(CNN Español) - El gobierno de Perú y los sindicatos mineros lograron un acuerdo para instalar un comité técnico de alto nivel que encuentre una salida a la situación que se vive en el complejo metalúrgico de La Oroya.

Esto ocurrió horas después de que el Ejecutivo autorizara la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía tras los enfrentamientos del martes en la localidad.

Los mineros exigen la emisión de un decreto de urgencia que asegure la protección laboral de los trabajadores y que se declare a la ciudad en situación de emergencia.

"Un estado de emergencia lo único que hace es suspender derechos, y no apuntamos a eso", dijo Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas.

En diálogo con Patrcia Janiot, la ministra de Energía y Minas señaló que el objetivo era levantar el bloqueo, pues constituye un delito. "Hemos acordado hacer los mejores esfuerzos para sacar a La Oraya de este problema", dijo.

"Nuestro plan sigue siendo que el complejo La Oraya pueda reactivarse", señaló Ortiz.

El gobierno peruano había autorizado la intervención de las Fuerzas Armadas en el departamento de Junín para evitar nuevos actos de violencia como los que el martes quitaron la vida a una persona e hirieron a otras 61.   Los hechos violentos ocurrieron cuando la policía intentaba restablecer el tránsito en una carretera interrumpida por manifestantes que protestan contra un probable cierre de la refinería de La Oroya.

Demandas laborales ante restricciones ambientales

Los manifestantes piden que el Estado sea menos exigente en los limites de emisión de gases que emana el complejo metalúrgico de La Oroya porque creen que así alguien se interesará en comprarla.

Manuel Pulgar Vidal, ministro de ambiente, señala que “lo que tenemos hoy día es una planta absolutamente obsoleta”.

Cerca de 1.600 trabajadores han sobrevivido a sucesivas reducciones laborales desde que la empresa Doe Run Perú, filial de la estadounidense Renco, se declaró en quiebra el 2009.

Por acuerdos laborales, reciben el 50 % de su sueldo y aunque por ley al ser acreedores serían los primeros en recibir el dinero de una liquidación, su objetivo es que la refinería vuelva a operar.

“¿Queremos permitir por una cuestión laboral que haya emisiones de 1.200 microgtamos de SO2 diario? Yo personalmente como ciudadano peruano y como ministro de Ambiente, diría no”, dijo.

 

Richard Almerco, abogado de los trabajadores, señala que el Estado “debería tomar el toro por las astas y tomar decisiones que alienten la inversión en la próxima subasta publica”.

El Estado, primero en la lista de acreedores, contrató una empresa liquidadora que puso en las bases de la subasta que los postores debían emitir un máximo de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cubico al día, muy por debajo de los 370 en promedio que dejó Doe Run. Nadie se presentó.

Arbitraje internacional

Según Almerco, “cualquier inversionista —además de comprar los activos de Doe Run— tendría que invertir mínimo 650 millones de dólares en adecuarse a esta cifra y eso definitivamente parece, más otro tipo de requisitos, que no ha funcionado, no ha pegado”.

Esa flexibilización es imposible, según el ministro de Ambiente, debido al arbitraje internacional iniciado en abril del 2011 en Estados Unidos por Renco contra el estado peruano.

“No solo no se va a flexibilizar, por una razón ambiental, sino que si nosotros flexibilizáramos esa exigencia, perderíamos el arbitraje que ha planteado Renco en Missouri contra el Estado peruano porque le estaríamos dando un trato discriminatorio que va contra los acuerdos de comercio de Estados Unidos en el concepto de inversiones”, explica el ministro Pulgar Vidal.

“El concepto que yo tengo es que perderíamos 500 millones de dólares, la ministra de Energía y Minas dice que son 2.000 millones”.

El ministro dice que el grupo Renco podría alegar que Doe Run Perú no habría quebrado de poder trabajar con limites de contaminación mas altos.

Con información de María Elena Belaunde