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Venezuela

Entra en vigor en Venezuela el control a la economía informal

Por CNN en Español

Por Osmary Hernández

Caracas (CNN Español)– Hace ya una semana el gobierno venezolano implementó controles a la economía informal. Desde el 23 de octubre quedó prohibida la venta de productos básicos, higiene y medicinas, entre otros, en los puestos callejeros. Algunos comerciantes y compradores consideran que las medidas y amenazas de sanciones son necesarias, pero otros las rechazan por considerar que se está violando su derecho al trabajo.

En la redoma de Petare, al este de Caracas, a plena luz del día y en medio del paso peatonal, los buhoneros o comerciantes informales tienen a la venta pañales, desodorantes, jabón para lavar ropa, leche en polvo y aceite, productos cuyo precio de venta es controlado por el gobierno en los supermercados pero que en las calles son expendidos dos, tres y hasta cuatro veces más caros. La medida busca acabar con la especulación de los precios de estos productos que forman parte de la canasta básica.

Desde el ejecutivo denuncian que también la economía informal genera escasez, en la medida en que vendedores se suman a largas filas y compran en supermercados a precios regulados el máximo de productos posibles por persona. Estos revendedores hacen cola varias veces para obtener la mayor cantidad posible y mantener su negocio en la calle. Esta forma de contrabando interno es conocida como “bachaqueo”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que “el pueblo esta indignado y que él comparte esa indignación”. Considera que “no puede ser que cuatro grupitos saquen los alimentos que se producen en Venezuela y los vendan al doble”. Advierte de que ese “ladronaje” se tiene que acabar.

Actualmente, tan sólo en Petare, trabajan unos 2.200 buhoneros, según datos registrados por la Alcaldía del Municipio Sucre. Las autoridades desarrollan una fase informativa en torno a la Ley para dar a conocer a los comerciantes de calle los alcances de la ley y las posibles sanciones que implica. A partir del primero de noviembre se desplegarán efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Superintendencia de precios y las unidades Bolívar-Chávez para verificar el cumplimiento de la Ley. Esta segunda fase incluirá multas y decomisos de mercancías.

Desde su puesto de venta de detergentes, pañales y jabón para lavar en polvo, Alexander González continúa vendiendo. Expresa desacuerdo con la medida pues asegura que este negocio representa su sustento familiar desde hace 32 años. Al mismo tiempo se pregunta: ¿Quién va a pagar las consecuencias de esta ley: El Ejecutivo Nacional o los pobres de los barrios? Se pregunta además por qué el Gobierno no habla de la droga sino del contrabando de alimentos y medicinas. La ley equipara las penas para el contrabando de alimentos y medicinas a las del narcotráfico.

Unos pasos más allá del puesto de Alexánder González, Dagoberto Medina, también comerciante de calle opina lo contrario. Respalda la iniciativa gubernamental y considera que deben arremeter duro contra quienes vendan a sobreprecio. Asegura que esos precios golpean directamente el bolsillo y se hacen excesivos para los padres de familia que ganan el sueldo mínimo. Finaliza asegurando que quienes especulan juegan con la necesidad del pueblo.

Carmen Guatacha lleva 52 años como buhonera. Destaca que como ella muchos vendedores informales gastan dos o tres horas en cada cola que hacen para adquirir los productos básicos y que ese esfuerzo lo recuperan con el precio final que fijan. Por eso no pueden vender al precio regulado. Recuerda que al final del día ellos ofrecen la posibilidad de obtener un producto que escasea en los anaqueles y sin cola.

Según el Instituto Nacional de Estadística, unos 5,4 millones de personas forman parte de la Economía Informal.El economista Orlando Ochoa recuerda que se trata de una actividad ilegal ya que no pagan impuestos y carecen en su mayoría de seguridad social. Sin embargo, asegura, que esta medida desconoce la realidad social del país pues consideran que en un país con control de cambio, en el cual los dólares son controlados por el gobierno, sin el sector informal difícilmente se tiene acceso a divisas para importar y vender mercancía y ahora tampoco tendrá acceso a vender productos regulados.

Se pregunta entonces qué va a a pasar con esa población que representa 40% de trabajadores de la población económicamente activa de Venezuela. Ochoa considera que no es la actuación de estos comerciantes la principal causa de la escasez sino los controles de cambio, de precios y la falta de incentivos al sector productivo del país.

Quienes incurran en delitos de contrabando podrían ser condenados a penas entre 10 y 14 años de cárcel. Si el infractor es naturalizado, podría perder la nacionalidad venezolana y si es extranjero, la residencia. Un importante número de estos vendedores ambulantes son de origen colombiano, peruano y ecuatoriano.