(CNN)– La Corte Suprema anunció el viernes que aceptaría el desafío presentado por los grupos religiosos sin fines de lucro —incluyendo a las Hermanitas de los Pobres— contra la Ley de Asistencia Asequible y contra el requisito de que los planes de salud grupal deben ofrecer sin costo una gama completa de cobertura de anticonceptivos.

Esta sería la cuarta vez que el Tribunal Supremo ha escuchado un desafío hacia el logro legislativo distintivo de la administración de Obama, y ​​el segundo caso que desafía el mandato relacionado con los anticonceptivos. En el 2014, el tribunal emitió un fallo a favor de sociedades anónimas cerradas con fines de lucro como Hobby Lobby que se opusieron a que se proveyeran determinados anticonceptivos.

Se espera que se produzcan los argumentos durante la sesión de marzo. Se tomará una decisión posiblemente en junio del próximo año, justo en medio de la campaña presidencial.

Los grupos argumentan que el mandato sobre los anticonceptivos los obliga a violar sus creencias religiosas, al proporcionar "abortivos y anticonceptivos" o pagar multas ruinosas. Dicen que el llamado "acuerdo" ofrecido por el gobierno de Obama que pretende respetar sus objeciones religiosas no es suficiente, ya que todavía los hace cómplices en la prestación de la cobertura.

El papa Francisco visitó al grupo Hermanitas de los Pobres, durante su viaje a Washington en septiembre, el cual el Vaticano describió como una "señal de apoyo" a las monjas en su desafío contra el gobierno de Obama.

"Las Hermanitas de los Pobres pasan la vida cuidando a los ancianos pobres... un trabajo que nuestro gobierno debería aplaudir, no castigar", dijo Mark Rienzi, abogado principal del Fondo Becket para la Libertad Religiosa. "Las Hermanitas no deberían tener que luchar contra su propio gobierno para obtener una exención que ya le ha sido otorgada a miles de otros empresarios, entre ellos a Exxon, Pepsi Cola Bottling Company y Boeing. Tampoco se debería permitir que el gobierno diga que la congregación de las Hermanitas no es 'lo suficientemente religiosa' para merecer la exención que las iglesias y otros ministerios religiosos han recibido".

En informes legales, el procurador general Donald Verrilli argumenta que al aprobar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el Congreso determinó que los servicios de prevención para las mujeres eran "fundamentales para mejorar la salud pública" y que las personas tenían más probabilidades de recibir atención preventiva cuando no tienen que pagar de su bolsillo.

Verrilli señala que el gobierno ha exonerado a las casas de culto, tales como templos, mezquitas e iglesias, desde que se emitió el mandato, pero se ha negado a hacerlo con las organizaciones benéficas sin fines de lucro basadas en la fe e instituciones educativas de afiliación religiosa y hospitales.

Bajo el acuerdo, una organización religiosa sin fines de lucro debe notificar primero a la entidad que emite su plan de salud grupal o el Departamento de Salud y Servicios Humanos que tiene una objeción religiosa. Después de la notificación, ya sea el plan de seguro o administrador externo se vuelve el responsable de proporcionar directamente la cobertura de anticonceptivos.

Gretchen Borchelt, vicepresidente de Derechos de Salud y Reproductivos del Centro Nacional de Leyes para la Mujer, criticó los esfuerzos para frenar la cobertura de anticonceptivos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

"Las mujeres merecen la cobertura del seguro de control de natalidad sin importar donde trabajen o si van a la escuela", dijo Borchelt. "Es injusto y perjudicial para algunos empleadores y escuelas que utilicen sus creencias religiosas para negarles a las mujeres el cuidado de la salud vital que también les permite que estén más seguras en términos económicos. La Corte Suprema debe ponerle fin a estos esfuerzos que minan la salud de la mujer y debe velar por que las mujeres sigan teniendo un continuo acceso al control de la natalidad que tienen derecho en virtud de la ley".