¿Por qué hay tantos criminales entre los estadounidenses?

Evan Feinberg es el presidente de Generation Opportunity, un grupo de defensa de la juventud que promueve menos gobierno y más libertad. Las opiniones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN)- La reforma de la justicia penal se está convirtiendo rápidamente en una de las pocas cuestiones bipartidistas de nuestro tiempo. Ya era hora.

Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, con un 5% de la población mundial y 25% de sus prisioneros. Casi 2,5 millones de estadounidenses están en prisión. Más de 65 millones de personas, o el 20% del país, tienen antecedentes penales. Lo más inquietante es que casi el 40% de los presos de nuestro país son afroamericanos, quienes solo representan el 13% de la población general.

Llegó el momento de que los legisladores aborden esta crisis de la justicia penal de manera directa. Debemos cambiar el funesto statu quo. Debemos comenzar por hacernos una pregunta sencilla: ¿por qué hay tantos delincuentes entre los estadounidenses? Tan solo enfoquémonos en Washington, un estado que ha pasado los últimos 50 años trazando el código penal más complicado —y sin sentido— conocido para el hombre.

El código penal federal incluye más de 4.500 leyes y la cifra sigue en aumento, sin mencionar las regulaciones gubernamentales para las que hay sanciones penales. La lista de crímenes federales es tan larga, tan amplia y tan vaga que probablemente tú y yo cometemos tres delitos graves por día, sin darnos cuenta de que estamos quebrantando numerosas leyes federales mientras realizamos nuestras actividades cotidianas.

Con razón la población de las prisiones estadounidenses está fuera de control. Los estadounidenses no somos adictos a la delincuencia; nuestros políticos son adictos a criminalizar las cosas.

Lamentablemente, la criminalización de los estadounidenses también los atrapa en la pobreza. Según Pew Charitable Trust, la encarcelación conduce a una reducción en los salarios (una caída del 11%), los empleos (nueve semanas se pierden anualmente) y los ingresos en total (40% al año). Algo que empeora las cosas es que más de la mitad de los prisioneros nuevos se encuentran en o por debajo de la línea de la pobreza y tres cuartos de los exprisioneros son enviados de vuelta a la cárcel en cuestión de cinco años después de haber sido liberados.

Mi generación en particular está en una situación de desventaja. Los jóvenes adultos representan el 10% de la población y sin embargo, componen el 29% de los arrestos del país. Los jóvenes afroamericanos están particularmente en riesgo: ellos tienen 15 veces más probabilidades de estar en prisión que los blancos. No es de extrañarse entonces que los jóvenes de 18 a 29 años de edad tengan el nivel de confianza más bajo que cualquier grupo de edad en relación a que nuestro sistema de justicia trata a todos de manera equitativa.

Por suerte, existe un consenso bipartidista en Washington respecto a que es necesario hacer algo, y pronto. Por un lado, los grupos de derechos civiles y sus aliados en el Congreso durante años han estado pidiendo que se mejore el sistema penal. Por el otro, políticos desde Paul Ryan hasta Rand Paul ahora recomiendan lo mismo.

Si los políticos hablan en serio, deberían considerar tres áreas específicas a reformar:

1. Reducir el castigo para los crímenes no violentos

Los políticos deberían considerar reducir los delitos no violentos de delitos graves a delitos menores, y ponerle fin a las sentencias obligatorias para los crímenes no violentos. La infructuosa guerra del gobierno federal contra las drogas ha llevado a castigos injustos para los infractores no violentos en materia de drogas que cometieron errores en la juventud.

Mientras algunas políticas podrían haber tenido sentido en la década de los ochenta y noventa, ahora es más lo que perjudican que lo que benefician. Quienes están involucrados en la compra o venta de pequeñas cantidades de droga no deberían ser sometidos a años o décadas en prisión por sus crímenes. Y de manera más general, los jueces deberían tener la libertad de ajustar sus fallos a los datos y detalles específicos del caso... y a la persona que se encuentra delante de ellos.

2. Reconstruir el respeto entre las comunidades y la policía

Los mandatos y decretos únicos desde Washington —desde las leyes respecto a las drogas, hasta la incautación de activos civiles y las órdenes judiciales sin notificación previa— crean divisiones entre la policía local y la comunidad a la que sirven. Las prácticas, políticas y programas que crean una desconfianza e intranquilidad innecesarias deberían ser eliminadas.

Lo mismo ocurre con la militarización de la policía, lo cual ha ocurrido en gran parte porque Washington le ha proporcionado armas y herramientas a la policía local cuyo uso es inapropiado en las comunidades locales. Dejar que las comunidades locales establezcan sus propias políticas sobre la aplicación de la ley tendrá resultados positivos hacia restaurar la confianza que ahora mismo parece casi inexistente.

3. Darle a los exinfractores no violentos una segunda oportunidad

Demasiados convictos reformados vuelven a prisión porque ellos enfrentan insuperables barreras que les impiden vivir una vida normal. Los legisladores pueden empezar a resolver esto al fomentar un mayor cierre y eliminación de los antecedentes penales para los infractores jóvenes y no violentos, lo que le daría a las personas que cometieron errores una mayor oportunidad de encontrar trabajo y reincorporarse a la sociedad. Reducir las barreras de autorización y restablecer los derechos de voto para quienes tengan antecedentes penales también debería ser considerado.

Esta lista es solo un punto de partida; sin embargo, nuestros funcionarios electos podrían —y deberían— asumirlo rápida y fácilmente. En nuestra era de hiperpartidismo, deberíamos enfocarnos en las pocas cosas en las que los estadounidenses están de acuerdo. Arreglar el sistema de justicia penal de nuestro país debería ocupar el primer lugar de la lista.