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Estados Unidos

Informe de tortura: Estados Unidos enfrenta duras realidades

Por Álvaro Valderrama

Por Tim Lister

(CNN) — Vergüenza para los aliados y munición para los enemigos… pero no hay recomendaciones establecidas para el futuro trato de los presuntos terroristas que se toman como prisioneros. Parecería que el informe que el Comité de Inteligencia del Senado (o al menos sus miembros demócratas) publicó acerca de la tortura de los detenidos solo trajo una gran cantidad de problemas.

El presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara, Mike Rogers, le dijo a CNN que publicar el informe fue “una idea terrible” y dijo que “líderes extranjeros se acercaron al gobierno y dijeron: ‘Hace esto ocasionará violencia y muertes‘”. Él no era el único que temía una reacción global visceral.

5 técnicas de tortura de la CIA

Sin embargo, la reacción del extranjero ha sido —en gran medida— el silencio, tanto entre los aliados de Estados Unidos como entre sus enemigos. Ninguna de las principales filiales de Al Qaeda (a partir de la madrugada del miércoles) había tratado de explotar los detalles a menudo gráficos del informe. Las cadenas panarábicas de televisión se centraron en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, más que en las intensas coberturas en vivo desde Washington.

Definitivamente, las redes sociales se encendieron… y hubo muchos comentarios por parte del mundo musulmán. Uno de los cientos de tuits similares leía: “Esto es solo lo que los kuffar están reconociendo al público, después de esconderlo durante muchos años. ¿Pueden siquiera imaginar lo que aún esconden?”

Pero el denso texto y las notas de pie de página no eran tan emotivas —ni podían ser trasladadas con tanta facilidad— como las imágenes de abuso a los detenidos de la prisión de Abu Ghraib, las caricaturas del profeta Mahoma o el video del Corán siendo quemado. Y la historia de las “técnicas de interrogación reforzadas” por parte de la CIA no eran nada nuevo, aunque algunas de las técnicas sí lo fueran.

Al estar muy censurado, el informe no menciona a ninguno de los países —se cree que han sido al menos ocho— donde los interrogatorios de la CIA se llevaron a cabo, ni otras formas de cooperación de los aliados en el programa de rendición. En Gran Bretaña, un miembro conservador del Parlamento, Andrew Tyrie, le dijo lo siguiente al Daily Telegraph: “Es imposible decir cuánto se ha censurado o reducido el informe, y cuánto se ha omitido, para conocer el grado de participación de otros países, en particular el aliado más cercano de Estados Unidos, el Reino Unido”.

En un informe de 216 páginas publicado el año pasado, Open Society Justice Initiative, una organización por los derechos humanos con sede en Nueva York, dijo que “las operaciones secretas de detención y las operaciones de rendición extraordinaria, diseñadas para llevarse a cabo fuera de los Estados Unidos de manera discreta, no podrían haber sido implementadas sin la participación activa de los gobiernos extranjeros”.

Y la publicación de la investigación del Senado una vez más ha arrojado luz sobre el alcance internacional del programa de rendición de la CIA, y ha despertado nuevamente el interés en el papel de los gobiernos europeos y otros en albergar los llamados “sitios negros”, donde se llevaban a cabo interrogatorios y en permitir sobrevuelos de rendición.

Un miembro del parlamento europeo, Alyn Smith, tuiteó lo siguiente inmediatamente después de que el informe fuera publicado: “Ahora es necesario hacer preguntas en la UE acerca de lo que nuestros gobiernos sabían, o deberían haber sabido”.

El Parlamento y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya han investigado muchos casos. El Tribunal emitió una decisión bastante crítica en contra de Polonia este año, concluyendo que “prácticamente facilitó todo el proceso, creó las condiciones para que sucediera y no hizo ningún intento para impedir que ocurriera”.

Adjudicó daños sustanciales en contra de Polonia hacia dos detenidos que presuntamente habían estado cautivos ahí: Abu Zubaydah, sospechoso de manejar una instalación de al Qaeda en Pakistán, y Abd al-Rahim al-Nashiri, quien supuestamente estuvo involucrado en el ataque contra el USS Cole. Polonia apelará el veredicto.

Casos contra Rumania y Lituania, países que según se dice, también albergaron “sitios negros”, están pendientes ante el Tribunal.

Por muy perjudicial que pueda parecer el informe para la posición internacional de Estados Unidos, los partidarios de la publicación del informe dicen que este demuestra que Estados Unidos examina y reconoce sus errores… como lo hizo con el escándalo de Abu Ghraib.

La senadora Dianne Feinstein, quien preside el Comité de Inteligencia y fue la fuerza que impulsó la publicación del informe, dijo que este demostraba “el espíritu de una sociedad justa que vive bajo la ley, y que cuando cometemos errores lo admitimos, los corregimos, y seguimos adelante”.

El mismo sentimiento había en la Casa Blanca y en Downing Street en Londres, donde el primer ministro británico, David Cameron, dijo que la publicación del informe era un recordatorio de que “no tendremos éxito si perdemos nuestra autoridad moral, si perdemos las cosas que hacen que nuestros sistemas funcionen y que los países alcancen el éxito”.

Pero la publicación del informe ya se ha convertido en una lanza para los críticos del gobierno de Cameron. Al escribir en el diario The Guardian, el columnista Simon Jenkins dice: “Los ciudadanos deben saber qué es lo que se hace en su nombre, incluso si toma tiempo. A Estados Unidos le ha tomado más de una década. Gran Bretaña aún está esperando el informe de Chilcot en relación a Iraq”.

La investigación de Chilcot, la cual debía haber presentado un informe hace tres años, ha estado examinando las razones dadas para que Gran Bretaña se uniera a la invasión de Iraq en 2003, pero su publicación ha sido retrasada por las solicitudes de miles de documentos confidenciales del gobierno, entre ellos las comunicaciones entre el presidente de Estados Unidos., George W. Bush, y los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown del Reino Unido.

Una cuestión de liderazgo

Estados Unidos tiene un largo historial de oposición a la tortura de cualquier forma o por cualquier propósito. El presidente Ronald Reagan envió la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura al Senado de Estados Unidos en 1988, y le pidió que proscribiera esta “práctica aberrante”; esta fue ratificada en los primeros días del gobierno de George H. Bush.

Pero, años más tarde, durante el gobierno de su hijo, el presidente George W. Bush constantemente argumentó que “las técnicas de interrogación reforzadas”, como se les conocía de manera eufemística, no equivalían a tortura. Pero las revelaciones mencionadas en el informe del Senado no dejan dudas en cuanto a que por lo menos algunas de las prácticas, según los estándares internacionales, serían definidas como tortura.

Desde entonces, muchas personas —en ambos lados del espectro— han hablado del riesgo mortal involucrado en sobrepasar los límites de los interrogatorios y las consecuencias para el liderazgo estadounidense.

El Comité de Servicios Armados del Senado concluyó en 2008 que el “liderazgo estadounidense en la lucha contra la tortura ayuda a construir sociedades e instituciones democráticas en el extranjero… donde a menudo, la tortura se utiliza para reprimir y destruir las libertades democráticas”.

El Comité añadió: “El liderazgo global de Estados Unidos contra la tortura tiene serias repercusiones para el movimiento de tortura y la recuperación de los sobrevivientes alrededor del mundo”.

Cuando era secretario de Estado, el general Colin Powell argumentó que los Convenios de Ginebra deberían ser aplicados en Afganistán. En 2002, le escribió al Consejo del presidente George W. Bush que si los Convenios eran ignorados, los “europeos y otros probablemente tendrán problemas legales con la extradición u otras formas de cooperación en la aplicación de la ley, entre ellas llevar a los terroristas ante la justicia”.

Habría un “alto costo en términos de una reacción internacional negativa, con consecuencias adversas inmediatas para la forma en la que llevamos la política exterior”, dijo.

Powell perdió el debate interno, pero las conclusiones de la Comisión del 11 de septiembre sugirieron que se debió prestar atención a su consejo.

La Comisión dijo que “las acusaciones de que Estados Unidos cometía abusos contra prisioneros que tenía en custodia hacía que fuera más difícil formar las alianzas diplomáticas, políticas y militares que el gobierno necesitará” y recomendó que Estados Unidos “comprometa a sus aliados a desarrollar un enfoque común de la coalición hacia la detención y el trato humano de los terroristas capturados”.

Eso no ha sucedido, según la unidad Task Force on Detainee Treatment de la organización Constitution Project, cuyos miembros incluían al subsecretario de Estado, Thomas Pickering, y al exdirector del FBI, William Sessions.

El año pasado informó que Estados Unidos no había logrado dar “pasos significativos y permanentes” para encontrar un enfoque común en el trato y la detención humana de posibles terroristas. También hizo eco de la recomendación de la Comisión para que Estados Unidos recurriera al Artículo 3 de los Convenios de Ginebra sobre la ley del conflicto armado.

Pickering, cuya carrera diplomática abarcó cinco décadas, dijo que esperaba que el informe fuera una rendija decisiva para abrir la puerta hacia nuevas leyes en el Congreso que reforzarían la prohibición de la tortura. Él desestimó la posibilidad de la violencia como una razón para no publicar el informe. “Si ellos logran influenciar la política estadounidense amenazando a las embajadas y al personal estadounidense, entonces habremos perdido el juego”, le dijo Pickering a CNN.

Pickering, miembro del panel de la organización Constitution Project, dijo que el informe presentó todo tipo de cuestiones que requerían la atención internacional, tales como la ética médica en el trato de los detenidos y la alimentación forzosa.

Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, dijo que también debe haber procesamientos. “Las personas responsables de la conspiración criminal revelada en el informe deben ser llevadas ante la justicia, y deben enfrentar sanciones penales proporcionales a la gravedad de sus delitos”.

“Esto se aplica no solamente a los autores materiales sino también a los funcionarios de alto nivel dentro del gobierno de Estados Unidos que idearon, planificaron y autorizaron estos crímenes”, dijo Emmerson en un comunicado.

El movimiento global Amnistía Internacional estuvo de acuerdo, diciendo que el procesamiento “no es una sutileza política, es un requisito en virtud del derecho internacional”, mientras que el director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, Kenneth Roth, dijo que la tortura podría continuar siendo una “opción política” para los futuros presidentes a menos que los funcionarios hayan sido procesados.

Pickering tiene sentimientos encontrados en cuanto a los procesamientos. Los funcionarios federales hacen un juramento de defender la Constitución, pero a muchos se les aseguró que estaban actuando legalmente. Y él no es partidario de hundirse en lo que él llamó “la ruta de América Latina”, mediante la cual un presidente encarcela a su predecesor.

“Algunas personas efectivamente necesitan ser llevadas a juicio porque algunas de sus conductas no concuerdan en absoluto con nuestros valores”, dijo. “Pero poner como ejemplo a unas cuantas personas sería contraproducente”.

Tanto el presidente Obama como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han dejado claro que se oponen a los procesamientos.

Thomas Pickering desearía que la transparencia mostrada por la publicación del informe del Senado hubiera sido aplicada hace 11 años, cuando la Oficina de Asesoramiento Legal presentó sus controvertidos memorandos, uno de los cuales concluyó “que las leyes federales contra la tortura, asalto y mutilación, podrían no aplicarse a los interrogatorios de los sospechosos de terrorismo en el extranjero”.

Si esa visión hubiera salido a luz y hubiera sido ampliamente discutida, podría no haber sido necesario que el Senado redactara un informe de 6.000 páginas.