internet, entre ellas Microsoft, Apple, Google, Yahoo y Facebook.

Las revelaciones han desencadenado un nuevo debate sobre la seguridad nacional y los intereses privados, y sobre el proceso legal secreto que pone en marcha la vigilancia del gobierno.

El presidente Barack Obama defendió públicamente el programa, al decir que su gobierno intenta equilibrar el imperativo de combatir el terrorismo y el imperativo de proteger las libertades individuales. Dice que el Congreso conoce todo sobre el tema y que existen controles legales en la práctica.

“Nadie está escuchando el contenido de las llamadas telefónicas de la gente”, si no hay un enfoque concreto en materia de seguridad nacional, dijo el viernes.

“Este programa, por cierto, en su totalidad está supervisado no solo por el Congreso sino por el Tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) un tribunal especial constituido para evaluar los programas clasificados para asegurarse de que el gobierno no esté abusando de ellos, y que funcionen en consonancia con la Constitución”.

Dos tipos de espionaje

En esencia, en el debate actual están en juego dos tipos de “aplicaciones” autorizadas para monitorear los datos.

Existen mandatos de conformidad con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera en los cuales un tribunal federal especial aprueba las solicitudes individuales para la vigilancia electrónica con “fines de inteligencia exterior”.

También existe algo más común, las Cartas de Seguridad Nacional, las cuales son independientes de una citación o de un mandato judicial. Estas se remiten directamente a una empresa de telecomunicaciones o una entidad similar, junto con un secreto sumario, para obtener información más general sobre las personas en Estados Unidos.

Esta forzosa revelación de datos sin previo control judicial es para material “sin contenido”: números de teléfono marcados o direcciones de correos electrónicos.

El proceso se lleva a cabo por completo a puerta cerrada, y es solo un lado el que plantea el caso, todo en nombre de la seguridad nacional.

Defensores del derecho a la privacidad como la Fundación Fronteras Electrónicas y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), así como los clientes individuales de telecomunicaciones, incluso unas cuantas empresas, han desafiado a los diversos programas de las agencias nacionales de seguridad, aunque no han tenido éxito en los tribunales federales.

En febrero, la Suprema Corte bloqueó una demanda acerca de un amplio espionaje electrónico a los estadounidenses posiblemente vinculados a presuntos terroristas y espías extranjeros.

Lo que se discute sobre dicho recurso legal es si los demandantes estadounidenses que tratan con clientes en el extranjero y colegas de trabajo pueden entablar un juicio si sospechan, pero no pueden saberlo con certeza, que el gobierno leía y escuchaba sus comunicaciones de carácter delicado.

La Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior fue revisada por el Congreso en 2008 para conferirles mayores facultades al procurador general y al director de inteligencia nacional para ordenar “la adquisición masiva” de tráfico electrónico de presuntos terroristas o espías extranjeros.

La ley exigía anteriormente al gobierno que justicara un interés de seguridad nacional antes de cualquier monitoreo de llamadas telefónicas y correos electrónicos procedentes de otro país. Un juez federal tiene que autorizar cualquier orden de registro.

La mayoría conservadora concluyó que los demandantes, entre los cuales había abogados y periodistas, carecían “de derecho” o jurisdicción para proceder sin pruebas de que se hubiera registrado espionaje.

Los magistrados no abordaron cuestiones más amplias sobre la constitucionalidad del programa. Esta resolución hará que sea más difícil que procedan futuras demandas.

Pero, ¿qué hay de las empresas de telecomunicaciones? ¿pueden oponerse o incluso revelar información de un mandato gubernamental para aportar los registros de los clientes o permitir la supervisión directa de servidores de tráfico electrónico?

La respuesta es quizá

El año pasado el Wall Street Journal dio a conocer que una empresa del norte de California formalmente protestó por una solicitud de ese tipo en 2011.

En documentos muy clasificados de tribunales filtrados al periódico, a la empresa sin nombre se le entregó una Carta de Seguridad Nacional por el FBI como parte de una investigación “autorizada” sobre lo que se dijo era “terrorismo internacional o actividades clandestinas de inteligencia”.

En una demanda civil presentada bajo sello de confidencialidad, el gobierno dijo que la negativa de la empresa a obedecer “interfiere con la reivindicación de EU de sus intereses soberanos en la implementación de la ley, contrainteligencia y la protección de la seguridad nacional”.

Con igual importancia, la empresa indicó que sus derechos de libertad de expresión fueron violados por secretos de sumarios que le impidieron responder públicamente al mandato o a sus inquietudes.

Un juez federal falló en contra del gobierno, el cual tiene previsto apelar.

Fue apenas la segunda ocasión que se conoce que una empresa se haya opuesto a una Carta de Seguridad Nacional.

Nicholas Merrill, propietario de un pequeño proveedor de servicios de internet llevó su caso a la corte en 2004, sin embargo, al poco tiempo el gobierno desestimó la solicitud.