(CNN Español) - La defensa del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou —investigado por un presunto tráfico de influencias—, pidió la nulidad del llamado a indagatoria de su cliente, argumentando que se le deben brindar garantías constitucionales.

Además, la defensa reclama que debe dictarse una nueva resolución con descripciones precisas.

Este anuncio sorprende por cuanto Boudou había dicho el martes que quería rendir indagatoria cuanto antes, preferiblemente la próxima semana.

Se sospecha que cuando era ministro de Economía, Boudou incurrió en tráfico de influencias y que junto al socio José María Núñez Carmona habría adquirido la empresa Ciccone Calcográfica.

Esta era la única imprenta de billetes y fue expropiada por el Gobierno.

El caso se remonta a julio de 2010, cuando una corte declaró la quiebra de Ciccone a petición del Fisco argentino por deudas tributarias. Se sospecha que Boudou habría intercedido para levantar la quiebra de la empresa con el supuesto fin de que un testaferro suyo la comprase, lo que fue negado por el funcionario.

Esta semana, un testigo clave compareció en el programa del periodista Jorge Lanata. Allí acuso al alto funcionario de haberse apropiado del 70 % de la imprenta de papel billete Ciccone Calcográfica, a través de supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, al presuntamente levantar la quiebra de la compañía.

Pero Boudou también enfrenta otra causa, como revela uno de los abogados querellantes.

Respecto al caso de supuesto enriquecimiento ilícito, Boudou y su pareja Agustina Kampfer se han declarado inocentes.

Mientras tanto el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó este lunes que el vicepresidente y citamos, se ha sometido como siempre a la Justicia.

Las opciones de Boudou tras su interrogatorio son su absolución o su procesamiento. Esto último agravaría aún más su situación judicial.

Con información de José Manuel Rodríguez