Por Krupskaia Alís, CNN

Ciudad de México (CNN Español) – El presidente de México, Enrique Peña Nieto, manifestó que las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre llegarán “tope donde tope”.

Ese día, seis personas murieron, más de 20 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron secuestrados, según las autoridades, por policías municipales y sicarios del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

No pocos en México se preguntan dónde topa un hecho de tal violencia. ¿Bajo qué amparo pudo operar de esa manera la delincuencia organizada?

¿Qué condiciones se gestaron para que se produjera una acción que, para muchos, no fue ni fortuita, ni aislada?

Muchas de las respuestas están en Guerrero mismo, dice Narciso Ramos, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

“Guerrero siempre ha sido un estado de mucho conflicto, donde el narco impera por todas partes. El gobierno los tiene ubicados perfectamente, quiénes y quiénes trabajan en cual lugar”, sostiene Ramos.

Guerrero se ubica al sur del país y, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es el segundo estado donde viven más personas en pobreza extrema, el 31,7% del total de la población.

Pero también es la zona en la que, según la Secretaría de la Defensa, se cultiva el 60% del total de la producción de amapola en el país.

Para José Reveles, periodista y especialista en temas de seguridad, la combinación de pobreza y las ganancias ilícitas que generan no sólo la producción de amapola, sino también su procesamiento, han originado un círculo vicioso, donde en muchas zonas, no sólo la delincuencia ha corrompido a las autoridades, sino que los que gobiernan son miembros del propio crimen organizado.

Un claro ejemplo, asegura Reveles, es Iguala y lo ocurrido con su alcalde, José Luis Abarca, supuesto autor intelectual de la desaparición de los estudiantes.

“Es la toma de una zona, a partir de una Alcaldía que ya no fue corrompida cuando estaba el presidente municipal en turno, o el candidato, sino que ya venían de la delincuencia organizada, y compraron una especie de franquicia, bajo el paraguas del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”.

Ese entramado de complicidades, señala, abrió paso a la violencia extrema, a la impunidad y a hechos trágicos, como los ocurridos en Iguala, por los que hasta ahora, hay aproximadamente 40 policías municipales detenidos.

En ese contexto, ¿llegará la justicia “tope donde tope”?

De acuerdo a una encuesta nacional de Parametría, el 66% de los entrevistados dijo que no, mientras que un 26%, confía en que si.