Kluivert Roa murió el 24 de febrero durante una manifestación en San Cristóbal, Táchira. (George CASTELLANO/AFP/Getty Images

(CNN Español) - Condenaron a 18 años de prisión a un agente de policía de Venezuela por su responsabilidad en la muerte de Kluivert Roa, un joven de 14 años que participaba en una protesta en San Cristóbal contra el gobierno de Nicolás Maduro en febrero.

Se trata del policía Javier Mora, quien según la Fiscalía admitió su responsabilidad e incurrió en delitos de homicidio intencional calificado, uso indebido de arma y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales.

Roa murió tras recibir un impacto en la cabeza con munición de goma mientras se desarrollaban protestas opositoras rechazando la escasez de productos básicos y condenando los altos niveles de criminalidad en Venezuela.

Mora Ortiz, de 23 años, fue detenido horas después de los hechos.

En marzo, el papa Francisco hizo un llamado para rechazar la violencia en Venezuela y mencionó a Kluivert Roa.

"Deseo recordar también a Venezuela, que está viviendo de nuevamente momentos de tensión aguda. Rezo por las víctimas y, en particular, por el chico asesinado hace unos días en San Cristóbal", dijo el sumo pontífice católico.

Vivian Núñez, madre de Kluivert, dijo que una bala causó la muerte del adolescente, no un perdigón. El padre del adolescente asesinado asegura que su hijo no era ni chavista, ni opositor.

Los manifestantes de San Cristóbal entregaron a las autoridades ministeriales un documento en el que pidieron justicia para el adolescente fallecido y que se derogue la resolución que permite a las fuerzas de seguridad el uso de armas letales en manifestaciones violentas.

El Gobierno insiste en que la muerte del adolescente se debe a una actuación individual y no a una política de Estado.

En enero, el gobierno de Maduro emitió la resolución 008610 que habilita el "uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal" —como último recurso— para "evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios".

Organizaciones como Human Rights Watch rechazaron la resolución.