Nota del Editor: Jorge Gómez Barata es columnista, periodista y exfuncionario del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y exvicepresidente de la Agencia de noticias Prensa Latina. Las opiniones expresadas en este texto corresponden exclusivamente al autor. 

Raras veces un triunfo electoral parlamentario provoca el estrés social alcanzado en Venezuela. El revanchismo con que unos se abalanzan sobre las posiciones de poder, y la prisa de otros para pasar a la defensa, revelan carencias de los sistemas políticos y las estructuras democráticas latinoamericanas, todavía en fases tempranas de evolución.

La revolución y la democracia retoñan de un tronco común, pero son distintas. Comprender esa diferencia es una tarea pendiente de las fuerzas políticas latinoamericanas, que en democracias anómalas y cooptadas por malformaciones estructurales se hacen con el poder, provocando rupturas donde debería haber continuidad. Acelerar la evolución puede ser más pertinente que improvisar la revolución, y el rol de contrarrevolucionario no es precisamente elegante.

En ningún país europeo las formaciones de izquierda o reformistas, que circunstancialmente asumen la conducción del gobierno y la representación del estado, se declaran en revolución, tampoco las fuerzas derrotadas acuden a la violencia, no se atrincheran ni sabotean la gestión de los triunfadores. Tampoco se resignan a vivaquear en los cuarteles de invierno, ni se jubilan.

Técnicamente los presidentes, electos mediante votaciones secretas por elementos de todas las clases y capas sociales, representan no a un partido sino a la ciudadanía, incluyendo a quienes no los votaron. Mientras un dirigente revolucionario puede criticar, censurar, e incluso atacar a ciertos sectores y clases de la sociedad, los mandatarios deberían abstenerse de hacerlo.

A diferencia de los líderes de partidos o movimientos políticos, los presidentes pudieran actuar como árbitros, que a la cabeza de los estados oficien como mediadores entre los actores sociales, dialoguen con ellos, e intenten compatibilizar sus intereses. De ese modo ningún presidente lo seria de los ricos, aunque tampoco de los pobres, de los negros, o los indígenas, sino de la nación en su conjunto.

Obviamente se trata de problemas teóricos, prácticos, e institucionales, que los líderes y mandatarios en ejercicio no pueden resolver, pero sobre los cuales la intelectualidad política y la academia deberían meditar, no para ahora, sino para el futuro.

En las filas de los liberales y la izquierda latinoamericana, europea, y norteamericana abundan los pensadores teóricamente calificados y políticamente experimentados, capaces de estudiar esos fenómenos, y formular conclusiones que contribuyan a dar continuidad a los procesos políticos en beneficio de la sociedad, evitando que cada elección sea una guerra y una ruptura.

La regla no es aplicable solo a la izquierda sino que atañe a todas las corrientes políticas. Definitivamente: “Lo que es bueno para el pavo, debería serlo también para la pava”. Allá nos vemos.

Los presidentes pudieran actuar como árbitros, que a la cabeza de los estados oficien como mediadores entre los actores sociales

Jorge Gómez Barata